Un 69,7 por ciento de los españoles apoya la reforma de la Constitución aprobada hace 32 años y considerada el puntal de la transición hacia la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975. Pero sin cuestionar temas fundamentales, como el mantenimiento de la monarquía.
Los datos se basan en una encuesta divulgada este lunes 6 por el madrileño diario Público y realizada por la consultora privada Obradoiro de Socioloxía, cuando se celebra un nuevo cumpleaños de la ley fundamental.
El gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) resaltó en un manifiesto especial por su aniversario, que la actual Constitución ha enmarcado "el período más brillante, fecundo y duradero, desde el punto vista democrático, de la historia de España".
También reclamó que se respete lo que establece: "un pacto en torno a un modelo económico-social claramente incompatible con el modelo económico neoliberal basado en la absoluta desregulación, en el culto a la avaricia y a la especulación y en la disminución o eliminación de lo público y de la política, causante de la mayor parte de la crisis económica mundial".
En el sondeo de Público, los militantes del PSOE son precisamente los que más respaldan la reforma constitucional, que tiene, de hecho, respaldo mayoritario en todas las tendencias políticas parlamentarias.
Entre los simpatizantes socialistas, 74 por ciento respalda la reforma constitucional de esta monarquía parlamentaria, mientras entre los de la principal fuerza opositora, el derechista Partido Popular la apoya 69 por ciento.
La mayoría de los encuestados, 76 por ciento, reclaman un sistema electoral más representativo que el actual, para que en vez de adjudicar los diputados a través del voto de las 17 comunidades autónomas, se haga según la cantidad de votos totales recibidos.
Ello favorece a los nacionalistas, que concentran su voto en una autonomía, y a los partidos mayoritarios, y perjudica a las agrupaciones nacionales pequeñas.
También es significativo que 55 por ciento es favorable a la eliminación de la educación religiosa en las escuelas públicas. Una diferencia destacable es que los más partidarios de esta reforma son los ciudadanos de las comunidades autónomas con mayor fuerza de los nacionalistas, entre ellas el País Vasco y Cataluña.
Pero la reforma más apoyada, con 87 por ciento, es la que reclama que se establezca el derecho de todas las personas que habiten España a ser educadas en lengua castellana, contrarrestando lo que en la actualidad ocurre en el País Vasco y en Cataluña donde se da prioridad como lenguas vehiculares a las autóctonas.
El profesor José Juan Ortiz dijo a IPS que detrás de la masiva defensa del español o castellano hay una razón práctica. La mayor parte de los libros que se editan en el país son en castellano, y en este idioma se importan ejemplares desde el continente americano. También es el castellano la lengua de los medios de comunicación, impresos, radiales, audiovisuales y de Internet.
"El español es una lengua universal lo que, aunque nos duela, no ocurre con el vasco, el catalán, el gallego, el valenciano u otros que se mantienen todavía", concluyó Ortiz.
Otro de los cambios que suscita un apoyo muy alto, con 84 por ciento, es el la modificación del sistema de sucesión en la jefatura del Estado, donde prevalece el varón sobre la mujer. Hay consenso político general y dentro de la monarquía que la sucesión debe corresponder al mayor del los hijos, con independencia de su género.
El rey Juan Carlos ya tiene como su sucesor al príncipe Felipe, por lo que la reforma beneficiaría a la hija mayor de éste, Leonor, lo que a juicio de los expertos convierte esta reforma en trascendente, pero no urgente.
Sobre el propio futuro de la monarquía, aumentó hasta 84 por ciento el número de quienes consideran que los ciudadanos deben poder decidir si quieren mantener este sistema de gobierno u optar por una república.
En España, el aniversario de la Constitución es un día festivo y se enmarca en una serie de actos que se cierran el día 8, también festivo en el país.
Este año, los actos comenzaron el viernes 3, cuando estudiantes y representantes del mundo de la cultura, el deporte y el espectáculo se congregaron en el hemiciclo del Congreso de los Diputados para leer de manera ininterrumpida el texto de la Constitución.
En este lunes 6, se celebró en el palacio de las Cortes (parlamento) el acto más protocolar, presidido por el jefe del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y los presidentes del Congreso y del Senado, José Bono y Javier Rojo, los tres socialistas.
También estuvieron presentes los líderes de todos los partidos con representación parlamentaria, con excepción de los de las fuerzas nacionalistas vascas, catalanas, gallegas y navarras.
En los dos días siguientes se realizan las llamadas "jornadas de puertas abiertas", durante las cuales numerosos ciudadanos suelen hacer largas filas para ingresar al Congreso de los Diputados y recorrer sus diversas salas de reuniones, así como un edificio en construcción que ampliará las instalaciones a corto plazo.
Pero en esta ocasión tanto las conmemoraciones como el mayor puente laboral del año en España estuvieron ensombrecidos por una huelga salvaje de controladores aéreos que desde la tarde del viernes paralizó el espacio aéreo español por más de 24 horas y ocasionó pérdidas al turismo y a otros sectores calculadas preliminarmente en unos 530 millones de dólares.
En línea con la posición mantenida por el gobierno, el presidente del Congreso, José Bono, tachó de "chantaje" la medida de los controladores "para defender sus privilegios". Pero advirtió que "ni han vencido en esta ocasión ni vencerá quien lo intente de nuevo".
Zapatero estrenó por vez primera en democracia el recurso de "estado de alarma", que permitió al gobierno colocar a los 2.300 controladores españoles bajo jurisdicción militar por 15 días prorrogables. La medida hizo retornar a los controladores a sus puestos, porque conlleva castigos penales y civiles para las ausencias injustificadas.
