Como las bíblicas que asolaron Egipto, 10 plagas cayeron en los últimos años sobre las otrora florecientes industrias básicas del sudeste venezolano, las de hierro, acero, aluminio e hidroelectricidad.
Como resultado, salta un cortocircuito con el sector productivo privado, crece la conflictividad sociolaboral y se aleja la esperanza de implantar en esta región fronteriza con Brasil y Guyana una economía diversificada, que supere la dependencia del petróleo.
"Casi todas las empresas básicas tienen los mismos problemas: faltan insumos, repuestos, equipos, las líneas de producción están paralizadas, aumentaron las nóminas de trabajadores, se violan los convenios laborales y quienes dirigen hacen política pero no gerencia", se quejó el dirigente obrero siderúrgico José Jiménez ante corresponsales de la prensa extranjera de visita en la zona, entre ellos IPS.
En la cadena del aluminio, "la producción cae estrepitosamente y con ella la mística de trabajo, mientras proliferan escuelitas para, supuestamente, enseñar marxismo a los trabajadores", dijo el líder sindical del sector José Luis Morocoima, convaleciente de un balazo que recibió en la cabeza en medio de un conflicto laboral en mayo.
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"La merma en la producción de las empresas básicas, estatales, se ha traducido en el cierre de 162 de las 310 plantas que transformaban sus productos en el sector y, de las que subsisten, la que utiliza más su capacidad instalada no llega a 40 por ciento", advirtió el presidente de la Cámara de Industriales privados de la región, Fernando Goyenechea.
Para el analista Damián Prat, quien sigue la historia de estas empresas desde hace 30 años, "a partir de 2005 comienza el declive productivo, y el denominador común es el abandono de la inversión, del mantenimiento, el aumento de nóminas y la corrupción".
El grupo de empresas básicas de Guayana se desarrolló en los últimos 40 años del siglo XX alrededor de la confluencia de los ríos Orinoco y Caroní, a unos 550 kilómetros al sudeste de Caracas.
La idea fue aprovechar el enorme potencial de la zona en hierro, bauxita, metales preciosos y otros minerales, hidroelectricidad, recursos forestales y turismo a partir de paisajes únicos, como los grandes saltos de agua y montañas de techo plano.
Surgió así el sistema de represas en el bajo río Caroní, un portento hidroeléctrico de 900 kilómetros de longitud con un caudal medio de 5.000 metros cúbicos por segundo y que, a partir del lago artificial Guri, de 4.000 kilómetros cuadrados, alimenta tres complejos con capacidad instalada de 12.500 megavatios/hora. Se construye un cuarto, aunque con retrasos.
La principal represa de Guri, con capacidad para 10.000 megavatios/hora en 20 turbinas, tiene 14 en operación, mientras las restantes permanecen paradas o en mantenimiento, según constataron los corresponsales.
Con esa electricidad se impulsó la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), primero estatal, vendida en 1997 al grupo Ternium, perteneciente al consorcio argentino Techint, y nuevamente estatizada en 2008.
A mediados de la década pasada, aún en manos de Ternium y con 5.000 trabajadores, Sidor produjo 4,3 millones de toneladas anuales de acero. En cambio, en lo que va de 2011 y con el doble de empleados solo coló 2,1 millones de toneladas y cerraría el año con 2,6 millones.
Sidor se alimenta de Ferrominera Orinoco, que en la zona extrae hierro y lo entrega como mineral en bruto, pellas y briquetas. De su producción histórica de 20 millones de toneladas anuales pasó el último año a 13 millones de toneladas, aseguró el líder del sindicato de esa empresa, Rubén González.
A partir de las reservas de bauxita en el Orinoco medio, de unos 6.000 millones de toneladas, se desarrolló la industria de alúmina (bauxita refinada) y aluminio primario, con las empresas Alcasa y Venezolana de Aluminio (Venalum), con capacidad nominal para producir juntas más de 600.000 toneladas anuales.
