El mexicano Pablo Rodríguez, que reside en Estados Unidos, ocupa un escaño del parlamento del estado de Zacatecas, en el centro de su país, gracias al trabajo de organizaciones de emigrantes que han luchado por años para recuperar los derechos políticos perdidos al cruzar la frontera.
La conquista de Rodríguez, en las elecciones generales de julio en Zacatecas, conforma un esquema que se repite en otros estados mexicanos, como Michoacán y el Congreso legislativo federal.
"Los emigrantes han logrado una acción más social y política de presencia en sus comunidades, donde son un interlocutor ante los poderes locales. Eso lleva a que puedan incidir en otro tipo de políticas públicas", explicó a IPS Alejandro Canales, profesor de la estatal Universidad de Guadalajara.
El fortalecimiento de las organizaciones de inmigrantes y el análisis de su impacto en sus comunidades de origen forman parte de la agenda de la Acción Global de los Pueblos (AGP) sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos, el foro iniciado el martes en la Ciudad de México que finalizará este viernes, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La AGP, que reúne a unos 1.500 representantes de entre 120 y 150 organizaciones de todo el planeta, aborda también temas como indicadores estratégicos sobre las migraciones, derechos humanos, cambio climático, políticas públicas y redes y organizaciones.
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Las agrupaciones de inmigrantes han ejercido influencia para que los gobiernos de sus respectivas naciones presten más atención a quienes se trasladan, especialmente sin documentos, a otros países.
"Se ha logrado influir en el gobierno en políticas para proteger a los inmigrantes" en los país de residencia, aseguró a IPS Ellene Sana, directora ejecutivo del no gubernamental Centro filipino de Asesoría a Emigrantes (Center for Migrant Advocacy), y asistente a la AGP.
En Filipinas está vigente desde 1995 la Carta Magna de los Trabajadores Migrantes, referida a los derechos de los trabajadores del archipiélago asiático en su propio territorio y fuera de él.
Unos nueve millones de filipinos viven en el extranjero, en su mayoría en Estados Unidos y países de Medio Oriente. Y aunque pueden votar desde el extranjero desde 2003, no pueden optar a cargos de elección popular.
En el mundo había a fines de 2009 unos 214 millones de emigrantes que ese año enviaron 414.000 millones de dólares a sus países de origen, según estadísticas de la ONU. Una tercera parte se ha desplazado de países del Sur a naciones industrializadas.
"Están interesados en aportar para fortalecer las organizaciones en sus comunidades y fomentar sus derechos sociales y políticos", dijo a IPS la nicaragüense Lis-Marie Alvarado, coordinadora de Jóvenes en la no gubernamental We Count (Nosotros Contamos), con sede en el sudoriental estado estadounidense de Florida.
We Count aboga por los derechos de los inmigrantes y pertenece a la Florida Immigrant Coalition, que aglutina a más de 10 organizaciones dedicadas a esa misma labor.
Pero en otros países no se ha avanzado tanto. En Nicaragua no se puede sufragar desde el extranjero ni los emigrantes pueden ser elegidos, mientras que los dominicanos sí pueden votar en el exterior.
"No se ha conseguido mucho, salvo el voto en el exterior. Hay interés de los emigrantes, pero no se ha logrado una organización fuerte", indicó a IPS Magaly Troncoso, representante del Dominican Development Center, con sede en la oriental ciudad estadounidense de Boston, y también asistente al foro global.
En Estados Unidos viven unos tres millones de dominicanos, especialmente en las ciudades de Nueva York y Boston.
El Congreso legislativo de ese país caribeño aprobó este año una reforma legal para que cuatro emigrantes asuman escaños. Por eso, los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano mantienen oficinas en los estados del este de Estados Unidos para captar votantes y candidatos.
La AGP ocurre días antes del IV Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, una actividad fuera del seno de la ONU que se llevará a cabo del 8 al 11 de este mes en la localidad turística de Puerto Vallarta, 890 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México.
Presidido por México, el Foro surgió en 2006 de una recomendación del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, a cargo de la Asamblea General de la ONU.
"La organización no es suficiente, se necesitan más recursos. El Estado no sabe cómo abordar la emigración, no tiene una política social", refirió Canales, quien está presente en la AGP.
Desde sus escaños, los legisladores emigrantes mexicanos luchan en temas como la asignación presupuestaria para sus comunidades, redes de protección social para los que tuvieron que salir del país en busca de un futuro mejor y apoyo consular ante violaciones a derechos humanos.
En Estados Unidos viven unos 12 millones de latinoamericanos indocumentados, la mitad de los cuales son de origen mexicano.
"El reto es motivar a los emigrantes a formar organizaciones. También luchar contra la discriminación y lograr el acceso a la protección social", planteó Sana.
"Se tiene que afinar la agenda migratoria, tratar que el gobierno se comprometa más a ayudar a los que emigran y a los que regresan a República Dominicana", propuso, a su vez, Troncoso.
