El incendio que calcinó a 360 presos en Honduras sacó a flote la profunda crisis del sistema penitenciario en América Central, pero además los altos grados de impunidad en que quedan estos crímenes masivos.
"No se ha logrado justicia por falta de investigación. En la mayoría de países (en los que ocurren este tipo de desastres) solo se despide a los encargados del centro, ni se toca a su director", dijo a IPS el experto David Dávila, del no gubernamental Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.
"Dada la impunidad se recurre muchas veces a la justicia internacional porque son temas que no avanzan en el ámbito interno", añadió el investigador.
Así, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han pedido a los estados centroamericanos la mejora de las condiciones carcelarias e investigaciones exhaustivas para aclarar los sucesivos crímenes o incendios como el ocurrido el 15 de febrero en la Granja Penal de Comayagua, Honduras, donde murieron 360 de los 852 reclusos allí alojados.
A través de la Relatoría Sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, la Comisión ha realizado visitas a centros carcelarios e informes y ha derivado casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Y es que los crímenes masivos en centros carcelarios de la región no son pocos.
Para muestra, varios botones. El 5 de abril de 2003 murieron 68 reclusos en un incendio desatado en la granja penal de La Ceiba, en la costa hondureña del océano Atlántico. Otro caso similar se registró el 10 de noviembre de 2010 en el Centro Alternativo de Jóvenes Infractores de Ilobasco, al noreste de San Salvador, donde las llamas consumieron la vida de 16 internos.
El 22 de noviembre de 2008, siete presos de la Cárcel Pavoncito, en el municipio de Fraijanes, al sur de la capital guatemalteca, fueron asesinados, mientras que 31 reclusos murieron en riñas carcelarias durante 2005 en este mismo país.
Sin embargo, la justicia local en estos casos no fue más allá de la destitución de los directores de los centros penales y de algunos guardias de seguridad.
Así las cosas, la justicia internacional es una alternativa, pero solo un caso de crímenes masivos en centros carcelarios de un país centroamericano ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se trata del juicio de un tercer siniestro sucedido en Honduras, específicamente en San Pedro Sula, la segunda ciudad de ese país, en el que murieron 107 reclusos el 17 de mayo de 2004. La primera audiencia se celebrará este martes 28 y miércoles 29.
La Corte, con sede en San José de Costa Rica, y la Comisión, con sede en Washington, son los organismos de protección y justicia, respectivamente, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que actúan en forma independiente.
Pero tampoco esta justicia supranacional ha sido suficiente para evitar tragedias humanitarias en las cárceles centroamericanas.
Precisamente, la Corte había emitido en 2006 una sentencia por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad y otras garantías, en perjuicio de Alfredo López Álvarez, miembro de una comunidad garífuna hondureña, detenido por presunta posesión y tráfico ilícito de estupefacientes.
La sentencia ordenaba al Estado hondureño, entre otros asuntos, crear "las condiciones que permitan asegurar a los reclusos de los centros penales alimentación adecuada, atención médica y condiciones físicas y sanitarias consecuentes con los estándares internacionales".
"Pero este incumplimiento fue precisamente el que propició las condiciones de hacinamiento que derivaron en la tragedia de Comayagua este mes", denunció el no gubernamental Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Rodrigo Escobar Gil, relator de la Comisión sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, dijo a IPS que los países que sufren estas tragedias deben hacer las investigaciones para aclarar estos hechos y reparar a las víctimas, así como "las reformas estructurales" para evitar que vuelvan a ocurrir.
"Que se busquen soluciones sostenibles a largo plazo y no solo paliativos que resuelvan el problema inmediato", recomendó.
Además, Escobar Gil sugirió a aquellos estados que no han experimentado crisis de gran magnitud "que atiendan a tiempo las necesidades del sistema penitenciario para evitar la ocurrencia de hechos de esa naturaleza".
Entre todo, Escobar Gil quiso reconocer como "un aspecto positivo" que la cuestión penitenciaria "se ha ido colocando cada vez más en el debate público". "Se mira más hacia el interior de las cárceles, con lo cual dejan de ser ámbitos herméticos alejados de la opinión pública y del monitoreo de las autoridades", expresó.
Pero Marta Altolaguirre, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2000-2003), hace hincapié en que "en casi toda América Latina la situación de las prisiones es terrible". "Hay hacinamientos, no hay condiciones de seguridad y no se llenan los requerimientos mínimos para los estándares fijados por la ONU", dijo a IPS.
Estos estándares se encuentran contenidos en el documento "Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos", adoptado por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en 1955 en Ginebra, y que se refiere a la disciplina, la higiene y la alimentación, entre otros aspectos.
Altolaguirre también se refirió al tratamiento de "parias" que suele dar la sociedad a las personas privadas de libertad, habilitando que sus derechos humanos queden relegados.
Jorge Santos, del no gubernamental Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, atribuyó la crisis penitenciaria regional a la "incapacidad y paralización" de los gobiernos.
El activista dijo a IPS que los estados excluyen a las personas privadas de libertad cuando "deberían garantizarles su reinserción social".
