Brígido se mece pausadamente mientras el sacerdote José Guadalupe oficia misa en el Centro de Asistencia e Integración Social Atlampa (CAIS), en el sudeste de la capital de México. De repente, este interno empieza a golpearse la mejilla izquierda, ante el susto de quienes le rodean.
Este paciente es uno de los 365 alojados en Atlampa, que significa "cauce de agua" en lengua indígena náhuatl, fundado a comienzos de los años 70 y con capacidad para albergar solo a 300 personas.
Los internados en el CAIS, administrado por el gobierno izquierdista de la ciudad de México, comparten el común denominador de ser víctimas del abandono social, institucional y familiar.
"La situación en los centros psiquiátricos es gravísima en este país. Las condiciones higiénicas y de salud son deplorables, hay graves violaciones de derechos humanos", resumió para IPS Sofía Galván, representante para México y América Central de la organización no gubernamental estadounidense Disability Rights International (DRI).
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La no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el DRI presentaron en noviembre el informe "Desaparecidos y abandonados: segregación y abuso de niños y adultos con discapacidad en México".
"Niños y adultos son internados en instituciones debido a la falta de tratamiento, habilitación y rehabilitación, así como de otros apoyos, que les permitan desarrollar las habilidades que necesitan para vivir en la comunidad", cita el reporte, elaborado a partir de visitas a 20 entidades en la ciudad de México y otros cinco estados entre agosto de 2009 y septiembre pasado.
En este país con 112 millones de habitantes hay al menos 10 millones con discapacidad motriz, intelectual, auditiva y visual, según datos de la no gubernamental Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual.
Además, la Secretaría (ministerio) de Salud Pública indica que al menos 15 millones de personas sufren algún tipo de enfermedad mental. La población de los 31 hospitales psiquiátricos estatales asciende a unos 7.000 pacientes.
La discapacidad psicosocial abarca padecimientos como la esquizofrenia, la depresión y los trastornos bipolar, obseso-compulsivo y limítrofe de la personalidad.
"Tiene que haber una capacidad de prevención y contra los estigmas, para que se pueda diagnosticar un trastorno a tiempo y dar tratamiento oportuno", planteó Gabriela Cámara, presidenta de la no gubernamental Voz Pro Salud Mental, surgida en 2001 y que imparte talleres para familias y pacientes sobre el manejo de la enfermedad.
José González, otro interno de Atlampa, se desplaza en silla de ruedas y dice que es "San José", con su mirada firme y su rostro serio. Que su movilidad funcione es una rareza, pues muchos de sus compañeros deben ser cargados.
"El cementerio de las sillas" se sitúa al fondo del amplio centro, sin que a nadie le importe repararlas.
Los habitantes de este CAIS, de los cuales operan 10 en la ciudad de México con un presupuesto de unos 11 millones de dólares, no tienen pasado ni futuro, ni parientes ni diagnósticos clínicos y están encerrados en un laberinto del cual únicamente saldrán hacia la muerte. Desde diciembre, tres hombres fallecieron en Atlampa, con funerales desiertos.
El gobierno mexicano de Felipe Calderón debió cumplir en mayo pasado con el envío de su informe sobre el estado de cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente desde 2008. Pero esa entrega aún no se realiza.
Desde 2005 está en vigor la Ley General de las Personas con Discapacidad y el año pasado el gobierno presentó el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012.
Este plan consta de nueve objetivos para articular las políticas públicas en educación, salud y deporte, además de armonizar el marco jurídico en torno a la discapacidad, reducir la discriminación y garantizar el acceso a espacios, bienes y servicios.
La Asamblea Legislativa de la capital mexicana aprobó en diciembre la ley de Salud Mental, la primera del país que estipula la creación de un Comité de Salud Mental y una línea telefónica para atender a personas con trastornos. Pero no incluye el cierre de hospitales psiquiátricos y su sustitución por centros de apoyo que permitan a los pacientes a volver a la vida social.
En América Latina, sólo Colombia y Argentina poseen leyes similares. En países como este último y Brasil las autoridades han empezado a clausurar hospitales tradicionales y habilitar casas donde los enfermos reciben rehabilitación y pueden trabajar de nuevo.
"Los abandonados se consumen de por vida" y "muchas de las instituciones mexicanas son inmundas, dejan a la gente caminar en harapos sobre los pisos cubiertos de orina y heces", cita el reporte, que refleja lo que sucede en Atlampa, escenas que no envidian a las vistas en películas estadounidenses como "Atrapado sin salida" (1975) y "12 monos" (1995).
"Se tiene que cambiar el modelo. Son necesarios servicios de rehabilitación eficaz para que las personas regresen a la comunidad", propuso Galván.
"Hay poca rehabilitación y reintegración. Tenemos que lograr que haya atención mental en los servicios de primer nivel, que en todos los hospitales se pueda tratar a las personas con discapacidad", planteó Cámara, uno de cuyos hermanos padece trastorno bipolar.
En Atrampa, muchos de los internos visten ropa rota y sucia, aunque en la lavandería yacen pilas de prendas. No saben lo que es el agua caliente. Lo que mejor funciona es la cocina, dotada con ollas grandes y amplias estufas que sirven para que el personal prepare comida decente.
El gimnasio y el taller, creados para la rehabilitación, están abandonados, porque nunca recibieron mantenimiento. Dos psicólogos y un médico atienden a toda la población.
El Estado mexicano viola 10 artículos de la Convención, según las dos organizaciones no gubernamentales. Luego de que México entregue su reporte, un grupo de estas entidades prepara un documento de respuesta.
