Grandes corporaciones de Estados Unidos, como Dow Chemical, ConocoPhillips, Chevron y Cabot Corporation, se han servido de un cuestionado negocio de créditos de carbono para compensar en el papel su contaminación climática en Europa, muestra la siguiente investigación.
Dow fue la principal compradora. La empresa posee fábricas de productos plásticos y químicos que emiten dióxido de carbono en Alemania, Bélgica, España, Holanda y Polonia. Juntas ocupan el lugar 21 entre los 100 principales compradores europeos de certificados de reducción de emisiones de carbono (CRE) originados en 19 proyectos de dudosa legitimidad.
Las generadoras de energía afincadas en la Unión Europea (UE), algunas de ellas subsidiarias de compañías estadounidenses, están obligadas a reducir su contaminación de gases invernadero que recalientan la atmósfera, adoptando tecnologías más limpias o compensando sus emisiones mediante la compra de CRE.
Las empresas encuentran más barato compensar sus emisiones que reducirlas realmente. Y, por las debilidades de las normas europeas, pueden hacerlo.
Los CRE se libran en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto, único tratado internacional que obliga a las naciones industriales signatarias a reducir su contaminación climática.
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Cada CRE equivale a una tonelada de dióxido de carbono que no fue arrojada a la atmósfera. Y se entrega a favor del responsable de un proyecto aprobado, tras certificar que la reducción realmente se efectuó. Luego puede generar instrumentos comercializables, sujetos a las leyes de la oferta y la demanda.
El MDL fue creado por la Organización de las Naciones Unidas para que los países industriales subsidiaran la mitigación del cambio climático en las naciones en desarrollo. Pero terminó creando un incentivo perverso usado para maximizar las ganancias de un puñado de manufactureras de gases industriales, la mayoría localizadas en India y China, que obtuvieron esos 19 proyectos.
La china Jiangsu Meilan Chemical y la india Navin Fluorine International, entre otras, se comprometieron a capturar y destruir HFC-23, un residuo de la producción del gas refrigerante HFCF-22 (hidroclorofluorocarbono), prohibido en la Unión Europea y Estados Unidos porque agota la capa de ozono.
El HCFC-22 es además un súper gas de efecto invernadero, 1.810 veces más potente que el dióxido de carbono, y su subproducto HFC-23 lo es 11.700 veces más.
Pero las empresas indias y chinas terminaron produciendo más de ese gas y recibiendo muchos más CRE que los necesarios, según una investigación del panel de expertos en metodología del MDL.
En junio de 2010, las organizaciones no gubernamentales ambientalistas CDM Watch, con sede en Bonn, y Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), con sede en Londres, descubrieron este flagrante mal uso del MDL y suministraron pruebas.
"Los certificados de HFC-23 no representan verdaderas reducciones de gases invernadero", dijo por correo electrónico Diego Martínez-Schuett, de CDM Watch. "Y sus compradores usaron esas falsas reducciones como permisos para contaminar más en Europa".
Los 19 proyectos de destrucción de gas industrial aprobados por el MDL acumularon casi 500 millones de créditos por valor de 3.300 millones de dólares. Casi 90 por ciento de ellos inundaron la UE, y constituyen más de la mitad del total de compensaciones de emisiones del bloque.
Entre 2009 y 2010, las corporaciones estadounidenses adquirieron casi un millón de créditos de HFC-23 a un precio promedio de 16 dólares por unidad. Desde entonces "gastaron" al menos 16 millones de dólares en presuntas reducciones de emisiones.
La misma conducta siguieron sus competidores europeos, como las británicas BP y British Shell, la alemana RWE, la noruega Statoil, el grupo ítalo-español Enel y la francesa EDF.
Las 10 compañías transatlánticas más conocidas de las que cotizan en la principal plaza bursátil mundial NYSE-Euronext, ingresaron 254 millones de dólares en estos falsos créditos, sin contar los datos de 2011, aún no publicados.
