En la misma senda de sus vecinos Brasil y Chile, Argentina comenzó a transitar con paso decidido el proceso para el cierre de los hospitales psiquiátricos y la integración plena de los enfermos mentales a la comunidad.
Para iniciar el recorrido, organismos humanitarios, profesionales de la salud mental y familiares de pacientes, pujaron por una nueva ley de salud mental que finalmente fue aprobada por unanimidad a fines de noviembre.
La norma se adecua a los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008. Pero todos los actores involucrados admiten que su puesta en vigor será lenta.
"La ley es apenas un mojón, su implementación va a llevar tiempo", dijo a IPS el director nacional de Salud Mental, Yago Di Nella. "En Brasil y Chile, los países de la región que mas avanzaron en esto, aún siguen trabajando", añadió.
Los familiares de los enfermos tienen la misma percepción.
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Luis Piendibene, presidente de la Asociación Argentina de Ayuda a Personas que padecen Esquizofrenia y sus Familias (Apef), declaró a IPS que la ley "es moderna y progresista, pero no es una solución en sí misma".
Piendibene consideró "elemental" tener una ley nacional marco que hasta ahora no existía. "Era increíble que en 200 años de historia institucional nunca se hubiera aprobado una ley que se ocupe de la salud mental", remarcó.
Sin embargo, admitió que para que la ley funcione harán falta "20 ó 30 años de trabajo en equipo".
La nueva norma sostiene que los servicios de salud mental deben estar basados en la comunidad. Promueve el trabajo interdisciplinario con psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales del área.
Pero, además, considera el internamiento en un centro sanitario como un recurso excepcional, que debe realizarse en hospitales generales, donde el paciente pueda recibir una atención integral de su salud y por cortos períodos.
Esta decisión generó polémica y rechazo de algunas asociaciones de psiquiatras y directivos de hospitales generales, pero constituye el corazón de la norma, ya que implica el progresivo cierre de los psiquiátricos.
Además de la Apef, numerosas organizaciones apoyan la ley, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o la Federación de Psicólogos de la República Argentina.
Pero otras la rechazan. La Asociación de Psiquiatras Argentinos cuestiona el llamado legal a trabajar en equipo con otros profesionales, pues considera que se quita al médico especialista la responsabilidad última sobre la medicación y el tratamiento del paciente.
También señala que el sistema sanitario no tiene previsto un destino alternativo a los hospitales y clínicas psiquiátricos para pacientes que estén atravesando una crisis como sería el caso, por ejemplo, de un brote de psicosis o un intento de suicidio.
Pero Di Nella refutó estas críticas. "Argentina ya tiene nueve provincias (de 24) que no tienen manicomios y hay otras cinco con una veintena de pacientes y que están a punto de cerrar", precisó.
"Sabemos que hay casos en los que es necesaria la internación (en un centro hospitalario), pero no como un tratamiento en sí, sino como una respuesta a la crisis", afirmó. "Después hay centros de día y hogares para aquellos que no tengan con quien vivir", explicó.
Para atender estas nuevas demandas, Di Nella precisó que el presupuesto en salud mental pasará de representar entre uno y dos por ciento actual del total asignado a la salud, a 10 por ciento en solo tres años, según ordena la ley.
Lo que ocurre, adujo, es que poner punto final a la solución por la vía del encierro no es solo cuestión de dinero. "Implica un cambio cultural, un salto de paradigma", dijo el funcionario al explicar que hay hospitales generales que se resisten al cambio.
Para Di Nella, la atención de la salud mental debe ser parte de la atención sanitaria general, "pero hay quienes siguen creyendo que la internación psiquiátrica debe hacerse en el hospital monovalente (especializado)", criticó.
En Argentina, las condiciones de internamiento en lugares públicos de la mayoría de quienes padecen hoyen día enfermedades mentales van en contra de las recomendaciones de la OPS y de la convención de Naciones Unidas ratificada por el país.
Un estudio de CELS de 2007 informó que había 25.000 personas "detenidas" en hospitales psiquiátricos, más de 80 por ciento de esa población estaba encerrada desde hacía al menos un año y muchas "de por vida".
La mayoría de los enfermos que prolongan su estadía en el psiquiátrico son considerados "pacientes sociales", es decir, personas que fueron aislándose de su familia, en parte por el encierro, y que ya no tienen donde o con quien vivir.
"Cuando alguien se interna por una apendicitis la familia no lo abandona en el hospital. En ninguna otra especialidad existe este problema", admitió en el libro uno de los entrevistados, médico jefe del hospital psiquiátrico José T. Borda de Buenos Aires.
El informe, que lleva como título "Vidas arrasadas: La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos", denuncia en ellos "graves hechos de abuso y negligencia" como casos de personas castigadas en celdas de aislamiento.
El reporte también revela actos de violencia física y sexual de los pacientes, falta de atención médica, condiciones insalubres de alojamiento, hacinamiento, falta de rehabilitación y de tratamiento, además de muertes no investigadas.
Es habitual en hospitales psiquiátricos emblemáticos como el Borda, se cuenta, ver deambular a los pacientes pasmados por la medicación, sin dientes, sucios, solos y prestos a pedir cigarrillos a quien sea que se les acerque.
Pero ese no es su destino inexorable. "Estamos convencidos como familiares que la pastilla no es todo, que hay un abordaje multidisciplinario que produce mejorías, aun cuando la enfermedad no se cura", dijo Piendibene.
El presidente de Apef consideró que las familias podrían ocuparse adecuadamente de los enfermos si tuvieran apoyo.
Reveló que estudios realizados en Estados Unidos revelaron que los acompañantes de pacientes psiquiátricos pierden entre 25 y 50 por ciento de su capacidad productiva, una medida del tiempo y esfuerzo que requiere la tarea.
El psiquiatra Hugo Cohen, asesor en salud mental de la OPS, celebró la nueva norma que está en línea con la llamada Declaración de Caracas, un acuerdo regional que en 1990 marcó un quiebre en la atención a pacientes psiquiátricos en la región.
A partir de ese compromiso, Argentina, Brasil y Chile comenzaron a avanzar en el proceso de "desmanicomialización", el cierre de los lugares de confinamiento. Pero recién ahora, con la nueva ley, Argentina puede dar pasos más firmes.
