Los testimonios que comienzan a conocerse sobre violaciones a los derechos humanos durante la ocupación policial de un complejo de favelas en esta ciudad brasileña hacen peligrar el inédito apoyo de la población a las instituciones de seguridad e imponen desafíos al interior de esa fuerza.
"Nunca me sentí tan humillada", dijo a IPS la lavandera D, como pidió ser identificada, después de la masiva incursión policial y de efectivos de las Fuerzas Armadas al "Complexo do Alemão", un conjunto de favelas (barrios pobres y hacinados) de la zona norte de Río de Janeiro.
La lavandera intenta volver a la rutina. Pero no es fácil entre cientos de tropas de la policía y el ejército que controlan desde el domingo cada rincón de la favela en busca de armas, drogas y fugitivos de la justicia.
La ocupación ocurrió después de que la inteligencia policial recibió informaciones que indicaban que desde ese lugar habrían salido las órdenes de los ataques cometidos la semana pasada en Río de Janeiro y sus alrededores, como incendios de automóviles particulares, autobuses y camiones, y asaltos callejeros de bandas armadas.
La mujer relató que durante los operativos la policía entró con sus vehículos blindados derrumbando puertas "ajenas" y maltratando a trabajadores "honestos", como su primo, que no tienen nada que ver con "el bandidaje" (los narcotraficantes).
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Las denuncias no se refieren a la Policía Civil, a las Fuerzas Armadas y al Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar.
Pero vuelven una y otra vez sobre el resto de los integrantes de la Policía Militar, tradicionalmente blanco de acusaciones de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, indicó a IPS Antonio Costa, presidente del Movimiento Río de la Paz.
Un pintor que arribó a la favela para ver si su hija que vive allí estaba bien y que pidió que sólo se lo identificara como P, dijo a IPS que fue maltratado, que "casi" le pegaron y que fue empujado contra una pared durante la revisión diaria para evitar la huida de narcotraficantes.
"No todo el mundo que vive en una favela es bandido. Es muy indignante ser maltratado así", se desahogó.
Los testimonios de la lavandera y el pintor, que son de las pocas personas que no tienen miedo de hablar, aunque resguardando su identidad, contrasta con los oídos durante los días anteriores aplaudiendo la incursión policial y militar.
En la víspera, muchas personas se sacaban fotos con los soldados y sus tanques y algunas, hastiadas del terror creado por el narcotráfico en sus comunidades, pedían directamente la intervención policial.
Otras imágenes de prensa muestran a policías llevando bebés en sus brazos o ayudando a ancianas a cruzar las barricadas caseras levantadas por el narcotráfico para impedir la incursión de vehículos blindados y tanques. Atrás parecían haber quedado las denuncias de violencia y corrupción policial.
Ignacio Cano, del Laboratorio de Análisis de Violencia de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ), está preocupado por el "tono triunfalista de la prensa local". Por ello llamó la atención sobre los desafíos de derechos humanos que ahora se imponen.
El experto mencionó la presencia de las tropas del ejército por los próximos siete meses en el complejo de favelas, según informó el gobierno.
"Los militares tienen una función de defensa nacional y la confusión de su papel es peligrosa", advirtió Cano, aunque aclaró que la "ventaja" es que la mayoría de los efectivos integraron la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), con experiencia en "seguridad pública".
Cano también alertó sobre las denuncias de maltratos de personas, de cuerpos que "todavía no aparecieron", y que estarían dentro de la favela, y de robos en las casas allanadas.
Le preocupa esa búsqueda casa por casa, que considera "totalmente ilegal, basada en mandatos de búsqueda colectivos que pueden haber sido autorizados por algún juez, pero que aún así son ilegales", dijo.
"Imaginemos que la policía entra casa por casa en Ipanema o Copacabana —barrios de clase media y alta de la zona sur de Río de Janeiro—", planteó Cano, recordando que para ingresar a una residencia tiene que haber sospecha fundada o crimen flagrante.
"Es importante que haya vigilancia e investigación de las denuncias" que pueden terminar "sofocadas" por "ese clima triunfalista", apuntó.
Los organismos del gobierno estadual dicen estar investigando las acusaciones. La Secretaría de Derechos Humanos promovió el lunes una reunión con organizaciones no gubernamentales del área y representantes de las comunidades ocupadas.
Costa, que participó en esa reunión, dice haber oído relatos de malos tratos, insultos, cachetadas, hurtos y de una eventual corrupción policial. Uno de los jefes del narcotráfico habría huido de la favela escondido en un vehículo blindado de la policía militar, según las denuncias.
"Los casos de abusos de poder e irrespeto a los derechos humanos cometidos por las fuerzas policiales muestran que esa ocupación —sin una reforma verdadera al interior de la policía— no resolverá los problemas enfrentados en el campo de la seguridad pública", enfatizó.
"Se hace evidente que el policía allí en la punta continúa con la misma mentalidad y la misma propensión a la práctica de actos abusivos, siempre presentes en la historia de Río de Janeiro", lamentó.
Entre otros cambios necesarios menciona la necesidad de una "mejor selección" de los hombres que integran la policía militar y la valorización de su profesión, así como un "riguroso entrenamiento" y "capacitación moral".
Para combatir la corrupción policial también se requiere que los efectivos ganen "muy bien por su trabajo", de modo de que inclusive universitarios "se vean tentados de entrar a una policía que le garantice condiciones dignas de vida", indicó.
Asimismo Cano pide la mejora de los organismos de investigación policial y la supervisión permanente de los altos mandos hacia sus tropas.
El gobierno de Río de Janeiro afirma que los ataques del narcotráfico que motivaron la acción policial y militar responden a la instalación en 13 favelas de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP).
Las UPP combinan represión policial —presencia de tropas de manera permanente para expulsar al narcotráfico— con obras sociales para los habitantes de las favelas.
"Me parece (que la invasión policial y militar en el Complexo do Alemão) es un retroceso en relación a las políticas tradicionales", alertó Cano.
Mientras las UPP representan "una lógica de pacificación y preservación de vidas", el reciente operativo simboliza un regreso a "una lógica de guerra", al concepto de "la victoria contra el enemigo", a una política de "represión", analizó.
Su temor es que con la incursión policial, que según el gobierno se extenderá a otras grandes favelas, "se olvide" el "avance histórico" que representa este plan.
