«Mi madre debió enterrar a cinco hijos con sus propias manos, todos bebés, y luego colocó piedras sobre la tierra para que los animales no se coman los restos. Todo eso ocurrió durante el genocidio armenio».
La que relata a IPS esos trágicos episodios ocurridos hace ya casi un siglo, cuando los armenios eran perseguidos y masacrados por el estado turco, es Margarita Margosian, de 79 años, satisfecha por una sentencia emitida por la justicia argentina este mes.
En una resolución declarativa "novedosa e inusual", según la calificó el mismo juez federal Norberto Oyarbide que la dictó, se concluyó que "el estado turco cometió el delito de genocidio en perjuicio del pueblo armenio en el período que va de 1915 a 1923".
En ese período se produjo el exterminio de los armenios, que fueron asesinados o deportados que era casi lo mismo. Las víctimas eran forzadas a dejar el territorio turco caminando por el desierto donde morían de inanición y enfermedades.
La sentencia, que no tiene carácter punitivo sino que se propone esclarecer la verdad de los hechos, fue iniciada hace 11 años ante la justicia argentina por el esposo de Margosian, Gregorio Hairabedian, y la hija de ambos, Luisa.
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Las dos familias, que forman parte de la diáspora armenia que llegó a Argentina, son descendientes de víctimas de aquellas brutales persecuciones de armenios cristianos que quedaron impunes. El estado turco nunca reconoció el genocidio.
Según admite ahora la histórica sentencia, "los armenios fueron diezmados en sus propios territorios".
Alrededor de un millón y medio de los dos millones de armenios que vivían en esa región en el siglo XIX fueron asesinados o deportados y confiscados sus bienes.
En base a las pruebas acumuladas en este largo proceso, "surge de manera clara, expresa e incontrastable la configuración del genocidio contra el pueblo armenio", determinó a comienzos de mes el juez Oyarbide.
En diálogo con IPS, el abogado Federico Gaitán, nieto de Gregorio Hairabedian y de Margarita Margosian, se manifestó emocionado y satisfecho con el fallo. "El objetivo era obtener una declaración sobre la verdad de los hechos", sintetizó.
Para Gaitán, a diferencia de los juicios ordinarios, en los que hay una persecución penal, aquí no se buscaba el castigo porque no hay a quién penalizar. Todos los presuntos responsables han muerto.
Pero sí, en cambio, se puede obtener una reparación económica y también moral del estado turco, subrayó. "Nosotros estamos concentrados en la segunda reparación, la histórica y moral", dijo en nombre de múltiples organizaciones armenias que apoyaron el caso.
En Argentina viven alrededor de 170.000 armenios. A raíz de los procesos judiciales reactivados en la pasada década por violaciones a los derechos humanos perpetrados por la dictadura (1976-1983) se abrió una brecha para investigar también el genocidio armenio.
"Argentina tuvo un avance ejemplar en materia de derechos humanos en los últimos años y no es casual que esta sentencia haya salido de aquí. Hay una vasta experiencia en juicios por crímenes de lesa humanidad, el país está a la vanguardia en ese sentido", remarcó Gaitán.
A partir de la denuncia presentada en 2000, la justicia argentina envió exhortos a una decena de países para que brinden información sobre lo ocurrido con los armenios, entre ellos a Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica y el Vaticano.
En general, la respuesta fue negativa porque no se trataba de una requisitoria penal, pero en algunos casos se permitió la indagación a los archivos y hacía allí fue Gaitán y otros abogados, para obtener los documentos que probaron la masacre.
Esos documentos, traídos de diversos países y traducidos para este proceso, forman ahora parte de la sentencia emitida en Argentina que puede servir de base para un reclamo de reparación a Turquía por ese pasado impune.
La causa también se robusteció con aportes de la querella y sobre todo con los testimonios de una decena de descendientes de las víctimas, todos ancianos, quienes recordaron ante el juez los hechos que relataban sus padres y abuelos.
Margosian fue una de ellas. Contó que el primer hijo que perdió su madre fue un bebé. Un gendarme turco que había irrumpido en su casa se lo quitó de los brazos y lo arrojó contra el suelo. Otros cuatro murieron en el desierto durante la deportación.
"Mi madre sufrió en verdad dos genocidios", aseguró Margosian. El primero fue el armenio y el segundo ocurrió en Argentina 60 años después, cuando la mujer, ya con 90 años, se creía a salvo en la central provincia de Córdoba.
En 1977 un comando de militares represores irrumpió en su casa en busca de una sobrina. "Le pusieron un fusil en el cuello y ella, pobrecita, decía: vinieron los turcos otra vez", recuerda su hija con emoción. La madre vivió hasta los 94 años.
Otro de los testimonios brindados ante Oyarbide fue el de Bautista Kuyumdjian, nacido en 1920. El hombre contó que su padre relataba siempre que en su pueblo, Hadjin, el ejército turco irrumpió e intimidaba a los pobladores a abandonar el lugar.
Con apenas algunos enseres, caminando, las familias se iban a otra aldea, solo para ser acosadas y corridas también de allí. De un sitio al otro, en pleno desierto, sin nada, muchos murieron de hambre, sed y enfermedades, o fueron asesinados.
Kuyumdjian señaló que su padre le contaba que vio como un soldado turco le abría el vientre a una mujer armenia embarazada, le quitaba el feto, lo ensartaba en una bayoneta y decía: "ahora pídanle ayuda a Dios".
Por su parte, Antranik Arslanian, de 90 años, contó que sus hermanos murieron durante el genocidio siendo muy pequeños, y sus padres sobrevivieron dos años comiendo pasto en camino a Siria.
"Los armenios eran ciudadanos turcos de segunda categoría y matarlos era más fácil que matar a un perro", resumió. En la sentencia, el juez destaca el espíritu que animó a los testigos. "Su única aspiración es que se conozca la verdad y eventualmente se haga justicia sin ninguna aspiración económica sino la satisfacción de que sus padres y abuelos sepan que no se han olvidado de ellos".