En junio del año pasado, los reguladores europeos decidieron prohibir estos CRE, pero la medida solo será efectiva a partir de mayo de 2013. "La UE recibió presiones de los inversores para posponer la prohibición, inicialmente prevista para el 1 de enero de 2013", dijo la activista Natasha Hurley, de la EIA.
Mientras tanto, la puerta sigue abierta para que Dow, Shell y demás empresas contaminadoras adquieran otros 53 millones de falsos CRE.
Las empresas estadounidenses aseguran que ignoraban la naturaleza ilegítima de los créditos de HFC-23 antes de que la UE los descartara.
Lo que importa ahora es "qué van a hacer los compradores de esos CRE para legitimar sus medidas de compensación", interrogó Rob Elsworth, de Sandbag, una organización no gubernamental que investiga la integridad del comercio de emisiones y que sumó las cifras usadas en este artículo para mostrar la implicación de las empresas.
La pregunta fue formulada a varias de esas empresas.
"En los últimos años, usamos esos CRE para cumplir", respondió el responsable de comunicación de la filial de Dow en Bélgica, Holanda y Luxemburgo, Drea Berghorst. "Vamos a seguir cumpliendo las normas, lo que significa que dejaremos de usar los CRE de gas industrial en abril de 2013", agregó.
Chevron y Cabot respondieron de modo similar, sin descartar la opción de comprar más créditos de HFC-23 mientras estén en circulación.
"Chevron respetó y seguirá respetando todos los aspectos requeridos por las normas europeas de comercio de emisiones", dijo Sean Comey, asesor de medios en la sede mundial de la empresa, en California. La corporación se valió de estos créditos para compensar emisiones de los yacimientos marinos de petróleo que explota en Gran Bretaña.
"Trabajamos con un prestigioso agente financiero, JP Morgan, para comprar esos CRE y ordenamos que todos fueran certificados y validados", respondió Vanessa Apicerno, especialista en relaciones con los medios de la sede central de Cabot, en Boston.
Esta corporación usó los CRE para compensar la contaminación que generan sus manufacturas de negro de carbón y termoplásticos en Francia e Italia. ConocoPhillips, que empleó los créditos para sus refinerías en Gran Bretaña y Noruega, no quiso hacer comentarios.
Ahora más que nunca, las empresas tienen buenas razones para usar dinero de accionistas en inversiones que agravan el cambio climático.
De hecho, los intermediarios están intentando vender a la carrera los remanentes de estos CRE antes de que se vuelvan basura en 2013, y empujan los precios a la baja. En febrero las cotizaciones eran de apenas seis dólares la tonelada, después de haber alcanzado un pico de 33 dólares.
"Las empresas buscan la forma más barata de cumplir las normas. Los actores del mercado son libres de tener sus consideraciones éticas sobre cómo actuar ante el cambio climático, pero el sistema se rige por la economía", opinó Richard Chatterton, analista en la materia de Bloomberg New Energy Finance.
Las estadísticas muestran que la diferencia de precios importa más que la calidad del certificado.
"Los CRE comunes (como los de HFC-23) todavía constituyen más de 95 por ciento de los volúmenes comerciados a futuro", aseveró Sara Ståhl, directora de mercados globales de Green Exchange, una operadora bursátil dedicada a derivados ambientales. "Y son apenas 46 centavos de dólar más baratos que nuestros CRE plus futuros (no HFC-23)".
Considerando la cantidad adicional de CRE inflados admitida por la UE hasta el año próximo, se puede estimar que el ahorro para el mundo empresarial será de unos 24 millones de dólares. La verdadera discusión es si salvar estas monedas vale más para las corporaciones que salvar el mundo real del recalentamiento.
* Publicado originalmente el 28 de abril por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica, en acuerdo con Freereporter http://www.freereporter.info. Esta investigación contó con apoyo del Fund for Investigative Journalism y la Society of Environmental Journalists.