El Congreso legislativo de Honduras aprobó una reforma de la Constitución que faculta la extradición de nacionales, apenas 24 horas después de un sorpresivo encuentro entre el presidente Porfirio Lobo y delegados del gobierno de Estados Unidos.
Sin anunciarlo, Lobo se reunió con representantes de la Casa Blanca en Miami, el miércoles 18, y la noche del jueves 19 el parlamento modificó la carta magna para permitir la extradición de hondureños a un Estado extranjero, en el caso de delitos de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.
La decisión se tomó a puertas cerradas y bajo fuertes medidas de seguridad. De los 128 diputados, solo la izquierdista Unificación Democrática mostró reservas sobre la facultad de extradición por terrorismo, pero igual votó a favor. La medida fue negociada afanosamente a lo largo del jueves con sectores políticos y grupos económicos de poder.
El artículo constitucional reformado es el 102, que prohibía la expatriación de un hondureño a un Estado extranjero. En un escueto comunicado de dos párrafos, difundido la noche del jueves, los legisladores indican que la reforma obedece a motivos de seguridad nacional.
Por razones legales la reforma constitucional deberá ser ratificada en el nuevo periodo legislativo, que comienza el día 25, lo que se descuenta que se producirá rápidamente, y a partir de entonces Honduras será libre de extraditar a un connacional a cualquier país con quien sostenga este tipo de tratados.
Diversos sectores atribuyen la veloz acción al llamado de atención de Washington a Lobo y altos funcionarios que lo acompañaban en Miami, por la parsimonia para resolver problemas de seguridad, como el escándalo de policías implicados en asesinatos, secuestros, robo de armas, extorsiones y otros hechos delictivos.
También porque aún no se resuelve el asesinato hace dos años del zar antidrogas Arístides González, a los que se suma la muerte del exasesor en seguridad y experto en lucha antidrogas Alfredo Landaverde, hace más de un mes. Ambos estaban muy ligados a la embajada de Washington en Tegucigalpa.
El exfiscal del Estado, Edmundo Orellana, dijo a IPS que "es obvio que Estados Unidos presionó, porque un día después de esa cita en Miami, se aprueba esta reforma constitucional que venía siendo demandada desde hace más de una década".
"Felicito a los diputados por esta valiente decisión y entiendo que no hayan querido hacer pública la sesión ni revelado el nombre de los que votaron a favor, porque había amenazas del narcotráfico contra muchos de ellos", dijo Orellana.
En la reunión de Miami, participaron además del derechista Lobo, su ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, el presidente del parlamento unicameral, Juan Orlando Hernández, y otros dos funcionarios.
Por Washington, la reunión la encabezó la subsecretaria de Estados para Asuntos de América Latina, Roberta Jacobson, la embajadora en Tegucigalpa, Lisa Kubiske, además de funcionarios antinarcóticos y del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, informaron fuentes diplomáticas hondureñas.
Ahí Estados Unidos habría presionado por la depuración de la policía hondureña ante el nivel de contaminación con el crimen organizado, tras anunciar el envío de dos asesores especiales en seguridad, uno de los cuales trabajará directamente con el presidente y el otro con el ministro Bonilla, a partir de febrero.
Lobo rehusó hablar sobre interioridades de la cita de Miami y se limitó a repetir los lineamientos de un comunicado emitido por Washington, que anuncia la cooperación en seguridad, destaca las acciones hechas por Honduras en materia jurídica para combatir el crimen e insinúa que la depuración policial requiere de mayores "esfuerzos".
Hernández fue más amplio que Lobo en sus declaraciones tras la cita en Miami. "Trazamos las grandes líneas estratégicas en seguridad y no podemos retroceder en lo actuado, vamos a profundizar las reformas que faltan en materia de seguridad" dijo.
Adelantó que no descartan la creación de una nueva policía y que habrá muchas sesiones parlamentarias que por motivos de seguridad nacional "no serán accesibles a la prensa, a quienes pedimos comprensión".
El anuncio de Hernández sobre la nueva policía casi hace desvanecer en una comparecencia pública a la viceministra de Seguridad y excomisionada de la policía, Coralia Rivera, al aseverar que "no esperábamos esto, sobre todo la forma en que lo dijo (Hernández), así de repente".
Rivera es mencionada en informes confidenciales de la Fiscalía del Estado de poco diligente en las denuncias contra policías y oficiales implicados en la criminalidad y especialmente en narcotráfico, pero ella rechaza esas acusaciones y dice que trabaja para "limpiar" la imagen policial.
La rectora de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, dijo a IPS que la facultad de extraditar a ciudadanos hondureños "es un buen mensaje de querer actuar, un efecto disuasivo que permitirá penetrar con alguna eficiencia en la detección de las redes de la criminalidad organizada".
Añadió que esa reforma también lleva un mensaje implícito para "la policía corrupta" ante las últimas acciones criminales en que se ha visto envuelta, entre ellas el asesinato de uno de sus hijos y uno de sus amigos el 22 de octubre de 2011. Por el caso hay cinco policías presos y otros tres están prófugos.
Por su parte, el jurista y asesor de la Fiscalía del Estado Rigoberto Espinal dijo a IPS que esta medida "es un factor importante en la lucha contra la impunidad, nosotros la esperábamos porque ahora habrán más elementos jurídicos en la persecución de este delito".
La presión de Washington por esta reforma se intensificó desde hace dos meses cuando incidió para que invitaran a un foro al fiscal contra el crimen de Colombia, Germán Zamudio, cuya visita, según conoció IPS, levantaba reticencias en importantes estamentos.
Varios diputados y funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial exigían que la visita fuese de bajo perfil y al mismo tiempo rehusaban que tuviese patrocinio estatal. Finalmente, fue la empresa privada la que posibilitó su estadía.
Honduras se ha homologado ahora en materia de extradición a El Salvador y Guatemala, los países que conforman el "triángulo norte" de América Central, una de las zonas más violentas del mundo, por la fuerte presencia de los carteles de la droga desplazados al istmo por las guerras contra su actividad libradas en Colombia y ahora en México.
