El pleito incoado por la Unión Europea (UE) contra Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) tiene más fines políticos que comerciales, evaluaron expertos en esta ciudad suiza.
En los papeles, la demanda europea apunta a las restricciones a las importaciones adoptadas en los últimos años por Argentina, reconocieron las fuentes que prefirieron reservar su identidad.
El funcionamiento del tribunal de la OMC, denominado Órgano de Solución de Diferencias, permite vaticinar que esta causa, como tantas otras diligenciadas en ese fuero, se arrastrará durante años.
Luego de apelaciones y dilaciones procesales previsibles, vendrá el periodo de aplicación de la sentencia firme, lo cual consumirá un lapso de por lo menos dos o tres años, estimaron.
Para entonces es muy probable que Argentina ya haya encontrado otras variantes económicas para hacerse de las divisas que ahora procura a través del superávit comercial y para lo cual regula las importaciones con procedimientos que la UE cuestiona.
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Por eso, la causa iniciada este viernes 25 por los europeos parece más bien orientada a buscar un efecto mediático que presione al gobierno argentino centroizquierdista de Cristina Fernández y lo fuerce a recapacitar y moderar algunas de sus políticas que incomodan a los países industrializados, estimaron las fuentes.
Los expertos consultados por IPS dan por descontado que se formará un grupo especial (panel) que juzgará en primera instancia la demanda europea.
Los procedimientos de la OMC establecen que, si no hay acuerdo entre las partes, ese órgano se constituye de manera automática a los 60 días de la presentación del reclamo.
Todo ese proceso aumentará la agitación mediática contra Argentina, como también ocurrirá en los días venideros, cuando se vayan conociendo los nombres de los países que se sumen a la querella europea contra Buenos Aires.
"Sin duda alguna, me alegraré si en los próximos días o semanas algunos de nuestros socios comerciales se unen a nuestra acción en la OMC", dijo, con entusiasmo, el comisario europeo de Comercio, el belga Karel de Gucht.
El gobierno argentino ha reconocido que necesita superávit comercial para atender sus compromisos externos, pues hasta ahora le está vedado el acceso a las fuentes financieras tradicionales a causa del cese de pagos de su deuda que declaró a fines de 2001, en un periodo de turbulencias económicas y sociales.
Durante el gobierno del hoy fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), Argentina consiguió reestructurar en gran parte su deuda, pero dejó pendiente un arreglo de sus obligaciones, que se calcula en unos 9.000 millones de dólares, con el Club de París, como se denomina el acuerdo informal de países industrializados para coordinar soluciones de pago de naciones endeudadas.
"Si la Unión Europea tuviera real interés en que Argentina levantara sus restricciones a las importaciones debería haber favorecido un acuerdo con el Club de París", razonó un experto latinoamericano consultado por IPS.
"Desaparecida esa excepcionalidad, Buenos Aires podría retornar a los mercados financieros y redimensionar sus necesidades de excedentes en la balanza comercial", añadió.
De cualquier manera, lo que se avecina es un pleito áspero y prolongado. Las fuerzas son desparejas, como ocurre cada vez que un país en desarrollo es demandado por una nación industrializada, comentó una de las fuentes.
La UE dispone de un cuerpo legal probado en innumerables litigios seguidos ante los tribunales de la OMC. En cambio Buenos Aires, menos habituado a esas aulas, tendrá que recurrir, probablemente, a los bufetes de abogados expertos en comercio, con honorarios astronómicos, que ahora pululan en Ginebra.
En concreto, el bloque europeo cuestiona medidas del gobierno argentino que considera restrictivas y que incluyen el régimen de licencias de importación, los procedimientos para obtener esos permisos y la obligación de las empresas de equilibrar importaciones mediante exportaciones.
Esas restricciones afectaron en 2011 a las ventas europeas por un monto de 500 millones de euros (unos 626 millones de dólares al cambio actual), sobre un total de exportaciones a Argentina calculadas ese mismo año en unos 8.300 millones de euros (10.400 millones de dólares), según datos suministrados por Bruselas.
De Gucht dijo que los efectos de esas disposiciones recaen en una amplia gama de productos, de automóviles a electrodomésticos y de computadoras a teléfonos móviles.
El representante europeo sostuvo que el clima para el comercio y las inversiones ha empeorado de forma constante en Argentina durante los últimos años y afirmó que la expropiación de la mayoría de las acciones que tenía en la petrolera YPF la empresa transnacional de origen español Repsol, por parte del estado argentino, "es una clara prueba de eso".
Sin embargo, De Gucht reconoció que la expropiación parcial de Repsol no constituye un tema de competencia de la OMC pues cae bajo la jurisdicción de un acuerdo bilateral de inversiones entre España y Argentina.
Los negociadores comerciales argentinos sostienen que todas las medidas adoptadas con respecto a las importaciones cumplen con las obligaciones contraídas por su país como miembro de la OMC.
Por otro lado, en respuesta a las criticas de proteccionismo que los europeos endilgan al gobierno argentino, los representantes de Buenos Aires exhiben los elevados aranceles de importación y las subvenciones a la producción que la Unión Europea y Estados Unidos implantan para proteger a sus agricultores.
