En México, el país que soporta la mayor ola de violencia contra los periodistas del continente americano, tres experiencias alternativas se oponen a esa dinámica generadora de autocensura.
"Vivir en Sinaloa es una amenaza, y ser periodista una amenaza extra, pero no hay de otra, porque lo otro es no hacer nada", afirmó Valdez, autor de varios libros sobre el narcotráfico.
Río Doce fue fundado en febrero de 1993 por reporteros que se separaron del diario Noroeste, y en poco tiempo se convirtió en referencia obligada del periodismo de profundidad, en un estado donde se asienta una de las más poderosas bandas de la droga (el cártel de Sinaloa, que dirige Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera).
En septiembre de 2009, el periódico sufrió un ataque con granadas en sus instalaciones. "Cuando fundamos Río Doce nunca dijimos: vamos a hacer investigación del narco, la verdad es que de repente nos vimos metidos en esta borrasca. Porque es inevitable. Aquí y en muchas zonas del país, todos los caminos conducen al narco", describió el periodista.
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El semanario, que este año comenzó a incursionar en redes sociales, tiene cuatro directivos todos periodistas— y media docena de colaboradores. Mantiene una sociedad con empresarios, políticos y académicos. Pero la línea editorial no se negocia con nadie.
"Revisamos mucho la información y tenemos confianza plena entre nosotros. Eso es importantísimo, porque aquí ha habido casos de medios en los que el reportero no firma una nota y al día siguiente el policía involucrado en ese nota le dice que sabe que fue él", relató Valdez.
"Hemos tenido que aprender también a administrar la información, porque es mejor que salga 10 por ciento de la información que tenemos, bien documentada, a que no salga nada", añadió.
Este 3 de Mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, las Naciones Unidas eligieron como tema "Medios de comunicación del siglo XXI: nuevas fronteras, nuevas barreras".
La fecha coincide este año con el vigésimo aniversario de la Declaración de Windhoek para la promoción de medios de comunicación libres y pluralistas, un reto cada día mayor en México.
El Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010, presentado el 7 de marzo por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que "desde el año 2000 México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas".
El estudio, contenido en el capítulo II del Informe Anual 2010 de la Relatoría Especial, hace hincapié en tres preocupaciones: la impunidad generalizada de asesinatos de periodistas y otros "gravísimos" actos de violencia contra la prensa, la "alta concentración en la propiedad y control" de los medios de comunicación que explotan frecuencias de radio y televisión y la "emergente tendencia a restringir el derecho de acceso a la información pública".
Setenta y dos por ciento de las estaciones de radio están controladas por 10 grupos empresariales, de acuerdo con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que ha denunciado criminalización y constantes hostigamientos contra emisoras comunitarias del país.
Pero mientras la violencia aumenta y los dos mayores monopolios mexicanos —Televisa y Telmex— mantienen una guerra abierta por el mercado de las telecomunicaciones, proyectos alternativos o regionales se ponen de pie ante el difícil entorno.
En octubre de 2010, en el estado Morelos, colindante con la capital mexicana y que vive una fuerte ola de violencia, un grupo de jóvenes organizó el festival "Todas las voces por una radio comunitaria".
De allí surgió Radio Chinelo, que busca ser un espacio "donde diferentes sectores de la sociedad tengan un acceso equitativo a los medios electrónicos, para difundir y debatir sus problemas e ideas".
Un "chinelo" es un bailarín de los pueblos originarios asentados en el centro del país.
"Hicimos varias tocadas y con eso compramos computadoras y conseguimos una cabina", relató a IPS el responsable del programa de noticias, Sergio Sánchez.
Radio Chinelo tiene un canal de noticias por Internet que transmite dos veces por semana y resultó clave en la difusión de manifestaciones contra la violencia y el movimiento contra la impunidad que encabeza el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado el 28 de marzo.
La primera transmisión fue el 8 de enero y ya está listo el proyecto de televisión por Internet (TVChinelo), aunque por ahora solo se ocupa de eventos especiales.
"Al principio éramos como siete, ahora somos casi 30. Nos hemos asesorado con otras radios comunitarias importantes, como la Ke Huelga y Radio Zapote", explicó Sánchez.
"Pero, a diferencia de ellos, que son militantes y tienen información muy dirigida a su base política, intentamos hacer una radio mucho más abierta con contenidos sociales, culturales y políticos", agregó.
Otro proyecto regional que consiguió saltar las barreras informativas es Transparencia para Todos, que surgió a partir del programa de acceso a la información pública de la Universidad del Centro de México, una institución privada del central estado de San Luis Potosí.
"Buscamos acercar a la gente el derecho a la información, hacerle ver que es un derecho que le sirve en su vida cotidiana", dijo a IPS el coordinador del proyecto, Samuel Bonilla, que desde 2007 ha realizado 18 talleres para ciudadanos sobre el uso de las herramientas disponibles, como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobada en 2003.
Los talleres duran 10 semanas y en ellos se forjó una red de capacitadores que trabajan en bibliotecas públicas estatales. Además, está en proceso un libro que recoja las experiencias acumuladas.
El año pasado, el proyecto se extendió a Puebla, en el sur, y Sonora, en el norte, pues Bonilla es miembro de México Infórmate, una red nacional de periodistas y académicos que promueven el derecho a la información y este año intentan hacer investigaciones colectivas a partir del uso de la ley.
El proyecto original incluye ampliar los talleres a cibercafés y centros de convergencia digital de universidades; Pero la Comisión Estatal de Transparencia retiró este año los recursos que había aportado para esas actividades en años anteriores.
"Estamos buscando recursos con distintas instituciones estatales y federales que son responsables de promover la transparencia. Si no tenemos un relevo o algún apoyo institucional esteremos en una situación muy difícil", dijo Bonilla.
"Pero si esto se afianza, las regresiones legislativas para el acceso a la información pública que hoy se están empujando, serán mucho más difíciles", aseveró.
