Honduras pudo regresar a la OEA sin tener que juzgar a los responsables del golpe cívico militar contra el presidente Manuel Zelaya en 2009, pero de todas formas sufre críticas y presiones internacionales para que haga justicia y actúe en materia de derechos humanos.
El actual presidente Porfirio Lobo defendió a su país luego de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, denunciara el martes la muerte de fiscales y ataques contra activistas en este país.
El mandatario aseguró que no existía ninguna política de Estado para "violentar los derechos humanos".
"Hemos creado una Secretaría de Derechos Humanos y Justicia, y en este gobierno no vamos a perseguir a nadie. Pasemos la página y miremos al futuro", afirmó Lobo en un discurso en cadena nacional tras el retorno de Honduras a la OEA (Organización de Estados Americanos), de donde había sido suspendido tras el derrocamiento de Zelaya.
Tegucigalpa también respondió a una carta presentada por 87 congresistas de Estados Unidos exigiendo a Washington que suspendiera la ayuda a las fuerzas militares y policiales hondureñas.
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"Nosotros respetamos los derechos humanos y estamos dando batallas fuertes que Estados Unidos bien sabe, y no entiendo el por qué malos hondureños se hacen eco de propuestas absurdas para cortar la poca ayuda que ese país da", dijo a la prensa el ministro de Seguridad, Óscar Álvarez.
Por su parte, el fiscal general, Luis Rubí, aseguró que en su oficina "no se encubría a nadie". "Invito a esos senadores a venir al país a constatar la situación de los derechos humanos, y queremos ser claros en el sentido de que nuestras investigaciones serán objetivas, y si hay responsabilidades las vamos a deducir", añadió.
Antes de que se concretara el regreso de Honduras a la OEA, los legisladores estadounidenses enviaron la carta a la secretaria de Estado (canciller), Hillary Clinton, solicitando la suspensión de la ayuda a Tegucigalpa por las constantes violaciones a los derechos humanos denunciadas por grupos de la sociedad civil locales e internacionales.
En la misiva, los congresistas, del gobernante Partido Demócrata, instan a Washington y a la embajada de Estados Unidos en Honduras a "presionar vigorosamente" a la administración de Lobo para que ponga fin a las violaciones a los derechos humanos, que incluyen amenazas a activistas y asesinatos de periodistas y de miembros de la comunidad homosexual.
El gobierno de Barack Obama debe suspender su asistencia a la policía y a las fuerzas armadas hondureñas "en vista de la falta de mecanismos para garantizar que ( ) sean sancionadas efectivamente por los abusos cometidos", reza la carta.
No obstante, en un comunicado, Washington manifestó el miércoles su apoyo al gobierno de Lobo al destacar "el esfuerzo" que hace a favor de los derechos humanos, y expresó su confianza en que el regreso de Honduras a la OEA ayudaría a mejorar la situación.
En tanto, la ministra de Derechos Humanos y Justicia hondureña, Ana Pineda, aseguró que había esfuerzos "para revertir la situación". Pero, "si bien ha habido avances, estos no son como quisiéramos", reconoció a IPS. "Honduras ha hecho mucho en este sentido, más que otros países latinoamericanos, pero es obvio que debemos volver a reeducar al país y a sus autoridades en materia humanitaria", acotó.
La sensibilidad sobre el tema es tal que hace una semana se produjo una dura confrontación verbal entre la fiscal de derechos humanos, Sandra Ponce, y el viceministro de Seguridad, Armando Calidonio, luego de un operativo policial en el cual murieron presuntos jóvenes pandilleros.
La fiscal Ponce pidió un informe detallado de la operación por tener sospechas de que no se agotó el debido proceso, lo que molestó al viceministro Calidonio, que la acusó de "defender delincuentes" e insinuó que sería "prudente" trasladarla a otra fiscalía para que fuera "más eficiente".
Este enfrentamiento obligó a la organización humanitaria internacional Human Rights Watch a enviar el martes una nota al gobierno de Lobo pidiendo que cesaran "los ataques verbales que buscan socavar la credibilidad de los fiscales de derechos humanos".
La activista humanitaria hondureña Bertha Oliva dijo a IPS que este clima de confrontación no ayudaba a la reconciliación que se promueve en Honduras. Si se aceptó su regreso a la OEA, "queda la sensación de que se hizo sin tomar en cuenta la situación de los derechos humanos, y confiamos en que ello no sirva para más impunidad".
Con 32 votos a favor y uno en contra, Honduras retornó el miércoles al seno del organismo hemisférico, pero no sin una intensa presión previa de Ecuador y Venezuela para incluir en la resolución de retorno compromisos explícitos en materia de derechos humanos que no lograron un consenso.
Ecuador optó por votar contra del reingreso, y Venezuela lo aceptó pero con reservas.
La disposición a negociar de Venezuela y Colombia fue clave para la readmisión de Honduras. El proceso incluyó la firma del llamado Acuerdo de Cartagena entre el presidente Lobo y el derrocado Zelaya, por el cual este último pudo volver al país el 28 de mayo, se anularon los juicios en su contra y se reconoció al principal movimiento opositor al golpe como una fuerza política con opción electoral.
