Aunque México levanta, para su eliminación, el inventario de bifenilos policlorados (BPC), tóxicos para el ambiente, aún no establece a cabalidad las consecuencias de esas sustancias en la salud humana.
"Se necesitan más estudios, en particular uno de riesgo sobre los efectos sobre la salud humana", reconoció ante IPS Guillermo Román, coordinador nacional del proyecto "Manejo y destrucción ambientalmente adecuados de bifenilos policlorados en México", financiado por el Fondo Global para el Ambiente y que arrancó en 2009.
Los BPC son persistentes, bioacumulables y tóxicos, y están contenidos en productos como transformadores eléctricos, fluidos hidráulicos, adhesivos y pinturas. Estos elementos, los pesticidas, insecticidas organoclorados y los herbicidas son considerados contaminantes orgánicos persistentes (COP).
La primera fase del proyecto abarcó 416 sitios y 1.291 transformadores eléctricos en 13 estados, con la conclusión de que 5,65 por ciento de la muestra está contaminada. El gobierno mexicano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), administrador de la iniciativa, evaluaron 225 sitios industriales, con 786 aparatos y de los cuales 43 mostraron niveles superiores al límite.
Supervisaron también 191 sitios considerados sensibles, como escuelas, hospitales y pozos de agua, y 505 aparatos, de los cuales 30 resultaron corrompidos.
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Los sectores involucrados fueron el metal-mecánico, siderúrgico, alimenticio, químico, minero, azucarero, papelero y textil, en tanto que los puntos sensibles fueron pozos de abastecimiento de agua potable, hospitales, escuelas y centros comerciales.
Los bifenilos policlorados están cubiertos por el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, firmado en 2001 y en vigor desde 2004, que busca suprimir o controlar una docena de contaminantes como dioxinas, plaguicidas y furanos.
Las autoridades mexicanas presentarán los datos de la primera etapa durante la quinta reunión de la Conferencia de las Partes de ese tratado internacional, del 25 al 29 de este mes en Ginebra.
"El potencial de una exposición al trabajo y la de sitios poblados sensibles (estudiantes y otros) es elevada por la poca conciencia y, en consecuencia, la baja adhesión a las mejores prácticas en el manejo de los BPC", cita el documento del proyecto, de 95 páginas de extensión.
Las regulaciones mexicanas estipulan un límite máximo de 50 partes por millón (ppm) de contenido de BPC en los transformadores, cuyo número en posesión del monopolio generador estatal Comisión Federal de Electricidad asciende a 1,1 millones, a los que hay que añadir la cifra en poder de privados.
La exposición duradera a estas sustancias puede desatar dolencias respiratorias, daño hepático, cáncer, alteraciones de los sistemas inmunológico y nervioso, impotencia y alteraciones reproductivas, así como inflamación, cambios de color y ardor en la piel.
Su empleo industrial se basa en su resistencia a altas temperaturas sin inflamarse, su alta estabilidad química y en sus propiedades eléctricas aislantes.
"Se acumulan y ejercen su efecto tóxico en invertebrados acuáticos, peces, aves, mamíferos acuáticos y terrestres, ocasionan cambios en la estructura de los ecosistemas acuáticos", analizó para IPS Leonor Cedillo, directora de Investigación sobre Sustancias Químicas y Riesgos Ecotoxicológicos del Instituto Nacional de Ecología (INE).
Los BPC "afectan el comportamiento, los niveles hormonales, el crecimiento y reproducción de los organismos consumidores" en la cadena biológica, prosiguió la especialista.
Seguimientos practicados en 2004 y 2005 por el INE, adscrito a la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente (Semarnat), encontraron altas concentraciones de BPC en peces en tres sitios del sudoriental estado de Yucatán, sin determinar las causas de esa presencia.
Cuatro investigaciones de científicos mexicanos desarrolladas entre 1989 y 2005 hallaron BCP y otros componentes nocivos en ostiones y tilapias, así como en una especie de gorrión, en varios puntos del país, sin que se explicase cómo esas sustancias llegaron a esas variedades y sin que las autoridades dieran seguimiento a esos casos.
"El riesgo es que transformadores contaminados pueden afectar a los que no lo están. Un sector preocupante es de los talleres de mantenimiento eléctrico, a los cuales hay que supervisar", indicó Román, cuyo proyecto costará 4,6 millones de dólares y concluirá en 2013.
Para 2005, México había destruido 14.587 toneladas de desechos de BPC, especialmente aceites y materiales contaminados.
Las autoridades calculan que unas 28.000 toneladas del tóxico están fuera del radar gubernamental, que tendrían que ser rastreadas para su neutralización.
El inventario nacional encontró que 33 por ciento de las máquinas presentan concentraciones entre 5,0 y 49,9 ppm de BPC y que eventualmente podrían terminar en estado de contaminación.
A partir del intervalo de transformadores que contienen de cinco a 49,9 ppm, se hizo una proyección nacional de 75.057 toneladas de materiales con PBC, unas 22.292 de los cuales serían de aceites.
Para la franja de 50 a 500 ppm, el dato estimado es de 35.363 toneladas de materiales y 10.526 de aceite, mientras que para los aparatos con más de 500 partes por millón la cifra es de 8.494 toneladas y 2.522 de aceite.
Gracias al proyecto, se han eliminado 2,7 toneladas de material contaminado, lo cual conlleva una reducción de 34 toneladas de BPC, cuya importación está prohibida desde 1988.
La segunda fase, ya en marcha, contempla 284 lugares de análisis, incluye seis sectores de mayor consumo de energía y suma otros siete estados. Sus resultados serían difundidos en diciembre.
La quinta reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo marcará el destino del endosulfán, un plaguicida altamente tóxico. En 2010 el Comité de Examen de los COP de ese acuerdo recomendó su eliminación global, que ya está consumada o en proceso en unas 80 naciones.
En ese sentido, Mauricio Limon, subsecretario de Gestión Ambiental de Semarnat, dijo a IPS que México apoyará esa postura siempre y cuando haya un instrumento internacional que la respalde.
"No puede prohibirse por prohibir, tiene que haber una política pública para la eliminación y la búsqueda de alternativas técnicas y económicas", explicó el funcionario.
