Después de 35 años de campañas y reclamos judiciales de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, comenzó este lunes 28 en Argentina el primer juicio oral por apropiación de menores durante la dictadura militar (1976-1983).
"Daba tristeza y hasta repugnancia ver la apatía y la indiferencia de los acusados, que se dormían mientras se leía el informe del fiscal", dijo a IPS Rosa Roisinblit, de 91 años, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, organización querellante en el caso, al comentar la primera jornada del juicio en el Tribunal Oral 6 de Buenos Aires.
El juicio colocó en el banquillo al exdictador Jorge Rafael Videla, de 85 años, al último de los gobernantes de la dictadura, Reynaldo Bignone de 83, cinco conspicuos integrantes del Ejército, la Armada y la Prefectura, y un civil. Sobre los ocho acusados pesan cargos de "sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad" de 34 niñas y niños de menos de 10 años que nacieron durante el cautiverio de sus madres, detenidas en prisiones clandestinas.
A la sesión inaugural del juicio, que podría prolongarse por más de ocho meses, concurrieron representantes de organismos humanitarios, sobrevivientes de la represión y familiares de las víctimas.
Videla llegó al tribunal esposado porque ya pesan sobre él dos condenas a reclusión perpetua por graves violaciones a los derechos humanos. Pero durante la lectura del informe, el ex dictador dormitó sobre el hombro de otro acusado.
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"No tenemos ninguna duda de que hay elementos más que suficientes para probar que éste fue un plan sistemático para la apropiación de niños", aseguró Roisinblit, quien espera que los acusados sean condenados a reclusión perpetua.
Roisinblit tenía una única hija, Patricia, secuestrada en 1978 cuando estaba embarazada de ocho meses. También desapareció su esposo, José Pérez, y dejaron a una hija de 15 meses que debió ser criada por sus abuelos.
La niña de entonces, Mariana Pérez, ya tiene 34 años, pero recién hace 11 supo que su madre había dado a luz a un varón en el centro de detención que operaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), Guillermo Pérez.
El joven fue recuperado por las Abuelas. Vivía con personal civil de la Fuerza Aérea que se lo había apropiado y le había cambiado su identidad. Roisinblit es ahora querellante en este proceso en el que la acompañan sus dos nietos.
La organización de Abuelas surgió en la década de los 70 como un desprendimiento de la asociación Madres de Plaza de Mayo que reclamaba por los desaparecidos. Las abuelas exigían específicamente la aparición de sus nietos.
En los últimos años, a su tarea se sumó la de hermanos de nietos desaparecidos que además tienen sus propias redes sociales de organización y búsqueda para hallar a los que aún siguen viviendo bajo una falsa identidad.
La organización estima que son alrededor de 500 los casos de menores desaparecidos durante la represión. Muchos nacieron en cautiverio, pero otros fueron secuestrados de pequeños junto a sus padres y a ellos hay que sumar los niños que se presume fueron asesinados.
En total hay 102 personas que ya recuperaron su identidad. De ellas, la mayoría había sido apropiada por agentes de la represión que les cambiaron la identidad y los criaron como hijos biológicos. Otros, en cambio, habían sido adoptados de buena fe.
De los 34 casos expuestos en el proceso que comenzó este lunes 28, algunos permanecen desaparecidos y otros fueron restituidos. Entre los que no han sido hallados está el nieto de la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto.
Entre los restituidos está la nieta del afamado poeta Juan Gelman, Macarena Gelman, recuperada en 2000, el legislador de la ciudad de Buenos Aires, Juan Cabandié, nacido en la ESMA, y la diputada nacional Victoria Donda.
La apropiación de menores fue un delito que no se constituyó como figura penal hasta después de las llamadas leyes del perdón y del indulto de los años 80, que liberaron de proceso a miles de represores y a los excomandantes condenados.
Casi a fines de los 90, las Abuelas consiguieron que la apropiación y el robo sistemático de hijos de desaparecidos sean considerados delitos de lesa humanidad, lo que no se había contemplado a la hora de indultar a los responsables.
Fue por esa grieta que los abogados de la entidad iniciaron un proceso legal contra Videla y otros oficiales que demoró 14 años hasta abrirse este lunes a juicio oral. "Desde que empezamos hubo muchas novedades y hallazgos", aseguró Roisinblit.
Junto a Videla y Bignone son juzgados el exgeneral Santiago Riveros, el exalmirante Antonio Vañek, el excapitán de corbeta Jorge Acosta, el exprefecto Jorge Azic y el exmarino Rubén Franco, además del médico de la ESMA, José Magnacco.
En cambio otros cuatro acusados quedaron fuera del juicio por haber fallecido. Es el caso del exalmirante Emilio Massera, el ex jefe de policía Juan Sasiain, el exprefecto Héctor Febres y el ex jefe de Ejército Cristino Nicolaides.
En el comienzo del juicio oral, se leyó el informe del fiscal Federico Delgado, en el que se señala que "nacimientos hubo en todos" los centros clandestinos de detención y tortura del país, pero precisa que hubo "centros estratégicos" que operaron como "maternidades", con sala de partos y sala-cuna incluidas.
Se refirió así a sitios como la ESMA, en la capital, Campo de Mayo, una base militar a unos 30 kilómetros del centro de Buenos Aires, y al menos otras seis prisiones ilegales en dependencias militares y policiales.
Para Delgado, esta "no es una causa más" sino una que ventila "uno de los episodios más oscuros de la historia argentina" de "violencia sistemática del Estado".
