La austral región chilena de Aysén sostiene ya dos semanas de protestas por mejoras económicas y sociales. Al aislamiento y la escasez de combustibles y víveres se suma la represión policial.
"Estábamos siendo avasallados", dijo a IPS el dirigente de los pescadores artesanales de Puerto Aysén, Henry Angulo, para retratar décadas de ausencia de políticas públicas destinadas a abatir el elevado precio que tienen allí la energía y los alimentos.
Esa ciudad, situada a orillas del río homónimo, es una de varias movilizadas en la región, que se sitúa a 1.640 kilómetros de la capital, soporta un clima muy frío y está distante y aislada de zonas productoras de alimentos y combustibles.
Los habitantes de Aysén levantaron un petitorio de 11 puntos, que incluyen poner fin al aislamiento mediante la construcción de caminos y subsidios al transporte, consulta obligatoria sobre proyectos previstos para la región, que los beneficios de la explotación de recursos naturales se distribuyan prioritariamente en ese distrito, mejoras en los servicios de salud y educación, y rebajas a los precios de combustibles y alimentos, entre otros.
"Hemos sido capaces de converger en intereses y espíritu, y a partir de eso se ha dado una organización popular maravillosa. Hoy día tienes a un pueblo que se levantó, pero que ha sido capaz de organizarse, de tomarse la mano y unirse. Esa sinergia es muy difícil de romper para el gobierno", dijo a IPS el presidente regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Julio López.
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El Movimiento Social por la Región de Aysén pretende lograr la aprobación de todo el petitorio, sin excepciones.
"No hay ningún punto que se pueda transar. Todos reflejan las necesidades de la región. Con los 11 puntos, nosotros recién empezamos a surgir. Estamos devastados, pobres, somos la mano de obra barata para (el proyecto hidroeléctrico) HidroAysén, para la salmonicultura, y si logramos avanzar en el petitorio, recién podremos optar a que nuestros hijos vayan a la universidad", sentenció Angulo.
El punto central del petitorio es la rebaja sustancial de precios de combustibles como petróleo y gasolina, pero también de la leña, esencial para el diario vivir de la población aysenina.
El precio de la gasolina en esa región supera casi los dos dólares por litro, el pan, alimento básico en la dieta chilena, cuesta tres dólares el kilogramo, y se necesitan más de 200 dólares por mes para adquirir la leña necesaria para mantener el calor en una vivienda. El precio del kilovatio duplica al que pagan los habitantes de Santiago.
Las protestas de Aysén recuerdan a las que se organizaron contra el alza del precio del gas en la austral región de Magallanes, 3.000 kilómetros al sur de Santiago, que en enero de 2011 fueron la obertura de movilizaciones sin precedentes en este país desde la recuperación de la democracia en 1990, encabezadas por los estudiantes.
"La experiencia de Magallanes ha sido un aliciente tremendo y una dosis de esperanza", dijo López. "Un pueblo movilizado, decidido y organizado puede dar la pelea para contrarrestar este desbalance que hay entre el poder central y los habitantes de las regiones".
El jueves 23, el gobierno de Sebastián Piñera ratificó a la intendenta (gobernadora) regional Pilar Cuevas, cuestionada por los manifestantes, como única interlocutora oficial para destrabar la crisis, cuando todo apuntaba a que los titulares de los ministerios de Energía, Hacienda y Transportes viajarían a la zona.
El ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, explicó que la decisión tenía el fin de coordinar la acción del Poder Ejecutivo frente a la escalada de manifestaciones en la región y añadió que se analizaban medidas especiales.
El titular de Hacienda, Felipe Larraín, cuya presencia fue requerida por los manifestantes, reiteró este viernes 24 que no era necesario viajar a la zona para avanzar en mejoras y acusó a los dirigentes de las protestas de sostener "una postura obcecada".
Mientras, se multiplican los bloqueos de vías, crece la amenaza de desabastecimiento y los enfrentamientos con la policía se tornan cada vez más violentos.
De acuerdo con los organizadores de la protesta, más de 150 personas fueron heridas en choques con la policía. Una de ellas, Teófilo Haros, perdió un ojo por un presunto disparo policial a quemarropa.
"La represión era algo esperado, se vio cuando reprimieron a los estudiantes (durante las protestas de 2011) que este gobierno es la continuidad de la dictadura (1973-1990)", dijo Angulo.
La derecha "solo quiso llegar al poder para apalear al pueblo, pero esto está recién agarrando fuerza, y el gobierno será el responsable de lo que pase", advirtió.
Según López, "la represión llegó a tal nivel que se han registrado hechos de militarización efectiva, y algunas noches la policía entra a los barrios donde no hay barricadas, y lanzan bombas lacrimógenas, detienen y golpean a quienes se les cruzan, disparan con balines en la cara a la gente", denunció.
El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, replicó este viernes que a los manifestantes de Aysén "se les ha pasado la mano" y que los actos de violencia "se pudieron haber evitado".
La filial en Chile de Amnistía Internacional manifestó preocupación por las denuncias de golpes y malos tratos a personas detenidas y por la falta de acceso a atención médica.
"Nuevamente vemos que, en el contexto de una protesta social, existe un gran número de denuncias por uso excesivo de la fuerza, la utilización indebida de gases lacrimógenos, el uso de balines metálicos y detenciones que podrían ser arbitrarias", dijo la directora ejecutiva de Amnistía – Chile, Ana Piquer.
Por su parte, el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos informó que estaba "monitoreando la situación y realizando un seguimiento al desarrollo de las movilizaciones y el actuar policial en la zona, sobre el cual observadores de derechos humanos han realizado denuncias".
Varios equipos de prensa apostados en Aysén fueron "atacados directamente por la policía" este viernes 24 mientras reporteaban los enfrentamientos, informó una radioemisora nacional.
