Las adolescentes siguen sin contar en México con políticas públicas eficaces para prevenir embarazos no planeados y muertes maternas, así como apoyos para afrontar la pobreza.
Cuatro estados del país son ejemplo de la lacerante realidad para millones de mujeres adolescentes, quienes carecen de atención gubernamental para un acceso pleno de anticonceptivos, educación sexual de calidad y atención sanitaria a fin de evitar muertes ligadas con el embarazo, parto o puerperio.
En Veracruz, Morelos, Oaxaca y Colima, las adolescentes sobre todo indígenas o en situación de pobreza conforman uno de los grupos poblacionales más vulnerables, y las autoridades no pueden satisfacer sus necesidades en materia de salud, educación y empleo.
Salvo en el centro-occidental y costero estado de Colima, de acuerdo con datos oficiales, en los otros tres estados la cifra de embarazos en adolescentes se incrementa año con año, lo que refleja la ineficacia de las políticas de salud sexual y reproductiva, a decir de especialistas y activistas de la sociedad civil.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (Inegi), en 2010 el 19 por ciento de los embarazos totales registrados en el suroriental y costero estado de Veracruz correspondió a menores de 19 años, mientras que en las zonas indígenas una de cada seis menores de 19 años es madre por vez primera a partir de los 15 años.
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Veracruz es una de las entidades con mayor número de casos de muerte materna: por cada mil nacidos vivos, fallecen 74,8 mujeres, cuando la media nacional respecto a la Razón de Muerte Materna es de 62,8 por cada mil.
En el suroccidental Oaxaca, 20 por ciento del total de embarazos que se registran al año ocurre entre mujeres adolescentes.
Esto se traduce en que ellas tienen menos posibilidades de encontrar un empleo o de continuar sus estudios, indica la coordinadora del área de Equidad y Género de la Universidad Autónoma Benito Juárez, Guadalupe Pieeg.
Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reportan que el número de embarazos en mujeres menores de 18 años se duplicó entre 2005 y 2011 al pasar de 7 mil 137 a poco más de 13 mil. Mientras que las encuestas realizadas por los SSO establecen que más de la mitad de los embarazos en adolescentes son no deseados.
La tasa de fecundidad entre las adolescentes oaxaqueñas es de 62 nacimientos por cada mil, una de las más elevadas a escala nacional.
En el central Morelos, 53 por ciento de las adolescentes de 12 años o más con vida sexual activa se han embarazado. En 2008 ocurrieron 38.295 nacimientos en el estado, de los cuales 68,3 por ciento fueron de mujeres de 15 a 29 años de edad. De esa cifra, 24,11 por ciento corresponde a adolescentes de 15 a 19 años.
La coordinadora del capítulo mexicano del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Patricia Bedolla, advierte que el aumento de embarazos en adolescentes en la entidad es consecuencia de la falta de políticas públicas de prevención.
Políticas ineficientes
En el caso de Veracruz, las propias autoridades reconocen que han sido rebasadas ante el incremento de los embarazos en adolescentes. En 2011 el gobierno del estado tuvo que duplicar los recursos destinados a becas para que las madres adolescentes no abandonaran sus estudios.
El delegado estatal de la Secretaría de Educación Pública e integrante del Comité de Evaluación para la entrega de becas a madres adolescentes, Armando Alejandre, explica que el número de adolescentes embarazadas que requieren becas resultó ser mayor de lo que se pensaba.
Detalla que en 2010 la inversión federal para el programa Promajoven fue de 152.000 dólares para becas de 38 dólares mensuales por adolescente embarazada o madre adolescente que lo solicitara. El monto tuvo que duplicarse en 2011 a 305.000 dólares para una cobertura de 600 adolescentes en esa situación.
Bedolla considera que la política pública de otorgar becas a las adolescentes embarazadas es «asistencialista y sólo un paliativo que no resuelve de fondo la situación de hacerse cargo de un hijo o hija por al menos los siguientes 18 años».
Califica como «urgente» que el Estado despliegue políticas públicas de prevención tanto en salud pública, como en el aspecto económico y de empleo para las adolescentes en esa situación.
«Si la política pública es de becas, entonces deberían serlo hasta que las jóvenes terminen una carrera y, paralelamente, otorgarles becas de trabajo», apunta.
En lo que respecta a Morelos, la coordinadora de Cladem-México acusa que la entidad carece de estrategias para brindar servicios de anticoncepción a las adolescentes, y en su lugar promueve la abstinencia sexual entre esa población.
En las escuelas públicas, abunda, «hay una negativa a hablar de sexo, relaciones sexuales y sus consecuencias».
Esto parece ser una política de Estado, ya que instancias estatales como el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia o el Instituto de la Juventud «promueven la abstinencia para evitar enfermedades indeseables, pero no para evitar un embarazo porque persiste la mentalidad de que tener un hijo es una bendición».
En Colima la cifra de embarazos en adolescentes apenas disminuyó tres puntos porcentuales, y las autoridades responsabilizan a las y los jóvenes de no acudir a los centros de salud para pedir «orientación» sobre métodos anticonceptivos.
La jefa del Departamento de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del estado, Mónica Gómez, presume que las y los adolescentes tienen «demasiada información sobre la existencia de métodos anticonceptivos».
Pero analiza que por diversas razones «no los usan o los usan mal», de tal forma que en muchas ocasiones sus relaciones sexuales terminan en un embarazo no planeado.
* Este artículo fue publicado originalmente por la agencia de noticias mexicana Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.
