A medida que avanzan los procesos por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la última dictadura en Argentina, se develan casos de jueces y fiscales, muchos aún en funciones, que fueron cómplices de esos delitos amparando o justificando la represión.
Gracias a la memoria de testigos y de los sobrevivientes del aparato de exterminio de la dictadura instalada en 1976, así como al persistente trabajo de las organizaciones humanitarias, se pudo evitar en general que miembros del Poder Judicial de la época acusados de esta connivencia intervinieran en los juicios a los represores.
Sus denuncias sobre estos funcionarios, que lograron seguir sus carreras judiciales tras la recuperación de la democracia en 1983, obligan poco a poco a apartarlos del sistema.
El caso más próximo en el tiempo es el del juez Otilio Romano, integrante de la Cámara Federal de la occidental provincia de Mendoza (tribunal penal de segunda instancia), quien a pesar de las múltiples acusaciones de testigos en su contra siguió en el cargo hasta fines de agosto.
La justicia había confirmado la participación de Romano en 76 casos de secuestro, torturas y desapariciones entre 1975 y 1983 y un juez de primera instancia lo procesó por otros 17 delitos de lesa humanidad perpetrados en la misma época.
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Sin embargo, Romano eludió durante meses la acción de la justicia y también la sanción política ya que el Consejo de la Magistratura, integrado por legisladores y juristas que decide el inicio de juicio político, solo ahora lo suspendió de su función.
El Consejo, que pidió su separación del cargo y habilitar el juicio político, sostuvo que Romano era "funcional" al terrorismo de Estado imperante en la época al omitir investigar los delitos de lesa humanidad cuando se desempeñaba como fiscal.
Colegas suyos como Luis Miret, Rolando Carrizo y Guillermo Petra Recabarren también fueron procesados, suspendidos o enjuiciados por denegar justicia a múltiples víctimas de la dictadura y conservaron sus puestos hasta hace poco.
La directora del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Centro de Estudios Legales y Sociales, Carolina Varsky, dijo a IPS que esa organización no gubernamental especializada viene denunciando esta complicidad desde la época dictatorial, pero "recién en la última década esto se puso en debate".
"Desde el final de la dictadura hasta bien entrados los años 90, las denuncias (de esa connivencia con el régimen) no hacían mella en el Poder Judicial, que amparaba a jueces cómplices de la dictadura", explicó.
Muchos de ellos inclusive ingresaron al período constitucional y se mantuvieron en sus cargos pese a haber sido designados en los tiempos dictatoriales.
No obstante, reconoció que "en la última década se comenzó a debatir este tema y en los últimos años tomó impulso de manera progresiva" merced a "la consolidación del proceso de justicia por los crímenes de la dictadura", subrayó.
Aún así, para las organizaciones defensoras de los derechos humanos sigue resultando inadmisible que aún integren el Poder Judicial quienes fueron cómplices del terrorismo de Estado, que sigan en funciones y que puedan estar a cargo de un tribunal que juzga esos delitos.
Hay, por ejemplo, diversos casos de funcionarios involucrados en causas de apropiación de menores, un tema que devino en delito de lesa humanidad más recientemente en Argentina cuando se probó su carácter sistemático.
Durante la dictadura se registraron unas 11.000 desapariciones forzadas de personas, según lo probado hasta ahora oficialmente, pero las organizaciones humanitarias elevan esa cantidad a 30.000.
También fueron desaparecidos por la represión unos 500 niños y niñas nacidas durante el cautiverio de sus padres o secuestrados con ellos. Muchos de esos menores fueron apropiados por los captores.
La asociación Abuelas de Plaza de Mayo, dedicada a buscarlos, ya logró restituir la identidad a 104 de ellos, hoy ya adultos, algunos de los cuales habían sido criados por sus propios captores, mientras que otros fueron adoptados en forma irregular o de buena fe.
Según explicó a IPS el abogado de la asociación, Alan Iud, del total de 104 nietos ubicados, alrededor de 30 por ciento habían sido entregados en adopción, de ahí que la entidad investiga los expedientes judiciales de guarda y adopción de aquella época.
Tienen esperanza de encontrar otros casos de nietos cuya verdadera identidad está oculta bajo un trámite judicial viciado. Entretanto, las Abuelas deben estar alertas porque algunos de los funcionarios que intervinieron en esos expedientes siguen en actividad.
En los últimos años se fueron conociendo diversos casos de jueces que, aun conociendo la historia del niño, omitieron corroborar su procedencia y los entregaron a desconocidos en trámites que insumieron apenas unas pocas horas, sin intentar buscar a la familia biológica del menor.
Uno de ellos fue recusado en un tribunal que iba a juzgar un caso de apropiación, ya que él mismo había sido asesor de menores en casos en los que hijos de personas desaparecidas fueron entregados a desconocidos en trámites irregulares.
La ley de adopción argentina en la época dictatorial, aun con sus deficiencias, obligaba a agotar todas las instancias para dar al menor en guarda a algún familiar directo antes de proceder a la entrega a una familia como recurso de última instancia.
Dos de las juezas que actuaron en forma irregular en esos casos, y lo reconocieron públicamente— ya fallecieron. Se trata de Delia Pons, quien entregó a tres hijos de desaparecidos, y la jueza Ofelia Hejt, que dio en adopción al menos a 15.
Según el testimonio de Abuelas, recogido para el film "Botín de Guerra", Pons les dijo una vez: "Señoras, yo estoy segura de que sus hijos eran terroristas y para mí terrorista es sinónimo de asesino y a los asesinos no pienso devolverles a los hijos".
"No sería justo hacerlo, porque no sabrían criarlos y porque no tienen derecho a hacerlo", cuentan las Abuelas que les recalcó. De esa manera la jueza Pons justificó su proceder ilegal, corroborado en múltiples casos de entrega de niños.
Luego de la muerte de esta jueza y de varios intentos infructuosos, Abuelas logró que se analicen expedientes archivados en ese tribunal para conocer nuevos casos de menores apropiados cuya identidad fue borrada con la complicidad de la magistrado ya fallecida.
Otro juez, Luis Vera Candiotti, fue procesado este año por la sustracción de una menor en 1977. A pesar de saber que la niña había sido arrebatada a sus padres, que luego fueron desaparecidos, la entregó a sus apropiadores en un procedimiento ilegal.
Otros funcionarios hoy investigados en este tipo de delitos son el ahora exjueces Juan Carlos Marchetti y Delfin Castro, cómplices de causas en las que se ocultaba el origen de los menores y se los entregaba en falsas adopciones.
Finalmente, hay otros funcionarios que Iud prefiere no mencionar, porque aún están en actividad, pero que se conoce su complicidad en delitos cometidos en juzgados de menores durante la dictadura, cuando se desempeñaban como jueces o secretarios.
Uno de ellos, actualmente juez de la Cámara de Casación Penal, está asociado a diversos casos de entregas ilegales, entre los que se cuenta el del hijo de la uruguaya Sara Méndez, que había sido entregado a un comisario y vivió con éste hasta que fue encontrado y restituida su verdadera identidad.
Méndez, quien sobrevivió a las torturas y los campos de detención, lo buscó en Uruguay y Argentina por años hasta dar con su paradero. También comenzó en julio el proceso contra un fiscal en funciones, Juan Romero Victorica, acusado de pasar información al apropiador de una niña robada a sus padres desaparecidos y entregada a uno de sus captores.
Romero Victorica había sido cuestionado por el Congreso legislativo en los años 90, frustrando su designación como juez como había propuesto el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999). Ante ello, el mandatario lo nombró fiscal penal.
