El gobierno de Perú planteará a la OEA la reformulación de las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual buscará el apoyo de Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela. La acción es en rechazo a la demanda que ese organismo especializado impulsa en su contra.
Fuentes del Ministerio de Justicia de Perú, que prefirieron mantener su anonimato, dijeron a IPS que la Comisión cometió un "exceso" al enviar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos los antecedentes del presunto fusilamiento de tres guerrilleros a manos del comando del ejército que intervino en 1997 en el rescate de rehenes de la residencia del embajador de Japón en Lima.
Se trataba de tres insurgentes del izquierdista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que habrían sido muertos, pese a que ya habían entregado las armas al comando militar Chavín de Huántar, luego de que fueran liberados a sangre y fuego los 71 rehenes mantenidos cuatro meses cautivos.
El argumento de la Comisión, que forma parte del sistema de de la OEA (Organización de los Estados Americanos), es que el Estado peruano se niega a investigar el hecho y, eventualmente, sancionar a los responsables. En esa operación murieron los 14 miembros del MRTA que participaron de la toma con el propósito de canjear a los rehenes por guerrilleros presos.
Pero las fuentes ministeriales aducen que la justicia peruana tiene en curso acciones contra los sospechosos de las alegadas ejecuciones extrajudiciales. Recordaron, además, que por este caso la fiscalía solicitó en enero de este año 20 años de cárcel para Vladimiro Montesinos, el exasesor de inteligencia del entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000), 18 años para el exjefe del ejército Nicolás Hermoza y 15 años para los oficiales Jesús Zamudio y Roberto Huamán.
[related_articles]
"Si dicen que los comandos de Chavín de Huántar no cometieron violaciones a los derechos humanos, ¿por qué se acusa a Montesinos y Hermoza de estos hechos, que el Estado dice que no existieron?", preguntó la abogada Gloria Cano, de la no gubernamental Asociación Pro derechos Humanos.
"Esa es una contradicción sobre la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó investigar y resolver, pero que el Estado peruano no ha acatado, por eso, entre otras razones, planteó la demanda", explicó a IPS la abogada que representa a los familiares de Eduardo Cruz, Víctor Peceros y Herma Meléndez, tres de las presuntas víctimas.
"Hay pruebas de los crímenes extrajudiciales. En los dos casos contamos con el testimonio del exfuncionario japonés, Hidetaka Ogura, uno de los rehenes, y con evidencias científicas, mientras que para Sánchez tenemos también la versión de dos policías", añadió.
"Sin embargo, se van a cumplir 15 años desde que ocurrieron los hechos y no hay ningún condenado", cuestionó.
"En lugar de cumplir con las recomendaciones del Comisión, el Estado peruano cuestiona su competencia y rechaza la demanda. Eso mismo hizo el gobierno de Fujimori", precisó.
Mientras, el constitucionalista Enrique Bernales consideró que el organismo de la OEA no debió demandar al Estado peruano, porque este caso se encuentra en curso y no ha concluido.
"Con el impecable proceso y condena a Fujimori, la justicia peruana ha demostrado su alto nivel, en consecuencia no se puede dudar de que hace todos los esfuerzos para no dejar impunes casos de violaciones a los derechos humanos", arguyó.
"Según la información que manejo, hay un proceso abierto en el país contra los autores de las presuntas ejecuciones extrajudiciales. En consecuencia, el Estado tiene derecho a rechazar la demanda presentada por la Comisión", sostuvo.
Bernales también coincidió en que el gobierno tenía el derecho de plantear la reforma de las competencias de la Comisión. "El sistema interamericano de derechos humanos no puede quedar estancado en el tiempo. Todo cambia, así que las normas también deben responder a la realidad", indicó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió el 13 de junio un informe reservado al Ministerio de Justicia de Perú sobre el caso, en el que se concluía que el régimen de Fujimori impidió que se investigara y se sancionara a los responsables de los hechos porque ellos eran parte del entramado.
En el documento, del cual IPS obtuvo una copia, se afirma que las autoridades de entonces tampoco permitieron que los familiares de los guerrilleros asesinados recibieran los cadáveres y ordenaron enterrarlos clandestinamente en distintos puntos de Lima sin que nunca se proporcionaran copias de las necropsias de ley.
También destaca el reporte que el 12 de agosto de 2002 la Corte Suprema de Justicia de Perú acogió una demanda de competencia del fuero militar para enjuiciar a los miembros del comando de Chavín de Huántar pese a que esta no es competente para ventilar casos de lesa humanidad, como está determinado en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
La Comisión recomienda al Estado que se investigue a los miembros del comando Chavín de Huántar, puesto que solo son objeto de la causa Montesinos y Hermoza, encarcelados por otras causas sobre violaciones a los derechos humanos, Zamudio, que está prófugo, y Huamán, quien aún no fue detenido.
El gobierno de Alan García (2006-2011) fue el que recibió el informe final de la Comisión, pero solo después de asumir Humala, el 28 de julio, se filtró a la prensa. Ante la falta de respuestas, el organismo de la OEA procedió a remitirlo a la Corte Interamericana, con sede en San José de Costa Rica.
Humala declaró, luego de conocerse esta demanda, que protegerá a los efectivos del comando de Chavín de Huántar, porque son "héroes de la patria".
Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, "no entiende" porque el gobierno no se suma a la reestructura de la Comisión Interamericana ya propuesta y para la cual la OEA conformó un grupo que trabaja al respecto desde hace más de un año a impulsos, precisamente, del embajador peruano Hugo de Zela.
"Lo que debemos decir es que, desde la sociedad civil, 70 instituciones de toda América Latina le hemos enviado una carta a De Zela exigiéndole que el sistema interamericano de derechos humanos se fortalezca y no se debilite", señaló Silva Santisteban a IPS.
