Vetar o no la reforma a la ley forestal aprobada por el Congreso legislativo de Brasil, que según los ambientalistas «daría carta blanca a la destrucción de la Amazonia», constituye una decisión política crucial para la presidenta Dilma Rousseff.
Rechazarla entraña para la mandataria enfrentarse al Poder Legislativo y debilitar su futura capacidad de negociación en ese ámbito clave.
El nuevo texto del Código Forestal, que reglamenta la protección de bosques en Brasil, recibió en la Cámara de Diputados 274 votos favorables, 184 contrarios y 2 abstenciones, e incluyó apoyos de partidos políticos aliados del gobierno.
Rousseff, que al comienzo de su mandato se comprometió a combatir la deforestación, tiene en sus manos la decisión de no sancionar el nuevo texto, que contraría un proyecto apoyado por la administración y que había conseguido media sanción en el Senado.
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"El año en que Brasil será sede de Río+20 (en la ciudad de Río de Janeiro), no podía ser peor noticia para el país un Código Forestal como este", dijo a IPS el ambientalista Carlos Painel, coordinador del Foro Brasileño de Organizaciones No Gubernamentales y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo.
El ambientalista considera que dos aspectos del nuevo texto conllevan un "prejuicio enorme". El primero es que reduce las áreas de preservación permanente, como las selvas que bordean los ríos, "sin ningún compromiso de recuperación".
En segundo lugar, el nuevo texto amnistía a los productores rurales que deforestaron hasta el año 2008, y así se los premia por "vivir en la ilegalidad", dijo.
La reforma implica serios retrocesos a juicio de sectores de la sociedad civil que promueven una campaña internacional llamada "Veta Dilma", y que incluye a la organización ecologista Greenpeace.
"Los cambios debilitan enormemente las protecciones de la Amazonia y liberan muchas zonas para su explotación y destrucción, lo que contribuirá a las emisiones de carbono y el cambio climático", dijo Greenpeace en una declaración.
Brasil se comprometió a reducir sus emisiones de gases invernadero entre 36 y 38,9 por ciento para 2020, dependiendo de que el crecimiento del producto interno bruto en el período alcance un promedio anual de cuatro o de seis por ciento, respectivamente.
Para lograrlo, la prioridad es reducir la deforestación amazónica en 80 por ciento y en 40 por ciento la del Cerrado, la amplia sabana tropical que cubre parte del centro, el este y el norte del país.
Además, indicó Greenpeace, el proyecto aprobado "deja a las comunidades y especies que habitan esas zonas más expuestas a los riesgos de los intereses que ya han destruido un 18 por ciento de la Amazonia".
Un estudio de la Universidad de Brasilia, citado por la organización, estima que, bajo las nuevas reglas, la deforestación amazónica llegará a 50 por ciento para 2020. Brasil podría perder 22 millones de hectáreas de selva, una zona del tamaño de Gran Bretaña o del estado estadounidense de Minnesota, compara.
Para Basileu Alves Margarido, del Instituto Democracia y Sustentabilidad, la presidenta "creó una situación incómoda para ella misma, porque si veta el nuevo texto contrariará cosas que sus propios aliados votaron a favor".
En entrevista con IPS, Margarido alertó de que si la mandataria modifica algunos artículos parcialmente, estos "pueden ser derrumbados nuevamente en la Cámara" de Diputados.
Pero ese veto es un compromiso impostergable de Rousseff, por tratarse de una reforma que "dice: para atrás perdono todo, y para adelante debilito los dos principales instrumentos de preservación ambiental", consideró.
"El proyecto aprobado por el Senado, que ya era muy malo, fue empeorado con el de la cámara baja", sostuvo.
La amnistía otorgada a los deforestadores, al "perdonar todas las talas ilegales del pasado, da la señal para el futuro de que la ley no es muy seria. Da el mensaje a todos los propietarios rurales de que la ilegalidad vale la pena y de que quien cumple la ley sale perjudicado", interpretó Margarido.
Además, se crean "una serie de excepciones y de estímulos para quien deforesta", apuntó.
El especialista mencionó el caso del artículo del Código Forestal vigente, que reglamenta la preservación en márgenes de ríos y nacientes y define el área de protección como una faja de 30 a 500 metros desde el nivel más alto del río.
En el texto aprobado, la floresta ribereña es definida en cambio como la faja de 30 a 500 metros a partir del lecho regular, es decir "del nivel intermedio entre la situación de máximo caudal y de sequía del río", dijo Margarido.
"En los ríos de planicie, como los del Pantanal (bioma de humedal situado en el oeste del país) o de la cuenca amazónica, esto puede significar kilómetros de diferencia", subrayó.
Otro cambio, que altera la definición de zonas a preservar en las cumbres, "prácticamente extingue las áreas de preservación permanentes en la cima de los cerros", dijo.
El código en vigor define esas áreas boscosas por encima de los 1.800 metros de altura. Pero el nuevo texto establece otras condiciones "que constituyen situaciones casi imposibles de encontrar", por ejemplo, que se encuentren también a una distancia mínima de 100 metros de cualquier otra área en declive.
En virtud de la reforma, quien deforesta en un área de reserva legal, puede reforestar la mitad de la superficie con especies exóticas como el eucalipto. "Eso es un estímulo enorme para deforestar áreas naturales y reforestarlas con especies de alto valor comercial", sostuvo.
El titular de la Secretaría General de la Presidencia, Gilberto Caravalho, sostuvo que la presidenta analiza "con serenidad" la posibilidad de no sancionarlo. Por ley, el Poder Ejecutivo tiene 15 días hábiles para tomar esa decisión.
"Hay una movilización muy grande en el país entero para que Dilma vete el código por entero", dijo Margarido.
El consultor ambiental Fábio Feldman dijo a IPS que la amnistía "daría una señal muy negativa a nivel internacional y sería desmoralizadora".
Feldman, exdiputado federal y exsecretario de Medio Ambiente del sureño estado de São Paulo, considera que eso debilitaría aun más la posición protagónica de Brasil, necesaria para Río+20, así llamada porque se celebra en la misma ciudad y dos décadas después de la histórica Cumbre de la Tierra de 1992.
"La presión es para que la presidenta vete todas las modificaciones adoptadas, tanto en el Senado como en la cámara baja, pero sabemos que no lo hará y que escogerá algunos artículos para encontrar un término medio con los sectores ruralistas", dijo Painel en referencia a los legisladores que defienden los intereses de los grandes productores agropecuarios.
La cuestión forestal enfrentó a esos sectores con los ambientalistas, y el gobierno intentó mediar con una nueva ley que contentara a unos y a otros.
La influyente Confederación Nacional de Agricultura, que celebró la reforma adoptada, argumenta que este país es uno de los mayores productores mundiales de alimentos, y que el sector agropecuario aporta 27 por ciento de su riqueza.
Además, destaca, Brasil tiene más de 60 por ciento de su territorio bajo alguna forma de protección ambiental.
En algunas regiones, como la Amazonia, las propiedades rurales deben preservar hasta en 80 por ciento las selvas que contengan. Esto, argumentan los ruralistas, perjudica la producción necesaria para el consumo interno y la exportación.
