PERÚ: Humala se rodea de uniformes

El presidente de Perú, Ollanta Humala, endurece su postura ante conflictos sociales y pierde aliados de peso a poco de andar. El partido liderado por Alejandro Toledo y dirigentes izquierdistas dejaron el gobierno ante la designación como jefe de ministros del militar retirado Oscar Valdés.

Además del ascenso de Valdés de jefe de la cartera de Interior a presidente del Consejo de Ministros, Humala buscó abroquelarse junto al responsable de la Dirección de Inteligencia Nacional, Víctor Gómez, y al consejero para asuntos de seguridad, Adrián Villafuerte. Los cuatro son oficiales en retiro del ejército con estrechos vínculos entre sí desde antes de llegar al gobierno.

Humala tuvo a Valdés como instructor en la Escuela Militar de Chorrillos, a Gómez de compañero de aulas castrenses y a Villafuerte al frente de su campaña electoral en 2006.

Valdés reemplazó a Salomón Lerner, quien renunció el sábado 10 a su cargo en discrepancia con la declaración de estado de emergencia y la consecuente utilización de militares en el departamento norandino de Cajamarca para afrontar las protestas de autoridades locales y comunidades campesinas contra el proyecto aurífero de Conga.

Lerner era partidario de negociar en Cajamarca, pero el presidente Humala prefirió aplicar las acciones más duras, que alentaba precisamente Valdés.
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El decreto de estado de emergencia en el sur de Cajamarca, la detención del dirigente social Walter Saavedra y el bloqueo de fondos del gobierno nacional para ese departamento fueron todas iniciativas de Valdés con las que discrepaba Lerner.

Al adoptar estas medidas para sofocar la protesta, Humala dejó sin sustento a Lerner y a los sectores moderados y de izquierda del gobierno en los que se apoyaba.

El exmandatario Toledo (2001-2006) anunció que su partido Perú Posible se retiró, porque "no podemos ser parte de un régimen de perfil militarista y autoritario".

"Nosotros apoyamos a Humala como garante de la democracia, pero ahora no respaldaremos a un gobierno cuyas decisiones las toma un ‘petit comité’ compuesto por militares retirados como Humala", añadió.

El dirigente y portavoz de Perú Posible, Juan Sheput, indicó a IPS que, "de ahora en adelante, no somos responsables de las decisiones de Humala".

Mientras, la portavoz del grupo parlamentario del gobernante Gana Perú, Ana María Solórzano, expresó su total apoyo a Valdés. "No se le puede llamar militarista o autoritario a quien aplica lo que dice la ley", señaló a IPS.

"En su papel como ministro del Interior, respecto del caso Conga, Valdés demostró eficiencia, energía y resolución. No se trata de medir a un funcionario por su posición de izquierda o de derecha sino por su eficacia", defendió Solórzano.

El éxodo de dirigentes izquierdistas del gobierno de Humala comenzó el 24 de noviembre con Carlos Tapia, asesor de Lerner, y siguió con ministros y otros funcionarios.

Luego de la salida de Lerner, hicieron lo propio Aída García Naranjo, quien fue sustituida por Ana Jara Velásquez al frente del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la cantautora Susana Baca, reemplazada por Luis Peirano en el Ministerio de Cultura, y Ricardo Giesecke, que dio paso a Manuel Pulgar-Vidal como ministro de Ambiente.

Escalada de fuerza

El analista Fernando Rospigliosi había advertido que los conflictos sociales "sacarían a luz el perfil autoritario de Humala", quien el 28 de julio pasado asumió el gobierno de Perú.

"El presidente creía que sus aliados de izquierda, por su cercanía con los dirigentes de la protesta contra Conga, lo ayudarían a resolver fácilmente el problema. Pero, en cambio, no solo no lo hicieron sino que desde dentro del gobierno lo torpedearon. Como resultado, los ha echado o se han ido", dijo Rospigliosi a IPS.

"Lo peligroso es que ahora se consolidará alrededor de Humala el sector de origen castrense. La tentación del presidente de recurrir a las Fuerzas Armadas cada vez que se le presente un problema social, como lo hizo durante su gobierno Alberto Fujimori (1990-2000), es cada vez más fuerte", alertó.

Ante la primera protesta social de fuste, Humala declaró el estado de emergencia en las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá, en el departamento cajamarquino. Dos días después, agentes de la policía antiterrorista detuvieron en Lima a Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca y uno de los responsables de las protestas en contra de Conga.

El gobierno justificó el arresto bajo el supuesto de que Saavedra era militante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), una organización insurgente que actuó básicamente entre 1980 y 2000, pero que analistas y dirigentes políticos consideran hoy desaparecida.

A ello le siguió el día 8 el bloqueo por parte del Ministerio de Economía de la transferencia de recursos al gobierno de Cajamarca, presidido por Gregorio Santos, quien apoya la protesta contra el proyecto aurífero.

El ministro de esa cartera, Luis Miguel Castilla, admitió que tomó la medida por solicitud de Valdés, quien afirmó que los dirigentes del movimiento usaban fondos del gobierno local para movilizar a los manifestantes.

Así se llegó al viernes 9, cuando Humala canceló su viaje oficial a Argentina, para asistir a la reasunción presidencial de Cristina Fernández, y comenzó a circular la versión de la renuncia de Lerner, que se confirmó al día siguiente.

Al asumir como jefe del gabinete de 18 ministros, Valdés informó que el proyecto Conga será sometido a un peritaje técnico internacional, debido "a las dudas razonables" que sobre el mismo tenía la población de Cajamarca.

El sacerdote Marco Arana, un experto en conflictos sociales que dirige la no gubernamental Grufides con sede en Cajamarca, entiende que la promesa de una auditoría externa no solucionará la controversia por Conga.

"El peritaje técnico es solo un componente del conflicto. Hay otro asunto de suma importancia sobre el que no ha dicho nada el nuevo primer ministro", señaló Arana a IPS

¿Se aplicará la consulta previa a las poblaciones que serán afectadas por el proyecto aurífero? ¿Y cómo restablecerá Humala la confianza del pueblo de Cajamarca, al que prometió durante la campaña presidencial que no aceptaría el abuso de las empresas mineras?, cuestionó el sacerdote.

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