Las autoridades locales y dirigentes sociales del norteño departamento peruano de Cajamarca afirmaron que mantendrían su oposición al proyecto aurífero de Conga, a cargo de la firma Yanacocha, pese al estado de emergencia decretado por el presidente Ollanta Humala.
El área de incidencia minera alcanza a las comunas o distritos de Encañada, Sorochuco y Huasmín, cuya población, en su mayoría pobre, tiene como principal actividad la ganadería y la agricultura y, por tal, depende del agua natural.
El estado de emergencia fue adoptado por Humala después de que el primer ministro, Salomón Lerner, no logró que —tras 10 horas de negociaciones el domingo 4 en la ciudad de Cajamarca, capital del departamento o región de igual nombre— los dirigentes aceptaran firmar un acuerdo para dar por terminada la protesta.
"Nosotros aceptamos firmar el acuerdo siempre y cuando Yanacocha retire sus maquinarias de la zona del proyecto Conga, porque su sola presencia representa una provocación para los campesinos", explicó a IPS el presidente del Frente de Defensa de Cajamarca, Idelso Hernández.
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"Pero el ministro Lerner nos dijo que nosotros no podíamos obligar a Yanacocha a sacar sus máquinas y, con eso, nos dejó en claro de qué lado está el gobierno", dijo.
"El 29 de noviembre, Yanacocha suspendió el proyecto Conga y, sin embargo, mantiene hasta ahora sus maquinarias en la zona, lo cual implica la continuidad de la presencia de la policía para resguardar esos equipos. La finalidad es buscar cualquier pretexto para que estalle la violencia. El gobierno ofrece diálogo con una mano y con la otra tiene listo el mazo", afirmó Hernández.
El líder del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Wilfredo Saavedra, coincidió con Hernández y precisó a IPS que, incluso, "nosotros suspendimos el paro de actividades el viernes 3 para facilitar el diálogo, lo cual demuestra que no somos intransigentes".
"Sin embargo, el gobierno hizo un gran despliegue de fuerzas militares el pasado fin de semana, incluso con la presencia el domingo del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Luis Howell. Es decir que todo estaba preparado para declarar el estado de emergencia y solo buscaban un pretexto para resolver militarmente la protesta social", añadió.
El decreto de estado de emergencia por 60 días alcanza a las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá, en el sur del departamento cajamarquino, y comprende la suspensión de las garantías constitucionales sobre libertad y seguridad personal, así como la inviolabilidad del domicilio y las libertades de reunión y de tránsito.
Humala, además, dispuso que las Fuerzas Armadas apoyaran a la policía en el control interno.
La resolución es para enfrentar el paro de actividades por tiempo indefinido iniciado el 24 de noviembre por variados sectores sociales y económicos cajamarquinos, que exigen el retiro de la maquinaria de la minera Yanacocha, propiedad de las firmas Newmont, de Estados Unidos, y Buenaventura, de Perú, que se apresta a explotar un yacimiento de oro en la zona de Conga.
Humala, pese a que en su visita a Cajamarca como candidato presidencial apoyó la protesta social, resolvió que el proyecto Conga se ejecutara de todas maneras, argumentando que, con el manejo adecuado, los pobladores serían beneficiados con los ingresos provenientes del canon.
Cajamarca es una de las 25 regiones del país que más fondos por canon minero recibe. Datos del Ministerio de Economía y Finanzas indican que, entre 2007 y este año, Encañada recibió 8,1 millones de dólares en fondos por canon minero, Sorochuco obtuvo 2,1 millones y Huasmín 661.000 dólares.
Pero ese dinero ha cambiado poco o nada la condición social de los pobladores. El último reporte de 2009 del Instituto Nacional de Estadística e Informática indica que la pobreza afecta a 74,6 por ciento de los habitantes de Encañada, a 63,4 por ciento de los de Huasmín y a 75,4 por ciento de los de Sorochuco.
El último reporte de la Defensoría del Pueblo señala la existencia de 154 conflictos sociales activos en las 25 regiones del país, más de 57 por ciento de los cuales están relacionados a protestas socioambientales. El de Cajamarca es solo un caso.
"El pueblo de Cajamarca no se esperaba la declaratoria del estado de emergencia. Es una medida extrema que alentará el descontento de la población", declaró a IPS el legislador por Cajamarca, Mesías Guevara, del partido Perú Posible, aliado del gobernante Gana Perú.
"Los cajamarquinos no somos antimineros, pero lo que queremos es que se respeten nuestros derechos, como la obligatoria consulta previa. Supongo que los cajamarquinos que votaron por Humala deben estar muy desilusionados", puntualizó.
Además del retiro de la maquinaria de la compañía Yanacocha de la zona de las lagunas, las autoridades y dirigentes populares demandaron a Lerner un plazo de 24 horas para consultar con la decena de campesinos que se encuentran en estado de vigilia en la zona minera, en plena cordillera de los Andes a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.
"Le dijimos a Lerner que no podíamos firmar nada sin informar y consultar a las bases campesinas que se encuentran en las alturas, porque así se procede en nuestro pueblo, pero el primer ministro no comprendió y exigió la firma inmediata", manifestó Saavedra.
El enviado especial de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, especialista en conflictos sociales y que estuvo presente en las negociaciones del domingo, relató que ambas partes mantuvieron un diálogo respetuoso, amplio y participativo, y que, si bien no hubo acuerdo debido a discrepancias sobre el traslado de la maquinaria, confiaba en que habrá humo blanco.
"Aunque se han tomado medidas unilaterales, el diálogo no se ha roto. Nosotros seguimos el proceso desde hace varios días, por eso confiamos en que las conversaciones se restablecerán y que se arribará en breve a un acuerdo en beneficio del pueblo de Cajamarca", señaló Luque a IPS.
