«Usted podrá decirle a sus nietos que dio de baja al Mono Jojoy», dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al anunciar la salida de Rodrigo Rivera de su cargo de ministro de Defensa.
El comandante guerrillero Luis Suárez, apodado «Mono Jojoy» o «Jorge Briceño», miembro de la dirección nacional de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), murió el 22 de septiembre en un bombardeo de las fuerzas estatales.
Rivera fue ministro de Defensa desde que Santos asumió la Presidencia el 7 de agosto de 2010. Ahora pasa a la embajada de Colombia ante la Unión Europea, en Bruselas.
Lo reemplaza Juan Carlos Pinzón, de 39 años, un hombre de la entraña de Santos y hasta ahora secretario general de la Presidencia, equivalente a jefe de gabinete.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), cuando Santos dirigía esa cartera, Pinzón fue viceministro de Defensa, responsable del manejo presupuestal, un tema álgido dada la corrupción en la rama castrense.
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«Este joven gerencia la guerra en Colombia», manejando «uno de los presupuestos más grandes del Estado», decía de él en 2009 la revista Semana.
Cuando Santos fue ministro de Hacienda, en la administración de Andrés Pastrana (1998-2002), Pinzón fue su secretario privado.
Pastrana negoció tres años con las insurgentes FARC, y al tiempo gestionó la financiación estadounidense de la confrontación, a través del Plan Colombia, que priorizó la guerra aérea, y diseñó la modernización de las Fuerzas Militares.
Según analistas, el nuevo ministro será bien recibido por la jerarquía militar, pues es hijo de un general y está casado con la hija de otro oficial.
«Es una de las personas que más conoce nuestras Fuerzas Armadas», dijo el miércoles Santos, «tal vez no hay persona más capacitada para el Ministerio de Defensa» que Pinzón.
Respecto de las FARC, el ministro saliente Rivera destacó que durante su gestión se habrían desmovilizado 1.590 guerrilleros, 1.462 habrían sido capturados y 359 abatidos en combate. (Carta de retiro, texto completo).
[pullquote]1[/pullquote]Rivera venía recogiendo el agua sucia por cuenta de la reaparición de la guerrilla en el escenario público, producto de una mezcla de factores.
Uno es que las FARC rediseñaron su estrategia y la que tienen actualmente invalida la fórmula exitosa de la fuerza pública de los primeros años de Uribe.
Lo reconoció así el 26 de este mes el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Édgar Cely: «Ellos (las FARC) se van acomodando, se van adaptando y eso le va quitando efectividad a la estrategia, Esto ha pasado muchas veces, porque esto es cíclico», declaró a la prensa.
Según Cely, «las Fuerzas Militares también han empezado a modificar su forma operacional».
Por otra parte, en asuntos militares se libran dos guerras: la del terreno y la que tiene lugar en los medios.
Si bien hasta 2007 Uribe se mantuvo triunfante en ambos espacios, a partir de comienzos de 2008 solo conservó la delantera en el ámbito mediático.
Durante el mandato de Uribe imperó una fuerte presión sobre la opinión y la información que llegó, incluso, a permear el ámbito privado. No se toleraba ningún análisis que contrariara la percepción, promovida oficialmente, sobre la supuesta derrota militar guerrillera.
Analistas como los del Observatorio del Conflicto Armado, de la no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), fueron blanco de ataques presidenciales y de amenazas de muerte— porque contradecían la idea generalizada sobre el fin de los paramilitares derechistas o la virtual desaparición de las FARC.
Concretamente, la CNAI sostuvo en su balance militar de 2008 que ese había sido un año de avances para las FARC, desde el punto de vista militar, dada su estructura de ejército.
Los titulares de las noticias indicaban lo contrario: solo en marzo de ese año murieron los jefes guerrilleros Raúl Reyes e Iván Ríos y el fundador de las FARC, Manuel Marulanda.
En julio siguiente, los titulares fueron mundiales: la espectacular Operación Jaque sacó de un largo cautiverio en la selva a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, a tres asesores militares estadounidense y a 11 uniformados colombianos.
Jaque se presentó como un atrevido rescate. Entretanto, las evidencias tienden a fortalecer el análisis inicial, recogido en su momento por IPS, de que al menos un jefe a cargo de la vigilancia de los cautivos se vendió.
Al entrar el gobierno de Santos, que proviene de una familia de periodistas, la presión sobre la información tendió a disminuir.
Como resultado, Colombia comenzó a conocer y a reconocer— que las FARC, aunque mermadas, no están en «el fin del fin» como lo proclamó a mediados de 2007 el general Freddy Padilla, siendo comandante de las Fuerzas Militares.
Mientras, las crecientes amenazas y crímenes de las «Bacrim» (bandas criminales) contra defensores de derechos humanos, opositores y líderes de restitución de tierras las identifican cada vez más con los paramilitares de ultraderecha que sirvieron para usurpar millones de hectáreas y generar decenas de miles de muertos.
Aún hoy no se reconoce que el nombre «Bacrim» fue acuñado oficialmente desde la Policía Nacional para validar la desmovilización paramilitar parcial promovida por Uribe desde 2003. En realidad, un cambio de nombre de los grupos paramilitares que no se desmovilizaron o que resurgieron.
A Rivera, y de paso a Santos, les atribuyeron su ya inocultable accionar en amplias regiones del país.
