«¿Cómo se le hace para quitarse de encima este desasosiego, esta sensación de que todo lo que hacemos no vale para nada?», escribió en su cuenta de Facebook una periodista mexicana, luego del asesinato de dos colegas en esta capital.
La aparición de los cuerpos de Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, ambas de 48 años, conmocionó a la sociedad mexicana tanto por la brutalidad con que las mataron como por la relación laboral de la primera con la revista Contralínea, que ha sufrido un acoso permanente en los últimos años.
También porque son las primeras periodistas asesinadas en la ciudad de México desde que el gobierno del conservador Felipe Calderón le declaró la "guerra" al narcotráfico, poco después de asumir el cargo en diciembre de 2006.
"Los periodistas mexicanos estamos de luto, no sólo por este crimen sino por todos los demás cometidos contra el gremio", declaró, en una carta abierta al alcalde de la ciudad, Marcelo Ebrard, el colectivo "Los Queremos Vivos", que en agosto del año pasado convocó a una insólita marcha de periodistas.
A la condena se sumaron distintas asociaciones de periodistas y de mujeres, además de dirigentes de todos los partidos políticos. Pero, a diferencia de 2010 cuando la indignación por el secuestro de cuatro reporteros derivó en la manifestación gremial más grande que ha habido en México, lo que ahora prevalece es el estupor.
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"Cada día, hay algo más terrible que el anterior. Todos miramos con el estómago revuelto, pensando en las personas que amamos, en el país. Tristeza y rabia. ¿Qué hacemos con esta desafortunada combinación?", dijo una locutora de radio.
La violencia en México dejó en más de cuatro años, según datos oficiales y de las organizaciones de la sociedad civil, más 40.000 personas muertas, 10.000 desaparecidas y 700.000 desplazadas de sus hogares, además de una cantidad no cuantificada de viudas, huérfanas, mutiladas y heridas.
En las últimas semanas, empero, la violencia se acercó a lugares que habían quedado al margen. Primero fue un cruce de balazos afuera de un estadio de fútbol en el norteño estado de Coahuila, durante la transmisión en vivo del partido, y luego el incendio provocado por mafiosos en un casino de la nororiental ciudad de Monterrey, que causó la muerte de 52 personas.
Ahora, el asesinato de estas dos periodistas en la ciudad de México.
Ninguna de ellas ejercía actualmente el periodismo activo. Yarce era responsable de las relaciones públicas de Contralínea y González Trápaga, quien trabajó para Televisa, estaba dedicada a un negocio privado.
Sus cuerpos fueron encontrados, sin ropa, amordazados, golpeados y con un cable alrededor del cuello, el jueves en un parque del sudoeste de la ciudad de México, pocas horas después de que sus familiares denunciaron su desaparición.
El asesinato tuvo un efecto devastador en el ánimo de los mexicanos y mexicanas.
Clemencia Correa, investigadora de la Universidad de la Ciudad de México y especialista en el manejo del miedo, aseguró a IPS que en este país se está implementando una política de terror que busca paralizar a la sociedad.
"Es muy complejo hablar de México hoy. Lo que vemos es que se está implementando una política de terror que pasa por diferentes dimensiones y que, a diferencia de antes, que había políticas de Estado contra defensores de derechos humanos o movimientos sociales, ahora están ocurriendo contra la población general y están marcados por una estructura de impunidad", explicó.
Por su parte, Verónica Martínez Solares, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del consejo directivo de la Organización Internacional para el Apoyo a Víctimas, coincidió en que las consecuencias de estos actos pueden ser devastadoras para las comunidades, porque el miedo y la desesperanza provocan una ruptura profunda en los tejidos sociales.
"La lógica del miedo es una forma de dominación y control social muy poderosa, porque alimenta la pérdida de identidad individual y social y causa parálisis, aislamiento y segregación", puntualizó.
"Y esto favorece el autoritarismo y legitima la violación de derechos humanos en nombre de la seguridad", explicó a IPS.
Esto ya comenzó a ocurrir. El 25 de agosto, una información falsa difundida en la red social Twitter desató el pánico en el puerto de Veracruz, en el Golfo de México, y 22 escuelas clausuraron las clases ante el rumor de que criminales disparaban contra niños.
El origen de esa versión fue el incendio de un vehículo afuera de una escuela, que se mezcló con un enfrentamiento armado en otro lugar de la ciudad,
Un día antes, una intercambio de disparos en el exterior de una escuela de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, dejó heridas a cuatro mujeres que esperaban a sus hijos, por lo cual el rumor en Veracruz, que se difundió en al menos 17 cuentas de Twitter, causó pánico.
Un día después, las autoridades detuvieron a dos de los que difundieron la información. Se trata de Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola, empleada del gobierno estatal y quien el mismo día del rumor había aclarado que la información fue falsa.
Ambos están presos, acusados de delitos de "terrorismo equiparable y sabotaje", y sujetos a un proceso penal que tiene una sanción de tres a 30 años de cárcel.
El miércoles 31 de agosto, el parlamento del sureño estado de Tabasco siguió la misma ruta y aprobó una reforma que penaliza con seis meses a dos años de cárcel a quien difunda falsas alarmas vía telefónica o redes sociales que provoquen movilización, pánico y caos social.
La organización internacional Artículo 19 asumió el lema "yo también soy twiterrorista" y declaró que "antes que atacar a twiteros, alentamos al gobernador a que respete los derechos humanos, en especial el de la libertad de expresión".
"La severa crisis de seguridad de Veracruz no se debe a expresiones en Twitter. Se debe a la incompetencia de las autoridades", agregó.
El mismo día que en Veracruz se dictaba formal prisión contra los twiteros que difundieron la versión de ataques a niños en escuelas, en la periferia de la ciudad de México un conductor baleó un bus escolar de un centro privado que transportaba a siete alumnos.
La Organización Mundial de la Salud define la violencia colectiva como "el uso instrumental de la violencia por gente que se identifica a sí misma como miembros de un grupo, ya sea transitorio o de larga duración, contra otro grupo, sea real o imaginado con el fin de conseguir determinados objetivos políticos, económicos y sociales".
"El problema es que en México no hay aún estudios de los efectos sociales que está provocando esta violencia", dijo Martínez Solares.
Correa señaló que el discurso oficial de que hay que dirigir las condenas a los grupos criminales, y no solo al gobierno busca, confundir a la gente.
"Sería absurdo reclamarle a los criminales la justicia, porque estaríamos negando el estado de derecho", afirmó.
"La desmilitarización no es solo sacar al ejército de las calles, es desmantelar una política de terror que va a provocar mucho daño a la sociedad", concluyó.
