La ascendente presión social obligó al presidente de Bolivia, Evo Morales, a suspender la construcción de una carretera a través de un territorio protegido y rico en recursos naturales, pero el anuncio apenas abre espacio a una negociación técnica y legal con los indígenas que lideran la protesta.
Morales recuperó su conocida frase "gobernar, escuchando al pueblo" y anunció la suspensión definitiva del proyecto vial ante la presencia a las puertas de la sede del gobierno, en La Paz, de centenares de niños, niñas, mujeres y hombres habitantes del central Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), reunidos en vigilia tras haber caminado 600 kilómetros en 66 días.
Con férrea decisión hasta este viernes 21, el mandatario izquierdista de origen indígena había impulsado en persona un plan para integrar por carretera los departamentos de Cochabamba, en el centro del país, y Beni, en el norte, con el respaldo de un crédito de 332 millones de dólares concedido por el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil.
El costo de la obra, que estaría a cargo de la también brasileña constructora OAS, es de 415 millones de dólares. El resto de la inversión lo aportaría el gobierno boliviano.
La pacífica marcha indígena iniciada el 15 de agosto en Trinidad, capital de Beni, fue reprimida violentamente por la policía el 25 de septiembre, cuando ya contaba con una gran adhesión popular, que el miércoles 19 se tradujo en un emotivo y multitudinario recibimiento en La Paz.
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La llegada de la marcha, que movilizó a miles de manifestantes hasta la sede de gobierno, transmitió un mensaje implícito de desaprobación al gobierno de Morales, según analistas.
El mandatario ya había recibido otro fuerte golpe el domingo 16, cuando 45 por ciento de los participantes en las primeras elecciones judiciales del país anularon intencionalmente su voto, según la encuesta a boca de urna realizada por la cadena de televisión ATB. El cómputo oficial aún no concluye.
Sólo 35 por ciento de los votantes habría respaldado a los aspirantes a magistrados que fueron preseleccionados por los representantes afines al gobierno en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que son mayoría.
"Queremos dejar cerrado el tema del Tipnis", dijo Morales, quien en una entrevista con líderes de la marcha indígena, concretada este viernes después de varios intentos frustrados, propuso presentar una ley de "intangibilidad" que establezca que ninguna carretera cruce por ese parque y territorio indígena.
Pero esa iniciativa no fue aceptada por los indígenas. El portavoz del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, David Crispin, explicó a IPS que declarar "intangible" al territorio indígena en conflicto significa privar a sus habitantes del uso de sus recursos naturales. Ante esta situación, anunció una etapa de amplio debate con el gobierno.
Crispin calificó la idea del presidente como un acto de "venganza", porque la restricción al uso de recursos naturales representaría quitarles sus medios de vida.
Patricia Ilimuri, presidenta de la Regional de Mujeres Amazónicas que agrupa a los pueblos leco, mosetén, tacana y ese eja, aseguró a IPS que no se moverán de La Paz "hasta que se atiendan todos los puntos demandados".
El millar de hombres, mujeres y niños de diferentes pueblos de zonas tropicales, que llegaron a La Paz apoyados por aborígenes de zonas vallunas y altiplánicas, recibe cobijo en aulas de la universidad estatal.
Autoridades y funcionarios del municipio de La Paz, organizaciones sociales y otros ciudadanos se encargan de recolectar donaciones y alimentos para la preparación de la comida en ollas comunes, mientras otros grupos de marchistas permanecen en las afueras del Palacio Quemado, sede de la Presidencia, a la espera de respuestas del gobierno.
La marcha indígena, la octava desde 1990, llegó en medio de una campaña de descrédito alentada por el gobierno, pero se transformó en la interpelación pública al presidente Morales, que se había declarado defensor de la Madre Tierra y de los pueblos originarios.
La Constitución aprobada por iniciativa del propio Morales les reconoció derechos para decidir en las tierras comunitarias y de origen.
En un intento por recuperar la adhesión popular, el mandatario también prometió incluir en la ley de protección al Tipnis un artículo que sanciona su ocupación por ajenos, así como el desalojo inmediato de quienes lo invadan.
El mensaje está dirigido a los grupos de cultivadores de coca que expanden sus actividades en parques nacionales, lejos de las áreas donde está permitida esta actividad. Morales sigue siendo el líder de seis organizaciones de productores del vegetal en la zona central del departamento de Cochabamba.
Crispin informó que durante las negociaciones se exigirá el respeto a los 22 territorios indígenas distribuidos en llanos, valles y altiplanicie, porque en todas esas zonas subsiste el peligro de avasallamiento de tierras y la intención de colonos de apoderarse de áreas ricas en recursos naturales.
El pliego de 16 puntos presentado por ellos comprende, además del rechazo a la construcción de la carretera a través del Tipnis, una demanda de respeto a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en la nueva legislación agraria.
Una de las mayores preocupaciones de los pueblos indígenas es la aplicación del derecho a la consulta mediante una norma, condición que no fue cumplida en la preparación del cuestionado proyecto carretero a través de la zona protegida entre los departamentos de Cochabamba y Beni.
