A un año de que concluya la gestión del presidente Álvaro Colom, la situación de los indígenas en Guatemala no parece mejorar sustancialmente, pese a que representan cerca de la mitad de los habitantes del país.
"La situación de los pueblos autóctonos es incluso peor que antes. La pobreza se ha agudizado, la calidad de la educación está muy mal y en la salud no hay una visón intercultural", aseguró a IPS Eduardo Sacayón, director del Instituto de Estudios Interétnicos de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala.
Cuando tomó posesión del cargo, el 14 de enero de 2008, el presidente socialdemócrata Colom prometió que gobernaría "con rostro maya", en favor de los pobres y excluidos. "Hoy empieza el privilegio de los pobres, empieza el privilegio de los sin oportunidad", dijo entonces.
Pero Sacayón cree que la realidad es otra. "Es un tema estructural e histórico de ver siempre a lo indígena como algo que no merece la pena y que no tiene valor o como una rémora para el país", planteó el académico.
Según estadísticas oficiales, los indígenas representan cerca de 40 por ciento de la población guatemalteca, repartidos entre los pueblos maya, garífuna y xinca, pero éstos dicen constituir más de 60 por ciento de los 14 millones de habitantes de este país.
"Desde la venida de los españoles (a fines del siglo XV), a la sociedad guatemalteca se le metió la idea de que lo indígena no vale la pena, sino lo occidental. Esa concepción no es más que una visión racista y discriminatoria que se multiplica en los gobiernos, los partidos e incluso en los medios" de comunicación, arguyó.
Mientras que en 2000 ocho de cada 10 indígenas eran pobres, la relación entre los no indígenas era de cuatro de cada 10. "Estas proporciones prácticamente no variaron en 2006", dice el tercer informe sobre los avances en el cumplimiento de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), presentado por el gobierno el 1 de este mes.
Los ODM fueron acordados por las Naciones Unidas en 2000 para ser cumplidos en 2015, tomando como referencia los indicadores de 1990, con metas tales como reducir la pobreza extrema, garantizar la educación primaria universal, promover la equidad de género, bajar la mortalidad materna e infantil, combatir el VIH/sida y otras enfermedades, entre otras.
De acuerdo al informe presentado por el gobierno, la indigencia, mayoritariamente indígena, se redujo a nivel nacional solamente medio punto porcentual entre 2000 y 2006, de 15,7 a 15,2 por ciento, mientras la pobreza general pasó de 56,2 a 51 por ciento.
La prevalencia de la desnutrición crónica entre los niños y niñas indígenas menores de cinco años fue de 58,6 por ciento en el período 2008-2009, más del doble de lo registrado entre los no indígenas, de 30,6 por ciento.
En 2002, 69,5 por ciento de los niños y niñas indígenas sufrían desnutrición crónica, frente a 35,7 por ciento de los no indígenas.
En materia educativa, los números también ponen a este sector de la población en franca desventaja.
Apenas 13,2 por ciento de la población estudiantil que cursó en 2008 el ciclo diversificado (posterior a la secundaria donde se aprenden ciertos oficios) era indígena, según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2009-2010, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Pese a esta realidad, el apoyo al sector indígena no se ve, según Sacayón.
"No se han desarrollado normas relacionadas con el pueblo indígena, tampoco se ha cumplido el Convenio 169 (de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales)", ya que han prevalecido los intereses trasnacionales en las explotaciones mineras que afectan a algunas comunidades, se quejó.
Las poblaciones indígenas del país se han pronunciado mayoritariamente contra las concesiones mineras a través de consultas respaldadas por el Convenio 169, en vigor desde 1997 en Guatemala. Sin embargo, los proyectos continúan.
"Los pueblos indígenas siguen viéndose como ciudadanos de segunda clase", considerando la discriminación y el racismo imperantes, dijo a IPS Otilia Lux, diputada opositora de la Comisión de Asuntos Indígenas del Poder Legislativo.
Respecto a la labor del congreso, la parlamentaria explicó que se han conocido leyes trascendentales para el desarrollo del pueblo maya, como la ley de desarrollo rural para mejorar el acceso a la tierra y a la vivienda, y la ley para validar consultas a los pueblos indígenas para evitar la intromisión de compañías trasnacionales mineras.
Pero "no pasan", afirmó.
Así las cosas, según Lux los pueblos originarios deben buscar espacios de participación política para reivindicar sus derechos.
La oportunidad será en septiembre de 2011, cuando los guatemaltecos elijan a un nuevo presidente o presidenta por los siguientes cuatro años, además de 153 diputados para el unicameral Congreso, 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano y 333 alcaldes o alcaldesas.
Domingo Hernández, de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej, que reúne a diversas organizaciones, recordó ante IPS que el presidente Colom habló de gobernar "con rostro maya", pero, por el contrario, la represión contra la población indígena, la pobreza y la migración indígena "aumentaron" en su periodo, aseveró.
Ampliar el acceso a la educación, a la salud, al trabajo y a la tierra, en el marco del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, deben ser temas ineludibles para el gobierno si quiere atender seriamente a la población maya, según Hernández.
Juan José Hurtado, de la no gubernamental agrupación Pop No'j (que en lengua maya significa tejiendo ideas, conocimientos y sabiduría), dijo a IPS que se han mantenido instituciones indígenas, como el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, creado en 1994, y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, de 2002, entre otras, "pero sin capacidad de acción ni ejecución".
A criterio del activista, debería tomarse el ejemplo de países como Bolivia y Venezuela, "guardando las distancias", que han dado mayor participación indígena en la toma de decisiones.
