«Sigo siendo un pescador, ganándome el pan, pero a pesar del tiempo transcurrido todavía uno anda con cuidado. Después de todo lo pasado, el apoyo más seguro es de los defensores de los derechos humanos», narró el venezolano Wolmer Pinilla, sobreviviente de la masacre de El Amparo.
Pinilla y otras víctimas de casos venezolanos que llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su investigación, solicitaron al gobierno de Hugo Chávez que desista de retirarse, como anunció, de este organismo que es parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
"Como se ha dicho, es bueno rectificar y el gobierno puede hacerlo", dijo Pinilla a IPS.
El caso al que se refiere Pinilla fue el ataque contra 16 pescadores por un comando integrado por militares y policías de Venezuela, perpetrado el 29 de octubre de 1988 en el poblado El Amparo, en el sudoeste llanero junto al río Arauca y fronterizo con Colombia.
Esa incursión, ejecutada durante el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989), fue presentada por sus jefes como un victorioso enfrentamiento contra guerrilleros colombianos.
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Eran 16 humildes pescadores que se aprestaban a cocinar una sopa. Solo sobrevivieron, lanzándose al río, Pinilla y José Augusto Arias, quienes luego dieron su versión y comenzaron a vivir un calvario que incluso los llevó a asilarse en México.
Treinta niños quedaron huérfanos y El Amparo, desamparado, se cubrió de luto.
Años después, tras decisiones de la Comisión y dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado venezolano aceptó pagar indemnizaciones monetarias a las familias de las víctimas, pero no juzgó a los responsables ni ha admitido formalmente que sus uniformados abatieron a pescadores y no a guerrilleros.
Esa masacre "fue el primer caso de Venezuela en el sistema interamericano de derechos humanos", señaló Marino Alvarado, del Foro por la Vida, coalición de organizaciones humanitarias en Caracas.
"Si aun así el Estado no ha cumplido cabalmente la sentencia de la Corte, ¿qué no ocurrirá cuando no formemos parte?", se preguntó el activista.
Denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y retirar a Venezuela de la Comisión, cuya sede está en Washington, "se traducirá en un incremento de la impunidad, que ya es considerable en nuestro país, y en un aumento de la desprotección a las víctimas de violaciones a los derechos fundamentales", dijo Alvarado a IPS.
El organismo humanitario de la OEA y Caracas chocan desde hace años. "Esa Comisión para mí no vale nada, es un cero a la izquierda", ha dicho Chávez repetidamente.
El mandatario insistió en abril en que la Comisión "es un mecanismo que usa Estados Unidos contra nosotros, y el primer país que desconoce la Comisión es Estados Unidos. ¿Hasta cuándo vamos a estar con esa espada de Damocles? ¡Ya basta!".
Tras esa declaración, el mandatario ordenó al vicepresidente Elías Jaua un estudio para renunciar al sistema interamericano de protección de derechos "en cuestión de días, no de semanas".
El mayoritario bloque oficialista en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) respaldó al mandatario, el Tribunal Supremo de Justicia ya hace años que tomó distancia de la Comisión, la Fiscalía General acompañó las críticas y ministros y otros dirigentes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela enfilan sus dardos contra el sistema interamericano.
El canciller Nicolás Maduro reiteró en una reunión del movimiento de Países No Alineados en Egipto que "la Comisión está al servicio de la política imperial de Estados Unidos y en contra de los procesos de liberación de América Latina y el Caribe".
El propio Maduro pidió en la última reunión de la Unión de Naciones Suramericanas en la ciudad colombiana de Cartagena que se constituyan instituciones exclusivamente de esta región, sin Estados Unidos ni Canadá, para tratar el tema de los derechos humanos.
Este lunes 14, Maduro y su par ecuatoriano Ricardo Patiño pasaron revista en Caracas, entre otros temas, al "cuestionamiento que ha hecho todo el continente al funcionamiento y a la decadencia" de la Comisión, según dijo el venezolano.
El de Ecuador es otro gobierno crítico de la Comisión en foros internacionales, y su presidente Rafael Correa destaca que tenga la sede en Washington pese a que Estados Unidos no es parte de la Convención que sirve de soporte a sus actuaciones.
De su lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticó en abril al gobierno venezolano, acusándolo de que "restringe el goce de derechos ciudadanos" al reformar leyes mediante decretos, así como la fragilidad y falta de independencia del Poder Judicial y la afectación de la libertad de expresión.
El jueves 10 llegó una nueva crítica. El organismo asegura que los "niveles de hacinamiento y violencia" en las cárceles de Venezuela "son alarmantes" y que se asesina a más de un preso por día.
El escritor y abogado Luis Britto, quien reclama con insistencia que Venezuela se aleje de la Comisión, destacó que esta, "en su Informe de 2011 para el examen periódico universal, nos acusó en 233 párrafos, pero en 205 de ellos trata casos en los cuales no se han agotado los recursos internos, que su propio estatuto le prohíbe conocer".
Pero Alvarado respondió que "es falso que la Comisión tenga sus reflectores enfocados sobre Caracas".
"Los países con mayor número de casos ventilados en la Comisión son Perú, México y Colombia. Argentina tiene más. Venezuela está en décimo lugar", detalló.
Jean Carlos Guerrero, cuyo hermano Yimmi fue ajusticiado en el noroeste venezolano en 2003, dijo en el Foro por la Vida que la Corte Interamericana de Derechos Humanos "representa la oportunidad de conseguir justicia en un tribunal que sea imparcial".
"Ante amenazas recibidas por nuestras denuncias, medidas de la Comisión o la Corte interamericanas han logrado salvar nuestras vidas. Los familiares solicitamos al Estado venezolano reconsiderar la decisión de abandonar el sistema interamericano que nos ha permitido soñar y en algunos casos encontrar la justicia", postuló Guerrero.
Juristas y activistas recordaron que la Constitución venezolana de 1999, que Chávez impulsó, consagra en su Artículo 31 que "toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines".
Carlos Ayala, expresidente de la Comisión, recordó a IPS que esta "es un órgano de la OEA, y la Convención es un tratado crucial, medular, pues la protección internacional de la persona humana es característica del mundo democrático, una conquista de la humanidad".
Agregó que, si Venezuela se convierte en el primero de los 24 países signatarios que denuncie la Convención Interamericana de Derechos Humanos vigente desde 1978, las causas que ha conocido la Comisión seguirán ventilándose y, además, durante un año podrán sumarse nuevas denuncias, por las que deberá responder el Estado.
"Quizás, si Venezuela se retira, el efecto sea contraproducente y se vuelque aun mayor vigilancia sobre la situación de los derechos humanos en el país", advirtió Alvarado.
