La transparencia es clave para que las organizaciones no gubernamentales españolas que trabajan por el desarrollo (ONGD) obtengan financiación mientras se cierra el grifo del Estado.
El 23 de este mes la justicia detuvo al director de Integración y Cooperación del gobierno de la sureña comunidad autónoma española de Valencia, Josep Maria Felip, acusado de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental.
La investigación involucra a 14 personas, entre funcionarios públicos, empresarios y directivos de organizaciones no gubernamentales (ONG) en una trama para desviar hasta 12,1 millones de dólares de la cooperación con países pobres. Felip fue imputado y puesto en libertad el sábado 25.
El escándalo sale a luz mientras el gobierno español estudia drásticos recortes al presupuesto de la cooperación para el desarrollo, que es ejecutado en buena parte por ONGD que actúan en el terreno.
Desde que estalló en 2008 la crisis económica en el Norte industrial que se hace sentir duramente en España– las ONGD ajustaron sus estructuras con la apuesta de mantener proyectos en marcha, aun sacrificando o aplazando nuevas iniciativas, sostuvo Patricia de Roda, directora de la Fundación Lealtad.
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En ese marco, contar con un gran número de pequeñas aportaciones les da mayor estabilidad en su financiación e independencia frente a otras fuentes públicas o privadas, que están en declive, agregó.
La entidad sin fines de lucro se dedica desde 2001 a "fomentar la confianza de la sociedad española" en las ONG, mediante información "independiente, objetiva y homogénea" para elevar las donaciones y otros apoyos a estos grupos.
La Fundación ofrece "una herramienta gratuita de rendición de cuentas que aporta a los donantes información relevante sobre el funcionamiento de estas organizaciones y el resultado de su actividad", mediante el análisis de nueve principios de transparencia y buenas prácticas, dijo De Roda a IPS.
Según José David Garrido Valls, investigador y doctor en historia de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España hay más de 10.000 ONG, y muchas de ellas "representan la extensión en el movimiento asociativo de partidos, sindicatos, confesiones religiosas, empresas y hasta del propio Estado, que es la primera fuente financiera de las principales".
La financiación estatal aporta 55 por ciento de los recursos de todas las ONG, según la Fundación Lealtad. Y una de cada tres depende casi totalmente de la administración pública para sostener sus actividades.
En enero, el presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España, Eduardo Sánchez, planteó "una profunda preocupación" ante los recortes gubernamentales para abatir el déficit fiscal, en especial la reducción de 1.340 millones de dólares del presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, casi 40 por ciento de lo que esa cartera manejaba en 2011.
Según fuentes gubernamentales, de ese monto, unos 1.200 millones de dólares corresponden a programas de cooperación, en especial aportaciones voluntarias a organizaciones internacionales que sufrirían drásticas caídas.
"No se deben recortar los presupuestos destinados a los más pobres, y hay que priorizar el aporte financiero para los más afectados, los más vulnerables y los servicios sociales", dijo Sánchez a IPS.
El monto de la ayuda al desarrollo en 2012 sería de algo más de 4.350 millones de dólares. Estos datos permitir anticipar que no se cumplirá el Pacto de Estado contra la Pobreza, firmado en diciembre de 2007 por los partidos políticos con representación parlamentaria.
En ese documento, los partidos se comprometieron a "mantener un esfuerzo" que "garantice que antes del año 2012, un 0,7 por ciento de la renta nacional bruta sea destinado a ayuda oficial al desarrollo por todas las administraciones del Estado, comunidades autónomas y entes locales".
En 2011, la ayuda oficial al desarrollo perdió unos 660 millones de dólares, y llegó a apenas a 0,4 por ciento de la renta nacional. El derrotero venía en caída, desde los casi 7.300 millones de dólares de ayuda al desarrollo del año 2008, hasta 5.657 millones el año pasado.
"Precisamente porque hay una crisis global no se deberían rebajar, de ninguna manera, los aportes para la cooperación internacional", dijo a IPS el sacerdote católico Ángel García, fundador y presidente de la Asociación Mensajeros de la Paz, popularmente conocido como "Padre Ángel".
En los países en desarrollo "los problemas hoy no son técnicos, legales ni productivos, los problemas son el hambre y el agua. La primera ley tiene que ser poder subsistir, tener lo que comer y un techo bajo el cual poder dormir, porque la falta de agua provoca más víctimas y muertes que las guerras", indicó.
"No se puede estar de acuerdo con el recorte a los servicios sociales, porque cuando más pobreza haya, más hay que reforzar los servicios sociales, no disminuirlos", dijo.
Su entidad es un ejemplo del papel que juegan algunas organizaciones de la sociedad civil. La Asociación, que trabaja para integrar a la niñez y la adolescencia marginadas o sin hogar, no ha sufrido aún recortes de la ayuda oficial, porque tiene vigente un acuerdo cuatrienal. "Veremos qué pasa dentro de dos años", advirtió el Padre Ángel.
Mensajeros de la Paz está presente en 50 países, desde Afganistán hasta República del Congo y desde Brasil hasta Palestina, y cuenta con 4.200 voluntarios y 3.900 trabajadores, 92 por ciento mujeres.
Otro ejemplo de trabajo ejemplar es la Fundación Vicente Ferrer, creada a fines de los años 60 para promover el desarrollo en India y que en la actualidad tiene un equipo de 2.400 personas, casi todas de ese país.
En el sudoriental estado de Andhra Pradesh ejecuta programas de salud, educación, género, vivienda, discapacidad y ambiente que benefician a casi tres millones de personas.
La fundación, creada y financiada en España, recibe menos de 12 por ciento de sus recursos de fuentes públicas. El resto corresponde a aportes privados y a su propia acción de venta de productos desarrollados en India.
