El envío de grandes contingentes militares a la región del Bajo Aguán, en Honduras, revive el añejo conflicto por la tierra en una zona donde convergen actores ligados al crimen organizado, que pueden prestarse a acciones armadas, terratenientes y campesinos que reclaman una nueva reforma agraria.
La violencia creció en la segunda parte del mes en el fértil valle del Bajo Aguán, en la nororiental región atlántica, donde fueron asesinadas 14 personas, entre ellas un dirigente del Movimiento Auténtico de Reivindicación Campesina (Marca) y otro del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca).
Primero fue el presidente del Marca, Secundino Ruíz Vallecillo, quien fue ejecutado el 20 de este mes cuando venía de retirar un dinero del banco para efectuar los pagos de fin de semana a los labriegos. Un día después fue asesinado en su casa el vicepresidente del Muca, Pedro Salgado, y su esposa, Reyna Mejía.
Los crímenes, al parecer a cargo de sicarios, se perpetraron en momentos en que las autoridades desplazaban a la zona un operativo militar y policial de unos 1.000 efectivos, denominado Xatruch II, que mantiene severos controles carreteros, entre otras acciones.
En el caso del asesinato del presidente del Marca, las autoridades apuntan al móvil del robo, pero no dan mayores evidencias que justifiquen su tesis, mientras que en el caso del vicepresidente de Muca ni siquiera tienen pistas ni hipótesis al respecto.
[related_articles]
Para la Plataforma de Lucha de Derechos Humanos, que agrupa varios organismos civiles, el problema del Bajo Aguán es tan complejo que "el mismo Estado puede caer en una trampa si se conforma una estructura de escuadrones de la muerte al servicio de los terratenientes, como parece ser la tendencia", dijo a IPS uno de sus integrantes, Andrés Pavón.
Los temores de Pavón son compartidos por el sociólogo Eugenio Sosa, quien estuvo en la zona de conflicto y entiende que, si bien no existen indicios que apunten al accionar de paramilitares al servicio del Estado como en la década del 80, "sí hay aprovechamiento de mafias del tráfico de drogas que, en función de hacer negocios, no les importa pactar con quien se les acerque".
Sosa recordó a IPS que el conflicto agrario en Honduras no es nuevo, solo se reedita cada tiempo y esta vez con mayor violencia por la presencia de actores ajenos a los sectores en pugna.
La región del Aguán, como todo el norteño departamento de Colón, sostiene, son "zonas donde la institucionalidad no ha funcionado y el Estado siempre ha sido débil frente a estos problemas".
Para el coronel en retiro Agustín Avelar, en tanto, la presencia militar y policial no "puede por sí sola resolver ese conflicto, pues ahí se necesitan respuestas integrales del Estado".
"En esa zona hay un conflicto que está haciendo crisis y, si no se controla, no habrá vuelta atrás. Cualquier cosa puede suceder", advirtió ante la consulta de IPS.
El problema de la tierra en Honduras es tan persistente en el tiempo como violento. Si bien hubo un aplacamiento con la reforma agraria de hace medio siglo, al distribuirse más de 409.000 hectáreas, ello no frenó el proceso de concentración, intensificado en las últimas dos décadas. Se estima que unas 126.000 familias campesinas no tienen acceso ni a la tierra ni a un empleo permanente.
Con el gobierno del derechista Porfirio Lobo se abrió una puerta a la negociación de un nuevo proceso, pero los últimos hechos "pueden complicar todo porque los terratenientes no dan señales de ceder", dijo Sosa.
La violencia en el Bajo Aguán se reedita justo cuando el gobierno se aprestaba a entregar a campesinos del Marca, Muca y del movimiento Rigores casi 4.000 hectáreas de tierra que habían sido negociadas en un convenio de compra-venta con el magnate Miguel Facussé, principal terrateniente de la zona, luego de forzadas negociaciones que duraron 18 meses.
Facussé suspendió el acuerdo y, por tanto, también la entrega de las parcelas, tras acusar a los campesinos del asesinato de seis guardias privados de seguridad y de uno de los técnicos fitosanitarios.
Desde 2009, los campesinos mantienen choques con los terratenientes de la zona del Bajo Aguán, liderados por Facussé y René Morales, quienes son los que poseen mayor cantidad de hectáreas de tierra en la zona, que según los labriegos fueron apropiadas indebidamente.
En el caso de Facussé, sólo en la región atlántica posee unas 20.000 hectáreas y las acusaciones sobre la obtención de sus tierras, marcada por la violencia, no han prosperado en los tribunales.
Ante los últimos acontecimientos logró agrupar a todo el poder económico del país exigiendo al gobierno un "cese" de la violencia en el campo respetando "los derechos" de Facussé.
Ese respaldo permitió al influyente empresario insinuar que los grupos campesinos estarían siendo entrenados por extranjeros procedentes de Venezuela y Nicaragua, en un afán por darle al conflicto por la tierra un matiz ideológico involucrando a gobiernos izquierdistas.
Pero Gilberto López, de Rigores, refuta esas acusaciones y no duda en afirmar que quien tiene "alianzas es el Tío Mike (Miguel Facussé) y con los narcotraficantes que operan en la zona para liquidar campesinos".
"Lo digo sin miedo, porque aquí la muerte es la que nos sigue. La autoridad sabe de lo que estamos hablando", afirmó López. "De dónde nosotros vamos a sacar armas, es Facussé quien está contratando sicarios para los asesinatos", añadió en entrevista con IPS.
López considera que la militarización de la zona "no va a bajar la intensidad del conflicto, sino que lo puede empeorar, y lo que necesitamos es una nueva reforma agraria en donde terratenientes como Facussé y otros devuelvan lo que robaron con artimañas a los campesinos".
