Los subsidios otorgados por el gobierno mexicano a la producción de maíz desde 1994 han beneficiado a los grandes y medianos cultivadores, en detrimento de los de pequeña escala, según un estudio presentado este lunes.
La investigación contenida en el libro "Subsidios para la desigualdad. Las políticas públicas del maíz en México a partir del libre comercio", fue elaborado por académicos del privado Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de México, y los estadounidenses Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson y la Universidad de California, en Santa Cruz.
"No sabemos con absoluta certeza si han llegado a sus últimos destinatarios y si han sido usados para los fines para los que fueron diseñados", dijo a IPS Mauricio Merino, académico del CIDE y uno de los colaboradores en la obra de 193 páginas, patrocinada por la estadounidense Fundación William y Flora Hewlett.
El informe se centra en los gubernamentales programas de Apoyos Directos al Campo (Procampo), de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) y Alianza para el Campo, lanzados entre 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (más conocido como Nafta, por sus siglas inglesas) y el año pasado.
En ese lapso, el gobierno mexicano destinó más de 20.000 millones de dólares en ayudas directas a los cosechadores de maíz, especialmente en estados del norte fronterizos con Estados Unidos.
El grano es un cultivo simbólico en la región de Mesoamérica, que se extiende desde el centro de este país norteamericano hasta América Central, por su fuerte vinculación con las culturas prehispánicas.
"Algunos de los subsidios son tan regresivos que incrementan la desigualdad. Es contradictorio que haya subsidios para programas sociales y otros que anulan esos efectos", resaltó ante IPS el estadounidense John Scott, profesor de la Universidad de California, y uno de los colabores del volumen.
En México hay unos 3,2 millones de productores maiceros, más de dos millones de los cuales lo utilizan para consumo familiar, según datos gubernamentales. La producción llegó a 24 millones de toneladas en 2009, mientras que este año esa cifra se ubicaría en 26 millones, según la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México.
Los cultivadores obtienen especialmente maíz blanco para el consumo doméstico, mientras que importan grano amarillo para alimentar a los animales. Este año las compras del exterior se ubicarían en unos nueve millones de toneladas.
A raíz de la entrada en vigencia del Nafta, que conforman Canadá, Estados Unidos y México, este último país creó varios mecanismos financieros para compensar a sus productores ante la liberalización comercial en ciernes. Uno de ellos es Procampo, nacido en 1993 y que abarca a unos 2,5 millones de cosechadores.
Procampo, cuyo presupuesto actual es de unos 1.250 millones de dólares y cuya duración ha sido extendida hasta 2012, "excluye a la mayoría de su población objetivo" y "está sesgado para favorecer a los productores más adinerados", cita el documento.
El sesgo a favor de los grandes y medianos productores, prosigue, está aun más presente en casi todos los otros programas de subsidios agrícolas mexicanos.
Entre 1994 y 2009, Procampo destinó más de 13.300 millones de dólares, según el proyecto Subsidios al Campo en México, ejecutado por la no gubernamental Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
A medida que avanzaba la liberalización comercial, especialmente luego de la llamada Ronda Uruguay (1986-1994) que dio lugar a la creación de la Organización Mundial del Comercio, México tuvo que eliminar mecanismos de ayudas, como los precios de garantía, que era el valor mínimo que el gobierno asegura para los productores agrícolas.
"Antes de la apertura, los subsidios estaban concentrados en las zonas de mayor productividad", indicó a IPS Gustavo Gordillo, quien fuera subsecretario (viceministro) de Agricultura entre 1988 y 1994, durante las negociaciones del Nafta.
Algo anda mal con los subsidios que el gobierno otorga a ramos como el consumo de agua, electricidad y gasolinas, pues comparten características con los agrícolas mal enfocados e ineficientes-.
Uno de los temas citados en el reporte se refiere a la transparencia de los apoyos financieros, en cuanto a quiénes reciben qué monto. "Si bien los programas de subsidios agrícolas más importantes parecen ser bastante transparentes, en los hechos carecen tanto de transparencia como de mecanismos de rendición de cuentas", cita el texto.
En ese sentido, Procampo es el más avanzado, aunque su padrón de beneficiarios no ha sido depurado, mientras que las administraciones estatales son de las más opacas. Por ejemplo, Merino presentó hace más de un año una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, una especie de contraloría, por concesión de recursos a funcionarios públicos.
"Hay evidencia para decir que fondos han sido desviados. Hay que preguntarse cuál es el costo de la opacidad", señaló a IPS la estadounidense Libby Haight, académica de la Universidad de California y coordinadora del informe.
Mientras el gasto federal agrícola ha crecido de manera significativa desde 2001, el empleo en el sector había caído notablemente, según el estudio. Entre 1991 y 2007 la cantidad de puestos de trabajo se redujo de 10,7 millones a 8,6 millones.
"Tenemos que generar sistemas de seguridad social para los productores de subsistencia y ofrecer un paquete diferente a población diferente, y eso requiere de un plan de acción", planteó Scott.
"Hay un problema básico, y es qué tipo de campo estamos visualizando. Tienen que haber políticas diferenciadas", coincidió Gordillo, ex director para América Latina y el Caribe del Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Ahora los productores mexicanos se enfrentan a una nueva amenaza, el maíz transgénico. La Secretaría de Agricultura ya emitió 24 permisos para la siembra experimental de grano genéticamente modificado, medida rechazada por organizaciones ecologistas y asociaciones de productores del grano criollo.
