En un trance que parece no tener fin, con el dolor y la angustia de no saber qué pasó a sus seres queridos, mujeres centroamericanas y de este país recorren México en busca de respuestas y justicia por parte de las autoridades.
Son las madres y esposas de migrantes que fueron secuestrados por grupos criminales en su camino hacia Estados Unidos. Son las que además de la zozobra, padecen el laberinto burocrático de funcionarios judiciales y de migración que no se hacen responsables del paradero de sus familiares.
La directora de la no gubernamental Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Ana Lorena Delgadillo, dice que ellas son las «víctimas indirectas» de la violencia en contra de las personas migrantes en México.
Son las que se convierten en el sostén económico de sus hogares y encabezan la búsqueda de sus familiares, pese al riesgo que implica indagar delitos del crimen organizado en colusión con autoridades policiacas y migratorias.
De acuerdo con la estatal e independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos, en promedio cada mes 1.600 migrantes son secuestrados en México.
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En su búsqueda de los desaparecidos, las mujeres acuden a todas las autoridades, pero su reclamo es ignorado, acusa Delgadillo en entrevista.
La también abogada detalla a Cimacnoticias/ IPS que junto con comités de madres y familiares centroamericanos, ha documentado la desaparición de migrantes en México desde abril.
—¿Cuál es el papel de las madres y esposas de personas migrantes desaparecidas, en la búsqueda de sus familiares?
—Las centroamericanas, como las mexicanas, enfrentan las mismas dificultades, sólo que las de Centroamérica no tienen documentos migratorios y les resulta más costoso desplazarse desde sus países de origen.
«La constante es que sus hijas, hijos o esposos migraron por necesidad, viven en condiciones de pobreza, en las que la única alternativa es migrar porque no hay trabajo en sus comunidades.
«Cuando pierden el contacto con sus familiares ellas asumen el rol de proveedoras, y pese a las limitaciones económicas comienzan la búsqueda de respuestas, de justicia ante autoridades absolutamente descoordinadas, ciegas e insensibles a la problemática», denuncia la activista».
Agrega que ellas deben sortear obstáculos como su escasa formación escolar y capacidad económica.
«Una de ellas me decía que no sabía cómo le iba a hacer para ir a la capital, que le dan miedo los carros. Sin embargo se ven obligadas a enfrentar un mundo que para ellas es desconocido y sin ningún tipo de apoyo gubernamental», precisa.
Delgadillo detalla que la barrera más importante para estas mujeres es el «desinterés» de las autoridades y su «total descoordinación». Advierte que «no hay claridad sobre cuál es la instancia que se va a encargar de esclarecer las desapariciones de migrantes».
«Si su familiar salió de Querétaro (estado central), las autoridades locales le dicen que vaya al lugar a donde el migrante se comunicó por última vez», narra la abogada.
Vía Crucis
Para las madres y esposas es muy complicado desplazarse, pues en general la última comunicación entre ellas y los migrantes ocurrió desde estados norteños como Tamaulipas.
Por ejemplo, la Fundación para la Justicia tiene documentadas 30 desapariciones en Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, de migrantes provenientes del Bajío, una región que se extiende por varios estados mexicanos.
Las madres y esposas que llegan a los estados norteños fronterizos se topan con autoridades estatales que se deslindan de su responsabilidad.
Lo mismo sucede con la Procuraduría General de la República, la cual les dice «que no tiene competencia aunque haya elementos para justificar su intervención, ya que detrás de estos crímenes está la delincuencia organizada», recalca Delgadillo.
Así, ellas van de «oficina en oficina, buscando a alguien que les dé respuesta y ninguna se las da. Ésa es la realidad de las madres mexicanas y centroamericanas». Estas últimas «van a sus consulados y a las instancias de procuración de justicia de sus países sin tener éxito».
Otra dificultad es que tampoco hay coordinación entre las autoridades de los países centroamericanos y de México.
«El país les cierra las puertas, ni siquiera les dan información, pero esas naciones tampoco han hecho una alianza contundente contra México para exigir que intervenga y defienda a sus connacionales», subraya.
Simulación
—¿A qué se debe la falta de resultados si en México hay instituciones y leyes en la materia?
—México tiene una estructura sobrecargada; es especialista en crear instituciones que no sirven para nada. Ciudad Juárez es un ejemplo claro, es el lugar donde más se ha invertido en fiscalías, instituciones, comisiones, pero las madres y familiares de las víctimas están en total abandono.
—¿Las autoridades se quedan en la simulación?
—El Estado mexicano tiene el interés de dar una buena cara a nivel internacional para no tener tanta presión por lo que está sucediendo.
«En las audiencias de la Comisión Interamericana o ante la ONU (Organización de Naciones Unidas), habla de todas las instituciones y programas que trabaja para defender los derechos de las personas migrantes. Lo que hace es simular».
Al desinterés y ausencia de voluntad política para esclarecer los crímenes se suma la falta de protocolos de investigación para encontrar a las personas desaparecidas y para identificar sus restos en caso de ser asesinadas, observa la abogada.
Plantea que la FJEDD, junto con grupos civiles en México y Centro América, trabaja en el diseño de un mecanismo regional que garantice el acceso a la justicia para las y los migrantes y sus familiares.
Visa humanitaria
También considera que de entrar en vigor, la visa humanitaria para migrantes víctimas de algún delito en México estipulada en la recién aprobada Ley de Migración sería insuficiente para garantizar que las y los centroamericanos denuncien crímenes en su contra.
Eso por carecer de empleo, vivienda y condiciones de seguridad para permanecer en el país hasta que culmine el proceso penal.
Por ello es necesario crear un mecanismo regional de acceso a la justicia para mujeres y hombres migrantes en tránsito, que permita la continuación del procedimiento sin que las personas tengan que permanecer en México, señaló Delgadillo.
La activista, quien actualmente documenta la desaparición masiva de mujeres y hombres migrantes en el país, refirió que sin la garantía de condiciones de vida digna para quienes han sufrido algún delito, «la visa humanitaria no va a tener impacto en el aumento de denuncias».
Se prevé que la llamada visa humanitaria para migrantes entre en vigor a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento de la Ley de Migración, proyectada a más tardar para el 21 de noviembre.
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia de noticias mexicana Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.
