La justicia española sentó en el banquillo a la primera persona imputada en la causa de robo de recién nacidos. Se trata de una monja octogenaria, imputada por la desaparición en 1982 de Pilar Alcalde, quien en 2011 logró reencontrarse con su madre biológica y presentar juntas la denuncia.
Una red integrada por médicos, sacerdotes, monjas y probablemente notarios y jueces se apropió entre 1975 y 1990 de bebés en clínicas o casas cuna, ligadas en su mayoría a organizaciones religiosas, para venderlos a parejas que no podían tener hijos.
Todo indica que también fue víctima de esa organización delictiva la hermana de la hoy presidenta de la Asociación Bebés Robados de Andalucía (Aberoa), Isabel Agüera.
Ella cree que su hermana, nacida el 15 de agosto de 1970, aún está viva, aunque a su madre le dijeron lo contrario en el Hospital Civil de la sureña ciudad española de Málaga, donde le aconsejaron que no se preocupara porque ellos se habían encargado de darle sepultura en la misma tumba de "un señor rico".
Agüera denuncia que "todo se llevó a cabo sin ninguna autorización previa". Además, no mostraron el cuerpo del bebé a su madre ni dieron información a su padre, que trabajaba en el exterior y llegó días más tarde.
[related_articles]
En su investigación, Agüera encontró "escasa documentación, que en ocasiones no coincide con la realidad" en cuanto a fechas. Últimamente halló el nombre de su hermana en el registro de un cementerio malagueño, donde figura que fue enterrada en una fosa común el 21 de agosto, seis días después del supuesto fallecimiento.
La monja María Gómez, la primera que deberá responder ante los tribunales por los cargos de detención ilegal y falsedad documental, se negó a declarar ante el juez en la audiencia del 12 de este mes, tras lo cual hizo pública una nota en la que rechazó los hechos imputados y tildó de "repugnante" la separación mediante amenazas de un recién nacido de su madre.
"Sor María me dijo que me quitaba la niña por adúltera", declaró ante el juez el 3 de este mes María Luisa Torres, quien presuntamente fue engañada por la monja, asistente en la Maternidad Santa Cristina de Madrid, y se reencontró con su hija Pilar Alcalde 29 años después gracias a las gestiones del padre adoptivo.
En las distintas fiscalías españolas se han presentado hasta el momento unas 1.800 denuncias de sustracción de niños, explicó a IPS el presidente de la Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones Irregulares (Anadir), Antonio Barroso.
Las madres eran generalmente solteras, muy jóvenes y con pocos recursos: unas sufrieron coacciones para dar en adopción a sus bebés, mientras que otras fueron engañadas porque les informaban sobre la muerte del recién nacido y no les mostraban el cuerpo, argumentado que era un trauma innecesario y que ellos se encargarían de los trámites de la sepultura.
"El problema es que hay muchas Sor María Gómez", señaló Barroso, quien advirtió que la religiosa es una más en la cadena de sacerdotes, monjas, médicos y funcionarios de los registros que participaron en la trama.
Las organizaciones de víctimas "tenemos muchas ganas de que alguien hable para tirar del hilo y que empiecen a aparecer nombres" de más personas implicadas, dijo por su parte a IPS la vicepresidenta de Aberoa, la abogada Marina Palomo.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció la semana pasada la creación de una base de datos que permitirá cotejar los perfiles genéticos e incorporar informes de laboratorios privados, además de la formación del grupo de trabajo coordinado por su cartera en el que participarán también las de Interior y Sanidad y la Fiscalía General del Estado.
Tras una reunión con representantes de asociaciones de afectados, el ministro Ruiz Gallardón se comprometió a tratar de solucionar el "drama humano y terrible" que han sufrido las víctimas, aunque aclaró que "no hay fórmulas mágicas" que resuelvan pronto un problema tan "extenso y complejo".
El presidente de Anadir valoró que el gobierno de España se haya "comprometido" a ayudar a este colectivo, pero "hay que esperar a ver si se hace realidad o todo queda en agua de borrajas".
Barroso descubrió solo a los 38 años que era un niño robado, después de que un amigo de la infancia le contara que su padre antes de morir le confesó que los dos fueron "comprados" en un hospital de Zaragoza.
La dictadura de Francisco Franco (1939-1975) tuvo como práctica, según denuncias de historiadores y activistas humanitarios, robar niños y niñas de padres conocidos como partidarios de la República o militantes de ese sector durante la Guerra Civil Española (1936-1939), como un medio de represión. Pero todo indica que ese tráfico de bebés continuó también durante la transición a la democracia y hasta 1990.
Hay casos de jóvenes que buscan a sus madres y viceversa. El principal problema con el que se topan ambos aparece a la hora de solicitar la documentación en los registros, hospitales y cementerios, "ya sea porque los funcionarios la niegan, no la quieren buscar o dicen que no existe", explicó Barroso.
"Estoy buscando a mi melliza", relató a IPS la malagueña Inmaculada Gómez, quien siempre ha creído que su hermana no murió cuando su madre dio a luz el 7 de junio de 1977 en el Hospital Civil de Málaga. "No le enseñaron el cuerpo y le dijeron que se ocupaban de todo", apuntó.
Hasta el momento se han llevado a cabo en España 18 exhumaciones de fosas de posibles niñas y niños robados y en solo tres se han encontrado restos. Ahora se está a la espera del cotejo de estudios de ADN (ácido desoxirribonucleico), apuntó Barroso, cuya asociación cuenta con 2.050 casos registrados y un banco de 1.200 pruebas.
Marina Palomo, quien denunció el robo de su hermano nacido en 1974 en el hospital Carlos Haya de Málaga, lamentó que la mayoría de los casos de posibles niños robados sean archivados por falta de pruebas o porque son tipificados por los jueces como delitos que han prescrito.
Otros abogados y catedráticos consideran que estos delitos deben ser de carácter permanente. "Pedimos a los fiscales que nos ayuden a recurrir los archivos y a tipificar estos casos de manera que no prescriban", insistió.
"Nuestra prioridad es la búsqueda", aseveró a IPS otra denunciante, Mar Soriano, cuya hermana habría sido robada en 1964. Esta mujer creó la Plataforma Afectados Clínicas de toda España, Causa Niños Robados, que criticó en un comunicado la "actitud pasiva" de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica local respecto de la religiosa imputada.
