Para producir un kilogramo de pan se necesitan 1.600 litros de agua. Mediante este tipo de relaciones se mide la huella hídrica, el volumen total de agua dulce usada para producir los bienes y servicios que consumen personas y comunidades.
Este indicador, que se puede aplicar a países enteros, industrias o sectores de actividad, como la minería o la agropecuaria, no está siquiera en construcción en Mesoamérica, más allá de experiencias aisladas.
La región, conformada por los estados del sur de México y los siete países de América Central, es en general rica en agua dulce, pero muy vulnerable a cambios que, a mediano o largo plazo, pueden reducir su disponibilidad.
El despilfarro, la contaminación y la falta de gobernanza ponen en riesgo el recurso, dijeron a Tierramérica fuentes consultadas en México, Guatemala y El Salvador.
Este panorama será denunciado por organizaciones no gubernamentales ante el VI Foro Mundial del Agua (FMA), que se celebra entre el 12 y el 17 de marzo en la sureña ciudad francesa de Marsella.
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En México hay "un mal manejo que se manifiesta en la contaminación y en la inequidad en la distribución entre usos, áreas urbanas y rurales y entre las ciudades", describió a Tierramérica la coordinadora para América Latina del canadiense Proyecto Planeta Azul, Claudia Campero, que busca proteger el agua dulce del planeta.
Casi 500.000 usuarios de riego agrícola consumen 32 millones de metros cúbicos anuales, según la Comisión Nacional del Agua de México.
Pero 30 por ciento de las viviendas no tienen agua por cañería y otro 15 por ciento la reciben cada tres días por otras vías, en este país de más de 107 millones de habitantes, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El acceso al agua potable es un derecho humano básico, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas en 2010, que le dio además naturaleza vinculante. Los estados parte están obligados a adoptar este principio dándole rango constitucional e incorporándolo a sus legislaciones nacionales.
México debería reformar la Ley de Aguas Nacionales, para adaptarla al cambio constitucional. Guatemala y El Salvador ni siquiera tienen ese tipo de marcos legales.
En Guatemala, la agricultura absorbe cerca de 40 por ciento del agua dulce consumida, los hogares, nueve por ciento, y otros, como las industrias, tres por ciento. El 48 por ciento restante se emplea en usos no consuntivos, sobre todo para generar hidroelectricidad, indica la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Aunque ese país tiene agua suficiente, el Corredor Seco, en el centro y el este, se caracteriza por sequías recurrentes en el invierno boreal y tiene suelos semiáridos y de bajo rendimiento. Allí se reiteran crisis alimentarias, desnutrición y muertes por falta de alimentos.
Guatemala hizo esfuerzos por mejorar el manejo hídrico, dijo Ever Sánchez, de la no gubernamental Red de Agua y Saneamiento de Guatemala.
"Se creó el gabinete específico del agua para tener una mejor coordinación interinstitucional y se emitió una política del agua", indicó. Pero persisten grandes problemas en la gestión de aguas residuales y de desechos sólidos domésticos e industriales.
El Salvador es el único país centroamericano que no tiene una adecuada disponibilidad de agua, indica el estudio "Situación de los recursos hídricos en Centroamérica: Hacia una gestión integrada", publicado en abril de 2011 por la Asociación Mundial para el Agua (GWP, por sus siglas en inglés). Con 1.700 metros cúbicos por persona y por año, El Salvador está muy cerca del umbral de la seguridad hídrica, establecido en 1.500 metros cúbicos por habitante.
La agropecuaria es responsable de 70 por ciento del consumo, y no ha logrado establecer mecanismos de riego y ahorro del recurso, indican cifras de la no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), que integra el Foro Nacional por la Defensa de la Sustentabilidad y el Derecho al Agua.
El sector agropecuario es también uno de los mayores contaminadores de ríos y lagos, a donde van a parar los residuos de fertilizantes y pesticidas químicos. Y apenas cinco por ciento de las descargas industriales reciben algún tratamiento, dijo el presidente de la UNES, Ángel Ibarra.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador no pasa la etapa de formular propuestas, como la Política Nacional del Recurso Hídrico, pero sin materializar medidas concretas.
Las políticas prevalecientes en la región siguen "un modelo mercantilista, que no ataca los problemas ambientales ni la inequidad y que favorece la entrada de la iniciativa privada en construcción de infraestructura, administración y manejo", dijo Campero, que asiste al FMA de Marsella.
Ante la ausencia de un mecanismo intergubernamental en el ámbito de las Naciones Unidas, las reuniones trienales del FMA ganaron auge. En este foro, a cargo del Consejo Mundial del Agua, confluyen gobiernos, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y empresas.
En su sexta edición, el FMA estableció, entre sus 12 prioridades, garantizar agua para todos y el derecho humano al recurso, prevenir y responder a crisis hídricas, ajustar las presiones y la huella de las actividades humanas y promover el crecimiento verde y valorar los servicios de los ecosistemas.
Unos 900 millones de personas no tienen agua potable en todo el mundo.
"No hay políticas públicas que protejan el recurso y lo recuperen o traten", opinó el salvadoreño Ibarra, quien participa en un foro alternativo de organizaciones de la sociedad civil que busca "que los gobiernos de Latinoamérica deslegitimen el FMA".
Se intenta, abundó Ibarra, que "la discusión del tema del agua" pase a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, que se llevará a cabo en junio en la brasileña ciudad de Río de Janeiro.
"Las organizaciones civiles vamos a solicitar que se cree un organismo de Naciones Unidas que impulse una convención internacional a fin de buscar la sustentabilidad del agua", planteó Ibarra.
En cambio, Rubén Pérez, de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, espera que el FMA haga énfasis en la necesidad de tratar las aguas servidas y garantizar saneamiento.
En Guatemala, menos de cinco por ciento de las aguas residuales reciben tratamiento. Y la segunda causa de morbilidad y mortalidad infantil es el contacto con agua no potable.
El FMA debe también poner el acento en la urgencia de garantizar recursos hídricos para enfrentar la inseguridad alimentaria en lugares como el Corredor Seco guatemalteco.
"¿Cómo es posible que haya más de 50 por ciento de niños y niñas desnutridos en el país? La alimentación y el agua son inseparables", sentenció Pérez.
* Con aportes de Danilo Valladares (Ciudad de Guatemala) y Edgardo Ayala (San Salvador). Este artículo fue publicado originalmente el 10 de marzo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
