El referendo que impulsa el presidente de Ecuador, Rafael Correa, amplió la grieta en la coalición que lo llevó al gobierno. El abandono de uno de los grupos que la integraban provocó la renuncia de dos miembros del gabinete ministerial y de varias decenas de altos funcionarios.
El retiro de la izquierdista Ruptura de los 25 (R-25) supone también la pérdida del apoyo en el parlamento de la diputada María Paula Romo, la más votada en los comicios legislativos de 2009, y que sigue al abandono de otros dos legisladores del gobernante Movimiento Alianza País.
Con ello la bancada de la Alianza se reduce a 57 miembros en la legislativa Asamblea Nacional, de 124 escaños, lo que dificultará al gobierno la aprobación de sus proyectos de ley, más si la sangría, como se anticipa en algunos sectores, se amplía en los próximos días.
El izquierdista Correa calificó de "desleales, oportunistas y traidores" a los integrantes de R-25 por dejar el gobierno en desacuerdo con el contenido de las 10 preguntas de la consulta popular impulsada por el presidente para el segundo trimestre y cuya realización definitiva depende de un dictamen de la Corte Constitucional.
El centro de la polémica está en las preguntas sobre la reorganización del sistema judicial y la creación de Consejo de Regulación de los medios de comunicación, con lo que la oposición considera que Correa pretende concentrar poder y limitar la libertad de expresión.
El presidente no ahorró tampoco críticas a los renunciantes Alexandra Ocles, secretaria de los Pueblos, y Juan Sebastián Roldán, secretario de Transparencia, cuando se vio forzado a reemplazarlos el lunes 31, pese a que hasta su salida aparecían como muy cercanos al mandatario.
"Ahora sí encuentran oportuno abandonar la lucha y sumarse al coro de la prensa corrupta y de las fuerzas retrógradas. Que les vaya bien, tendrán su plato de lentejas, su cuarto de hora de fama e incluso, probablemente, su candidatura presidencial", dijo el mandatario en un discurso leído, algo ajeno a su costumbre.
El presidente calificó además a R-25 de "izquierda infantil", antes de defender su derecho a realizar consultas populares.
"No cuestionamos su derecho a efectuar consultas sino el contenido de las preguntas de esta consulta. Este es un punto de inflexión en que se decide si Correa va a concentrar todos los poderes o no", replicó el ahora exsecretario Roldán.
El grupo R-25 fue fundado por jóvenes profesionales y urbanos en 2004, cuando se cumplieron 25 años del retorno a la democracia en Ecuador, 2004.
En abril de 2005 el grupo participó activamente en la movilización popular que derrocó a Lucio Gutiérrez, tras dos años en el poder, y más tarde conformó la alianza de movimientos sociales y políticos que se aglutinó en torno a Correa e impulsó la Asamblea Constituyente, tras alcanzar la Presidencia en enero de 2007.
Para los opositores al referendo, la alegada concentración de poderes se daría porque Correa plantea la reorganización completa de la función judicial.
"Me acusan de que voy a meter las manos a la justicia. Sí, las voy a meter pero por el bien del pueblo. Confíen en mí", afirmó Correa el 15 de enero.
Dieciséis días después modificó la frase para asegurar que "con el pueblo vamos a meter las manos a la justicia".
"El presidente tiene pleno derecho a consultar al pueblo las veces que desee sobre los temas que le parezcan. Pero si quiere reformar la estructura del Estado debe convocar a una Asamblea Constituyente", dijo a IPS Alberto Acosta, quien presidió la Asamblea Constituyente (2007-2008) y a quien se considera un mentor político del gobernante.
Acosta, quien también fue ministro de Hidrocarburos de Correa, se ha convertido en uno de los mayores críticos de la consulta, porque argumenta que está planteada por fuera de lo que prevé la Constitución de 2008. A su vez, el presidente le acusa de realizar una "defensa fetichista" de esa carta magna.
"Cómo se ve que había poca convicción y poco compromiso. Qué triste es ver a supuestos íconos de la izquierda a lado de banqueros y de los medios de comunicación más retardatarios o de la derecha recalcitrante", expresó el mandatario,
Correa plantea en la consulta "disolver de inmediato" el Consejo de la Judicatura, organismo administrativo del Poder Judicial y creado por la Constitución de 2008.
En su reemplazo, propone la conformación de una comisión de tres personas, designadas por los poderes Ejecutivo y Legislativo y el Consejo de Participación Ciudadana, con el mandato de reorganizar por completo la función judicial y en un plazo de 18 meses.
Luego se formaría un nuevo Consejo de la Judicatura que no estaría integrado por abogados escogidos en concurso de méritos, como establece la Constitución. Sus miembros pasarían a ser el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor Público, y sendos delegados del gobierno y el parlamento.
"Tanto la comisión temporal como el nueva conformación del Consejo permitirán a Correa un control total del sistema judicial", dijo a IPS Raúl Moscoso, abogado litigante en causas de derechos humanos.
Moscoso, quien se considera amigo de Correa, lamentó que éste "haya asumido las tesis de la derecha".
El abogado rechazó así el argumento presidencial de la reforma planteada permitiría enfrentar los crecientes problemas de inseguridad ciudadana en el país o que éstos se deban a temas como la corrupción judicial o los limites a la prisión preventiva.
"Tras la reorganización de Correa, los jueces quedarán sujetos al poder político, al que tendrán que agradar con sus sentencias", dijo Moscoso.
"No se puede hacer una revolución dejando incólumes estructuras podridas, dejando en su lugar a jueces corruptos. No se puede hacer una revolución sin revolución. El país no va a cambiar si no se acaba con esas argollas de corrupción", ha dicho Correa en otro argumento de su propuesta.
Además de sobre el contenido de las preguntas, el debate en torno al referendo versa sobre su legalidad.
Hay quienes argumentan que se pretende modificar la estructura del Estado y ello solo puede hacerlo una Asamblea Constituyente, mientras que otros creen que lo planteado es una reforma constitucional, por lo que debe ser discutida antes por la Asamblea legislativa.
El gobierno, por su parte, sostiene que se trata de meras enmiendas a la Constitución, que tiene atribuciones para consultar a la población sin pasar antes por el parlamento y sin necesidad de convocar a una constituyente.
El tema deberá ser resuelto en la Corte Constitucional, a la que Correa entregó el 17 de enero la propuesta de las 10 preguntas, cinco de las cuales requieren modificaciones constitucionales. Ese tribunal tiene desde entonces un plazo de 45 días para pronunciarse.
