El río San Juan, foco de discordia histórica y conflictos diplomáticos entre Costa Rica y Nicaragua, está cercado en ambas riberas por proyectos económicos que, según científicos y ambientalistas, alterarían para siempre la vida en el curso de agua más grande de América Central.
Montenegro explicó a Tierramérica que la proyectada Hidroeléctrica Brito Sociedad Anónima (Hidrobrito SA) requerirá erigir una represa de 10 metros de alto y 400 metros de ancho para subir el nivel de las aguas y revertir el curso natural de desagüe del Gran Lago Cocibolca del mar Caribe hacia el océano Pacífico.
La obra, que está en estudio y debería concluirse en 2015, tiene un costo superior a los 900 millones de dólares y, según el Ministerio de Energías y Minas y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua, generaría 250 megavatios de electricidad.
Para Montenegro, el daño a las especies del San Juan sería "catastrófico". La represa afectaría la biodiversidad del Gran Lago y de los ríos, los ecosistemas terrestres, acuáticos y marinos, la pesca artesanal y las zonas de cultivo de las comunidades asentadas en las partes bajas.
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Con el trasvase de aguas dulces en el Pacífico se perdería la salinidad de las zonas costeras y se afectarían miles de especies marinas y bancos de arrecifes y con ello, la migración de especies de tortugas amenazadas que cada año arriban a desovar a los refugios de vida silvestre de Chacocente y La Flor, en el sureño departamento nicaragüense de Rivas.
La empresa a cargo de la obra, la brasileña Constructora Andrade Gutiérrez, reconoció ante las autoridades nicaragüenses que habrá daños ambientales,y propuso alternativas que el gobierno analiza.
Según el documento "Perfil Hidroeléctrico Brito", presentado en junio al gobierno por la compañía brasileña, las obras afectarían 33 por ciento de las áreas de vegetación natural de la reserva biológica Indio Maíz.
Ésta se ubica en la región sureste de Nicaragua, en la margen izquierda del río, con una extensión de 3.180 kilómetros cuadrados.
Declarada Reserva de la Biosfera del Río San Juan en 2003 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la zona comprende un bosque húmedo tropical, humedales y lagunas con una fauna diversa: jaguares, águilas mayores, tucanes, lapas rojas, guacamayo ambiguo, manatíes, tiburón martillo y cocodrilos.
Se la considera la mayor fuente de diversidad botánica del país y del istmo.
Además, y según Andrade Gutiérrez, el proyecto hidroeléctrico "causará alteraciones en la calidad del agua y en el transporte de sedimentos, con consecuencia sobre los ecosistemas acuáticos y la salud de la población del entorno".
Brenno Machado Nogueira, director comercial de Andrade Gutiérrez para Nicaragua, dijo a Tierramérica que la constructora contrató a una empresa internacional para que elabore un estudio de impacto ambiental que permitiría corregir, mitigar y superar problemas.
Pero otras amenazas ya se yerguen sobre la reserva.
Antonio Ruiz, director ejecutivo de la no gubernamental Fundación del Río, que fiscaliza la actividad socio-cultural y ambiental del San Juan, denunció en noviembre que los monocultivos de palma africana contaminan refugios de vida silvestre y aguas y están acabando con la vegetación nativa.
Según un estudio de la Fundación, la zona está sometida a la expansión de la ganadería extensiva, la extracción de madera y la ampliación de plantaciones de palma africana (Elaeis guineensis) y de melina (Gmelina arborea) en áreas de regeneración natural y bosques tropicales húmedos.
"Se han perdido casi 50.000 hectáreas de bosque latifoliado, y cada año la deforestación continúa a un ritmo de casi 1.200 hectáreas", denunció Ruiz. La destrucción de los ecosistemas forestales desde 1983 representó la pérdida de 60 por ciento de los bosques en la zona de amortiguamiento de la reserva, estimó.
Según el ecólogo Kamilo Lara, la deforestación del lado costarricense, el uso de agroquímicos y las aguas residuales ponen en peligro la cuenca más grande de la región,
Estudios efectuados desde 2005 demuestran una seria contaminación del San Juan por materia fecal, sedimentos y agroquímicos de empresas procesadoras de frutas y fincas ganaderas en la ribera costarricense, dijo Lara a Tierramérica.
Costa Rica y Nicaragua se encuentran enfrascadas en un conflicto que San José llevó en noviembre a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, denunciando a Managua por supuesta invasión territorial y destrucción ambiental.
El gobierno de Daniel Ortega ordenó en octubre realizar labores de dragado en una parte del río que desemboca en el Caribe.
Según la denuncia costarricense, el ejército de Nicaragua se asentó en una zona que Costa Rica reclama y en la que se realizan presuntos actos de destrucción ambiental.
La Corte verá el caso en forma preliminar el 11 de enero de 2011.
Costa Rica solicita medidas cautelares para detener el dragado y evitar daños al ambiente de Isla Calero, de 151 kilómetros cuadrados, ubicada en la margen derecha del río, en una zona de gran riqueza ecológica.
Managua rechaza las acusaciones y sostiene que el dragado constituye un daño temporal y "mínimo", comparado con el beneficio de rehabilitar la ruta natural de especies desde el Caribe al Gran Lago a través del San Juan.
Otros planes que involucran al río se encuentran frenados.
La planificada explotación minera a cielo abierto en el cerro Crucitas, norte de Costa Rica, fue suspendida por las autoridades judiciales de ese país.
Mientras, el histórico plan de completar un canal interoceánico nicaragüense incluyendo parte del curso del San Juan está congelado por falta de recursos para realizar los estudios.
* Publicado originalmente el 24 de diciembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
