Activistas como Akiko Takada han hecho campaña por largos años en Japón para abolir la pena de muerte. Sin embargo, no hay señales de que el máximo castigo sea eliminado en este país asiático en el corto plazo.
La pena capital se mantiene firme en medio del mayor debate público sobre su abolición desde que fue instaurada en 1868, durante la Era Meiji.
El mayor oponente a la abolición ha sido el propio gobierno. Sin embargo, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la ministra de Justicia, Keiko China, autorizó una visita de la prensa el 27 de agosto a varias zonas de la cámara de ejecuciones.
La pena capital en este país se realiza mediante la horca.
Altos funcionarios también mostraron disposición a participar de debates sobre la viabilidad del máximo castigo, según informes de prensa.
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Takada, portavoz de Forum 90, el principal movimiento ciudadano abolicionista, reconoció que eso representa un progreso.
No obstante, los cambios son lentos y limitados, señaló. Por ejemplo, a los visitantes no se les permitió ver la habitación debajo de la sala de ejecuciones, donde caen los cadáveres de los convictos.
"Los funcionarios deliberadamente escondieron la crueldad del proceso de ahorcamiento, lo que significa que seguirá siendo difícil para nosotros cambiar la opinión pública", dijo Takada.
En este país, la pena de muerte generalmente ha sido aplicada a los condenados por uno o más homicidios. Japón y Estados nidos son los únicos miembros del Grupo de los Siete (G-7) países industrializados que aún realizan ejecuciones.
A pesar de la fuerte campaña abolicionista internacional, en Japón los activistas afrontan cada vez más obstáculos.
Forum 90 tenía 5.500 miembros cuando fue creado hace dos décadas, y ahora sus integrantes suman 4.000.
Una encuesta comisionada por el gabinete de gobierno concluyó que 85 por ciento de los consultados estaban a favor de la pena de muerte.
Luego de una fuerte presión pública y política, el Ministerio de Justicia autorizó dos ejecuciones en julio, aun cuando es conocido que la propia ministra está en contra de la máxima pena.
Una encuesta realizada en diciembre de 2009 por el Ministerio de Justicia concluyó que 52 por ciento de los japoneses creían que los criminales que han cometido serios delitos debían pagar con su vida. Un porcentaje similar señaló que la abolición de la pena capital solo permitiría un aumento de esos crímenes.
Pero críticos señalan que la investigación fue diseñada tendenciosamente por el Ministerio para infundir temor en el público, usando preguntas como: "¿Está usted en contra de la pena de muerte a pesar de la actual situación?"
La formulación de las consultas de esta manera "claramente crea un ambiente con el cual se sugiere a la gente que no tiene otra opción", sostuvo Nobutu Hosaka, ex parlamentario y ahora líder de un grupo abolicionista.
Miembro del Partido Social Demócrata, Hosaka, junto a otros miembros de su grupo, busca una moratoria de las ejecuciones para al menos lograr espacio para un debate público adecuado.
En julio se realizaron los primeros ahorcamientos bajo el gobierno del Partido Democrático, que asumió en septiembre de 2009 y de tradición abolicionista. Actualmente hay 107 personas en el pabellón de la muerte.
"El sistema japonés es particularmente ofensivo para los activistas, porque los ahorcamientos son realizados en secreto y las encuestas son diseñadas para crear apoyo público", sostuvo Yuji Ogawara, abogado que lanzó un sitio web para promover el debate público sobre el máximo castigo.
Ogawara cree que habría mucho menos apoyo público a la pena de muerte si el pueblo japonés fuera educado sobre los aspectos más negros de su aplicación, como el confinamiento solitario al que son destinados los reclusos, sin visitas familiares, o la práctica de informarle al condenado el momento de su ejecución apenas minutos antes de que se lleve a cabo.
En algunos casos, los reclusos siguen insistiendo en su inocencia, lo que despierta muchas dudas sobre posibles defectos en el sistema judicial. "Las familias de los reclusos prefieren no hablar por temor a sufrir un ostracismo social", señaló Ogawara.
Casi todos los prisioneros sentenciados a muerte proceden de familias que sufren pobreza, problemas de relacionamiento o enfermedades de salud mental, señalaron activistas, basándose en la limitada información que los grupos abolicionistas han podido reunir.
Según Forum 90, muchos convictos no pueden pagar abogados para su defensa. Asimismo, muchas familias no aceptan la devolución de los cadáveres de sus parientes ejecutados. "La razón de ese rechazo es la fuerte discriminación que sufren los miembros de esa familia por el resto de la sociedad japonesa", explicó Takada.
La mayoría de los reclusos viven con temor y ansiedad mientras esperan su ejecución. A los abogados y trabajadores voluntarios se les impide verlos. Las visitas familiares, aunque autorizadas, son raras debido a la discriminación social.
Activistas están convencidos de que la difusión de información generará sensibilidad pública, y finalmente reducirá el número de sentencias a muerte.
Según el sistema judicial japonés, los veredictos son emitidos por un jurado conformado por seis ciudadanos y tres jueces profesionales.
Hosaka propuso que se conmute la pena de muerte por castigos como cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
