A partir de una ley que les reconoce amplios derechos, travestis, transexuales y transgéneros de Argentina podrán modificar sus documentos a fin de adecuar sus datos a su identidad de género.
La norma, sancionada en la noche del miércoles 9 en el Senado, garantiza además el acceso a tratamientos médicos para adecuar el físico de cada persona al género con el que se percibe a sí misma en todos los niveles del sistema sanitario, público y privado.
"Estamos viviendo un momento histórico", dijo a IPS la dirigente travesti Lohana Berkins. "Por primera vez el Estado reconoce los derechos de uno de los grupos más marginados, perseguidos y excluidos de la sociedad", destacó con emoción.
El texto de la ley de identidad de género, que recibió 55 votos favorables y una abstención, ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados y había sido propuesto por organizaciones y activistas independientes, refractarios a proyectos anteriores que juzgaban estigmatizantes.
Tales proyectos mantenían algún requisito que obligaba a someterse a entrevistas con jueces, psicólogos, médicos o funcionarios que mediaban para autorizar el cambio de identidad en los documentos.
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"Tengo un nudo en el estómago. Me embarga la emoción de pensar en compañeras que ya no están. No puedo creer que no estaremos más al arbitrio de los prejuicios de un juez o de un psiquiatra", celebró Berkins.
La flamante ley establece que "toda persona mayor de 18 años podrá solicitar la rectificación del nombre, sexo e imagen registral en todos los registros públicos en los que figuren tales datos y que no coincidan con su género autopercibido".
Las personas que requieran esa adecuación de sus datos pueden solicitar el cambio y modificar así su documento de identidad, su pasaporte e incluso su partida de nacimiento. En este último caso, el original podrá ser destruido en cinco años.
La norma aclara que no se requiere "acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital ni terapias hormonales, ni ningún tratamiento psico-médico" y establece que es el registro civil el organismo competente para efectuar el cambio.
En caso de que la persona decida someterse a algún tipo de tratamiento de adecuación, la ley le garantiza acceso al sistema sanitario. "Pero no porque estemos enfermas, sino porque queremos hacer un tratamiento como cualquiera", aclaró Berkins.
El abogado Emiliano Litardo, redactor del anteproyecto y asesor jurídico del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género (FNLIG), contó a IPS que la elaboración insumió al menos nueve meses. Trabajaron sobre leyes de este tipo vigentes en países europeos y mejoraron la letra.
"Partimos de los puntos débiles que tienen las normas que se aprobaron en Suecia y en España. Esas leyes exigen estudios de psicodiagnóstico o requieren la opinión de comités de bioética, y eso lo rechazamos", aclaró el jurista.
Litardo dijo que las organizaciones reclamaban que la nueva ley se fundara en cuatro principios "innegociables": la "despatologización" de las identidades trans, la "desjudicialización", la "desestigmatización" y la "descriminalización" de sus identidades.
"Mi tarea fue traducir a términos jurídicos las demandas políticas de las organizaciones trans, sobre la base de esos cuatro conceptos que eran irrenunciables", explicó. "Ahora ellos son también sujetos con derechos", remarcó.
Berkins abundó en que el proyecto aprobado "no es cosmético", sino "una verdadera reparación". "Vivíamos en un 'apartheid', nuestro recorrido fue muy penoso. Este giro era impensable hace 10 años", celebró.
En su discurso en la sesión legislativa, el senador opositor Nito Artaza, de la Unión Cívica Radical, pidió perdón a estas minorías por el tiempo que debieron esperar para que el parlamento pusiera fin a la discriminación.
"El Estado entendió que debía reparar este error y ya no nos podrán segregar", dijo Berkins. "Tendremos acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, y todo sin depender de la autorización de nadie para tener nuestros documentos".
Para la activista, la norma facilitará también la vida de niñas trans. "Ellas crecerán en un marco diferente, porque ahora hay un Estado que las va a proteger, y no tendrán que construir su identidad en el marco de la segregación y la exclusión".
El proyecto original, elaborado por el FNLIG, establecía que las personas trans podían pedir la rectificación de documentos a los 16 años, pero los legisladores subieron la edad a 18.
Pero sí se contemplaron las necesidades de los adolescentes. La ley estipula que las personas de entre 14 y 16 años pueden iniciar el trámite de cambio de nombre con la autorización de sus padres o representantes legales.
Estas minorías sexuales reclaman desde hace dos décadas que no se las persiga, negándoseles el cambio de nombre en sus documentos de identidad y el derecho a la salud, a la educación y al crédito, entre otros.
Por mucho tiempo, su reivindicación principal fue que la policía dejara de maltratar y perseguir a quienes optaban por ejercer la prostitución, a falta de otras alternativas de subsistencia para un sector muy marginado.
En los últimos años, a raíz de su activismo y el de otras minorías que lograron, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la justicia comenzó a autorizar el cambio de nombre sin requerir adecuaciones quirúrgicas.
Pero se trataba de casos individuales, en los que cada persona debía esperar meses o años por una resolución siempre al arbitrio del funcionario judicial o el empleado administrativo de turno.
