Desde que asumió la Presidencia de Brasil en enero, Dilma Rousseff efectuó en promedio casi un cambio de gabinete al mes, una demostración de poder que sin embargo puede herirla en el talón de Aquiles de los gobiernos democráticos de este país: los acuerdos con fuerzas aliadas en el parlamento.
Comenzó con la renuncia del poderoso jefe de gabinete Antonio Palocci, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) como Rousseff, después de que la prensa puso bajo la lupa denuncias sobre el aumento millonario de su patrimonio cuando era diputado.
Después vinieron cambios para fortalecer la Secretaría de Relaciones Institucionales responsable de mantener unidos y de negociar con los aliados en el Congreso legislativo y la reubicación de otros dos ministros para cubrir ese cargo y el de Palocci.
No sobrevivió a la ofensiva ni el ministro de Defensa, Nelson Jobim, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el más importante aliado del gobierno del PT.
Jobim, un ministro que Rousseff heredó del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), protagonizó varias insubordinaciones públicas, como confesar que había votado a la oposición en las últimas elecciones.
[related_articles]
En opinión del politólogo Mauricio Santoro, de la Fundación Getulio Vargas, Rousseff "heredó un gabinete parecido al de su antecesor, Lula, que tenía un estilo diferente de hacer política y que no necesariamente iba a funcionar con ella".
Por eso, "en los últimos meses hizo un reacomodo de la casa, cambiando los muebles de lugar", ilustró el analista, para quien no se trata de una crisis ni de un fortalecimiento institucional.
La duda de Santoro, compartida por el analista político Alexandre Barros, comienza con otros cambios en ministerios vinculados directamente a partidos aliados, sin los cuales en Brasil se haría difícil gobernar.
La coalición que llevó al poder a Rousseff está integrada por 15 partidos que la apoyan en el Congreso de este país sudamericano convertido en una dinámica potencia emergente.
Si bien el izquierdista PT es mayoría en ambas cámaras, necesita alianzas, negociaciones y trueques a veces no muy claros para aprobar proyectos legislativos. Los nombramientos en los ministerios forman parte de esos acuerdos que pueden ser cruciales.
Justamente tres ministerios "cedidos" a aliados del gobierno están ahora en el ojo de la tormenta.
El ministro de Transportes, Alfredo Nascimento, del Partido de la República (PR), y otros 20 funcionarios debieron renunciar por denuncias de corrupción en esa cartera a cargo de importantes proyectos de infraestructura del Programa de Aceleración del Crecimiento, una de las políticas estrella del gobierno.
Y esta semana, un ostentoso operativo policial arrestó al viceministro de Turismo, Frederico Silva da Costa, y a otras 38 personas, también ligadas al PMDB, acusadas de un esquema de desvío de recursos.
En la frágil vitrina de alianzas e intercambios de favores, en el Ministerio de Agricultura, asimismo controlado por el PMDB, ya renunció el segundo en jerarquía, Milton Ortolan, también bajo sospechas de corrupción.
"Me parece que la presidenta dio el mensaje de que eso podría ocurrir en otros ministerios", opinó el analista político Ricardo Ismael, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro.
Azuzado el avispero, los aliados ya comenzaron a replicar.
Lo que "está a prueba" para los aliados es "hasta dónde está dispuesta a ir la presidenta" en el combate a la corrupción, dijo a IPS Barros, de la consultora Early Warning.
"El PMDB ya se paralizó en el Congreso y dice que no votará nada más", alertó el analista, al referirse a una práctica política que considera "normal" en "cualquier sistema multipartidario", y que en el caso de Brasil puede amenazar la gobernabilidad.
Como subrayó Ismael, en el segundo semestre del año hay en el Congreso por lo menos tres proyectos para los cuales Rousseff necesita apoyo. Se trata de enmiendas constitucionales que aumentarían los gastos de gobierno y que la presidenta quiere evitar, especialmente en tiempos de inestabilidad económica mundial.
Aunque ninguno de los analistas considera que Rousseff esté atravesando una crisis institucional, advierten que podría presentársele si va más allá en la intervención de otros ministerios de la base aliada.
"Si la presidenta continúa llevando adelante lo que hizo en el Ministerio de Transportes, tendría un costo político muy grande porque, aun si ganara ante la opinión pública, perdería aliados", opinó Ismael. El PMDB fue "el fiel de la balanza" durante el gobierno de Lula y esa lógica hasta ahora no ha cambiado, recordó.
Si el combate a la corrupción avanza más allá del Ministerio de Transportes y afecta en mayor medida al PMDB "ahí sí comenzaría a tener problemas" de coordinación política, añadió Barros.
Esa hipótesis parece lejana, remarcan. Los indicios se vieron en la manera en que la presidenta encaró los nuevos escándalos. En el caso del Ministerio de Turismo, mostró distancia del operativo de la Policía Federal y hasta criticó lo que le pareció una exageración: que los detenidos fueran esposados.
Es que, según Santoro, el gobierno de Rousseff ha enfrentado el combate a la corrupción "dentro de ciertos límites".
"La verdadera prueba para comprobar si la campaña de corrupción es válida será si llega a los ministerios del PMDB", consideró.
Para entablar esa cruzada, estimó Ismael, Rousseff precisaría de un gran apoyo de la población que, según la última encuesta de la consultora Ibope, estaría perdiendo.
Según la encuesta realizada después de la crisis en el Ministerio de Transportes si bien la popularidad de la presidenta sigue siendo alta, cayó de 56 por ciento, en marzo, a 48 por ciento, en julio.
Pero la merma, según Barros e Ismael, debe atribuirse a otros motivos, además de la visibilidad de la corrupción: la percepción de que Rousseff no está tan presente en los medios marcando un estilo diferente al de Lula y la disminución de la euforia por el crecimiento económico.
