Celia Mendiola Torres tiene 82 años y vive en Almoloya de Alquisiras, un municipio rural de México. Hace tres años sufrió un derrame cerebral y desde entonces requiere revisiones médicas constantes y tomar al menos dos medicamentos al día.
En 2004 se había afiliado al Seguro Popular (SP), programa creado por la federal Secretaría de Salud (SS), creyendo que tendría la atención adecuada para su padecimiento. Pero «de nada le ha servido», dice Margarita, su hija.
La adulta mayor forma parte de las 46 millones de afiliados al SP hasta junio de este año; las mujeres representan 54,2 por ciento del total, reporta la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, rectora de este programa de atención.
El SP es público y voluntario y nació para dar asistencia subsidiada por el Estado a quienes carecen de cobertura de salud. Los afiliados aportan una cuota proporcional a su ingreso y tienen acceso a los centros del sistema sanitario público.
Al cierre de 2010, la cifra de personas afiliadas era de 43 millones 518.719, después de triplicarse el número de personas que se registraron ese año en el seguro, respecto a 2009.
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El vía crucis de Mendiola, que vive en el central estado de México, es tan solo un ejemplo de lo que todos los días padecen millones de mexicanas que buscan satisfacer el derecho a la salud, garantía estipulada en el artículo cuarto de la Constitución.
Pero los especialistas señalan que esa garantía ha sido negada para la inmensa mayoría de la población en los cinco años de la gestión del presidente conservador Felipe Calderón, cuyo sexenio comenzó en diciembre de 2006
Una tortura
Mendiola tiene que llegar a la unidad médica de la SS a las 6:00 de la mañana para «alcanzar ficha» y pasar a consulta. Para lograrlo, cuenta la hija, «salimos a las 4:30 de la mañana y tenemos que tomar un taxi que nos lleve a la clínica», a dos horas de distancia de Almoloya.
Gastan en pasaje 300 pesos (24 dólares) «sólo en el viaje de ida», precisa.
Una vez en la unidad, la espera parece eterna. «Vamos pasando a consulta hasta la 1 o 2 de la tarde» y la calidad de la atención «deja mucho que desear», porque después de tantas horas «el doctor medio la revisa y no le da las medicinas que necesita, solo le dieron hierro y otras vitaminas», narra Margarita.
La hija de Mendiola considera que acudir al SP es muy desgastante para su madre por el tiempo de espera y porque además le representa un gasto que «no vale la pena», ya que de cualquier forma ella y su familia tienen que comprar cada mes dos cajas de medicamentos, que valen entre 32 y 48 dólares cada una.
Entre las disposiciones del SP se encuentra el otorgamiento gratuito de medicamentos, sin embargo por el desabastecimiento de fármacos esa medida en muchos casos no se aplica.
Más afiliadas, menos derechos
A pesar del aumento en la afiliación al SP, tras la reforma a la Ley General de Salud en 2009, la SS disminuyó hasta en 40 por ciento el recurso destinado a la atención de cada mujer usuaria de este servicio.
A decir de organizaciones expertas en el tema, este hecho se tradujo en servicios deficientes por falta de personal e insumos para garantizar el derecho constitucional a la salud.
A su vez, de 2005 a 2010 el número de médicos familiares o generales en el SP pasó de 20.571 a 29.137, según un análisis del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos. La organización civil calcula que cinco millones de afiliados y afiliadas al seguro viven en municipios que tienen menos de un médico por cada 100.000 habitantes afiliados al SP.
Disminución de derechos
Con la reforma a la Ley de Salud cambió el «indicador de cobertura, pasando de familias a personas», se explica en la investigación «Seguro Popular: afiliación y presupuesto», realizada por Briseida Lavielle, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Según los impulsores de la reforma, con la modificación se otorgarían «mayores recursos hacia aquellas entidades federativas que tienen un mayor número de miembros por familia». Pero en 2010 se redujo el presupuesto destinado a la atención de cada persona afiliada en los 31 estados mexicanos.
Solo aumentó el subsidio para las personas afiliadas en el centro-oriental estado de San Luis Potosí, de 57 a 74 dólares para ese año.
Otra de las justificaciones del cambio a la Ley de Salud era que permitiría «avanzar hacia la cobertura universal de la salud, ya que con los mismos recursos asignados será posible afiliar a una mayor cantidad de personas», refiere el análisis de Fundar.
En efecto se incrementó el número de personas con SP, pero significó menos recursos para la atención médica de cada una de ellas.
Por ejemplo, el estado noroccidental de Baja California en 2009 recibió un subsidio de 120 dólares por persona afiliada, que disminuyó a 64 dólares en 2010, un recorte de más de 40 por ciento.
En una situación similar está, entre otros como el suroriental estado de Veracruz, o el Distrito Federal, asiento de la capital, detalla la investigadora de Fundar.
Lavielle apunta que la disminución del gasto va en perjuicio de la población más marginada, en particular las mujeres, ya que ejercer el derecho a la salud «implica mucho más que estar afiliado a un esquema de financiamiento» como el SP.
Pesadilla sin fin
Carmen de la Cruz también está afiliada al SP. Padece diabetes, enfermedad que cada vez deteriora más su estado de salud sin que tenga opciones para recibir atención de calidad, ya que sus ingresos apenas le permiten subsistir.
«Soy costurera y me mantengo con los trabajos que me traen a la casa», cuenta esta mujer de 53 años, residente de Tlalnepantla, también en el estado de México.
Ella intentó conseguir una cita en el centro de salud más cercano a su casa en más de tres ocasiones, «pero ni llegando a las 5:00 de la mañana alcancé ficha».
No le quedó de otra que ir a los servicios de salud ubicados a una hora de distancia de su hogar. «De todas formas hay que llegar temprano, pero es más seguro que me atiendan», explica.
El primer día De la Cruz llegó a las 6:30 de la mañana. «Dieron las fichas a las 9:00 y pasé a consulta a la 1:30 de la tarde», explica. Le tocó el turno 19 de los 23 que se reparten todos los días.
«La atención no es buena, no revisan bien, pasan rápido un paciente tras otro porque siempre hay mucha gente», relata.
En 2010 por cada familia el SP aportó 13,7 por ciento de un salario mínimo, proporción inferior al 15 por ciento aportado desde su creación en 2004 hasta antes de la reforma a la Ley de Salud.
En 2010 el seguro recibió más de 3.850 millones de dólares y para este año se le asignaron más de 4.487 millones.
De acuerdo con Briseida Lavielle es necesario que se evalúe y se rinda cuentas sobre la suficiencia presupuestaria del SP, para hacer sostenible la atención integral de la salud de las personas afiliadas.
Ello para que «se haga posible el ejercicio efectivo de su derecho a la salud», afirma.
* Una versión de este artículo fue publicada originalmente por la agencia de noticias mexicana Comunicación e Información de la Mujer AC (Cimac)