Surgieron también en la zona industrias como Carbonorca, de ánodos de carbón para reducir aluminio, y Fesilven, para aleaciones especiales. En todas esas empresas, según denuncian sindicalistas y empresarios privados, el panorama es de caída brusca de la producción, aumento de las nóminas, carencia de inversiones, atraso tecnológico y escasez de materiales.
En Carbonorca, "por intereses políticos se llevó la nómina de 470 a 700 empleados. Muchos de ellos no tienen silla o pasan horas jugando ante las computadoras, pero también muchos otros mantienen la mística y producen los ánodos que ayudan a los compañeros de Alcasa a no paralizar sus operaciones", dijo el responsable sindical Emilio Campos.
Mientras se debate sobre lo que debió hacerse y cuánto debió invertirse en estas empresas de Guayana, se registró una dura sequía en 2009 y 2010 que llevó a un racionamiento eléctrico y obligó a empresas como Venalum a cerrar la mitad de sus celdas reductoras para no dejar sin el fluido a ciudades enteras en el norte del país.
Venalum "consume 800 megavatios/hora, la mitad de lo que requiere la gran Caracas (con cinco millones de habitantes) y debimos cerrar más de 400 de las 905 celdas que tenemos. De 439.000 toneladas producidas en 2008, caímos a 258.000 en 2010", detalló a los corresponsales Rada Gamluch, quien ostenta el cargo de trabajador-presidente de la corporación.
"El plan Guayana Socialista, en el que estamos empeñados, contempla la recuperación gradual de Venalum, con una producción de 270.000 toneladas para este año, 300.000 el próximo y más de 400.000 en 2014", anunció Gamluch.
Según sus cálculos, una inyección de 400 millones de dólares por parte del Estado le permitiría saldar pasivos con obreros y proveedores, además de pagar a la corporación eléctrica estatal por el fluido que le suministra, pues Venalum arrastra una mora de dos años.
Damián Prat afirmó, empero, que "la caída de Venalum se desencadenó incluso antes de la crisis eléctrica". En 2004 registró una ganancia neta de 60 millones de dólares pese a que la tonelada de aluminio solo valía 1.500 dólares, mientras que registró pérdidas en 2006, cuando los precios internacionales pasaron los 2.500 dólares la tonelada y registró una producción similar".
Deficiencias gerenciales y una fuerte politización estarían en la raíz de esos males, según los críticos. Aumentan los ingresos de personal, al parecer con fines electorales, a lo que se agrega el proselitismo oficialista y prácticas de corrupción, sostienen.
Varias fuentes hablan del posible desvío de "cupos", porciones de la producción que obligatoriamente deberían ir a productores nacionales, pero que algunos intermediarios envían al exterior para beneficiarse del diferencial cambiario. Es que en Venezuela imperan rígidos controles de cambio, de precios y de tarifas.
Los conflictos laborales están a la orden del día, principalmente por retrasos en el pago de pasivos a los trabajadores, en un contexto marcado porque, según Goyenechea, las empresas básicas tienen 45.000 empleados y podrían funcionar con 12.000.
Las empresas también han sido permeadas por la violencia que acompaña en la región la actividad laboral y sindical en el ramo de la construcción, así como por laxitudes en el cuidado ambiental, principalmente en las instalaciones procesadoras de alúmina.
Para recuperar las empresas, el partido opositor Un Nuevo Tiempo propuso en febrero, sin éxito, un proyecto de ley para crear un fondo de 3.100 millones de dólares. Goyenechea estima que una recuperación de las empresas básicas más nuevos desarrollos sobre los mismos recursos naturales consumiría el doble de esa suma.
La dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez (1948-1958), la democracia bipartidista que imperó entre 1958 y 1998, y el proceso "bolivariano y socialista" que dirige el presidente Hugo Chávez desde 1999 coincidieron en concebir y prometer un futuro luminoso para Guayana y sus empresas. Todavía luce lejano.
