El paso de Agua Negra es hoy una carretera andina sin pavimentar que une Argentina y Chile a casi 4.800 metros sobre el nivel del mar. Pero está abierto sólo en el verano austral, entre diciembre y marzo, y apenas para vehículos livianos.
El principal cruce fronterizo entre los dos países separados por la Cordillera de los Andes es el túnel de Los Libertadores, entre la occidental provincia argentina de Mendoza y la central región chilena de Valparaíso, a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Por allí pasan unos 2.500 camiones cada día, según el mendocino Colegio de Arquitectos.
Pero ese túnel se cierra sin preaviso unos 40 días al año por las tormentas de nieve, casi siempre en invierno, y miles de camiones quedan varados a los dos lados de la frontera.
En este panorama surgió la propuesta de construir un túnel en Agua Negra, atravesando los Andes. Los gobiernos la alientan, mientras organizaciones civiles reclaman transparencia y un lugar en la mesa de decisiones.
"Tener un túnel puede ser muy beneficioso para San Juan, pero hay que analizar muy bien los costos y beneficios", subrayó la abogada Villalonga.
El proyectado túnel, para unir San Juan con la IV Región de Coquimbo, en el centro-norte de Chile, es además una obra clave del Corredor Bioceánico que conectaría el puerto chileno homónimo, sobre el océano Pacífico, con la sureña ciudad de Porto Alegre, en Brasil y cerca del Atlántico.
En la 39 reunión cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), celebrada en agosto en San Juan, los presidentes de los países del bloque (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y de Chile, como miembro asociado, dedicaron un claro apoyo al proyecto, que promete más integración y crecimiento del flujo del comercio regional hacia el Pacífico.
Pero las organizaciones no gubernamentales albergan sobre todo dudas.
"El gobierno de San Juan dice que tiene estudios de factibilidad del trazado, pero los hace sin ninguna participación de la sociedad civil y eso no permite poner en transparencia lo que se va evaluando", dijo Villalonga.
La Fundación de Ciudadanos Independientes no se opone al túnel. Pero pide mayor participación en la planificación de obras en áreas de glaciares, importantes reservas de agua dulce en esa región árida y con dificultades de acceso a los recursos hídricos.
"Esperamos un estudio de impacto ambiental que sea puesto en consideración de los ciudadanos en audiencia pública para tomar intervención y saber dónde quieren romper, si los glaciares a sacrificar son relevantes o no, porque todo depende de dónde se ubique el túnel, y eso no lo sabemos", explicó.
La arquitecta Alicia Malmod, de la Universidad Nacional de San Juan, dijo a Tierramérica que la obra "es necesaria", pues "constituye una alternativa estratégica para el desarrollo provincial en términos de integración y posibilidades de intercambio".
Malmod no ve el túnel como una obra aislada, sino parte del Corredor Bioceánico, uno de los ejes de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), un mecanismo de coordinación intergubernamental de los 12 países de América del Sur para impulsar proyectos de transportes, energía y comunicaciones.
La propuesta de IIRSA es un túnel internacional que costaría unos 800 millones de dólares. La empresa brasileña Bureau de Projetos e Consultoria está a cargo de los estudios técnicos necesarios para licitar la obra, que se iniciaría en 2014 e insumiría cuatro años.
Por mucho tiempo, dijo Malmod, "la región centro-oeste de Argentina, y en particular San Juan, fue el patio trasero, la espalda de un país que miraba sólo hacia fuera. Una obra de esta magnitud recalifica esta área, define nuevos roles y potencia recursos", insistió.
Ella considera que generará "desarrollo local" con la construcción de asentamientos dotados de servicios que contribuirían a mejorar la calidad de vida de la gente que vive en la zona.
Precisamente, los departamentos de Jáchal e Iglesia podrían fortalecer su identidad como centros regionales y preservar su patrimonio y sus valores culturales, estimó.
Pero Malmod también alertó sobre el impacto negativo que puede tener la obra, y para prevenirlo se necesita mayor participación ciudadana en el proyecto, dijo.
"Estamos ante un sistema particularmente frágil por sus cualidades de aridez y por ser zona sísmica. Pero en una concepción amplia de lo ambiental, la fragilidad social se constituye en componente ineludible" al ponderar costos y beneficios, dijo.
Además, en el área fronteriza y glaciar de San Juan se está desarrollando una actividad minera que también requiere "propiciar el debate, discutir la legislación, las regulaciones ambientales y los organismos de control", sostuvo.
Según la Cámara Minera de San Juan, en la provincia hay 26 proyectos en distintas fases: uno en explotación, cinco con informes de factibilidad aprobados y 20 en exploración. La mayoría están en la frontera o muy cerca de ella.
El más polémico, Pascua Lama, de la corporación canadiense Barrick Gold, está afectando algunos glaciares, según denuncias de ambientalistas.
El 30 de septiembre, el Congreso legislativo argentino aprobó una ley de protección de glaciares que establece limitaciones y controles para obras de infraestructura y minería en áreas de hielos continentales.
En San Juan, la clave sería un plan de ordenamiento territorial específico para esta zona, dijo Malmod.
* Este artículo fue publicado originalmente el 2 de octubre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
