Desde 1976 Estados Unidos juzga cada año, de propia voluntad y bajo la óptica de su Departamento de Estado, la situación de los derechos humanos en unos 190 países. Se trata de un informe de unas 5.000 páginas que envía al Congreso legislativo en marzo y que cosecha réplicas airadas de algunos examinados.
Cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó en 2006 el Consejo, lo dotó del mecanismo del EPU, con la misión de evaluar cada cuatro años la vigencia de esas garantías en los 192 estados del foro mundial.
Después de ocho sesiones y del análisis de la conducta de casi dos tercios de los estados miembros, el funcionamiento del EPU merece opiniones discordantes.
En un debate celebrado este mes por el Consejo, Rusia sostuvo que en el EPU persisten prácticas negativas, como las críticas de índole política y las acusaciones fundadas en intereses individualistas.
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Cuba afirmó que en el EPU no se han eliminado las rémoras de la selectividad y del doble rasero que precipitaron el descrédito y la desaparición de la Comisión de Derechos Humanos, reemplazada hace cuatro años por el actual Consejo. Pero defendió la estructura actual del EPU y previno contra intentos de "alterar la naturaleza intergubernamental del proceso".
La delegación de Hungría desnudó la esencia política del EPU, basada en la negociación diplomática de los derechos humanos, cuando describió que su mecanismo consiste en "estados amigos que hacen favores a otros y no plantean temas que incordian".
En cambio, Estados Unidos declaró que el EPU es una contribución positiva, exhortó a mejorarlo y a reforzar la rendición de cuentas de los estados.
Al entregar su informe al Consejo, el 20 de agosto, Washington se declaró "orgulloso de su historial en derechos humanos y del papel desempeñado por el país en el progreso de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el mundo".
Representantes de la sociedad civil estadounidense evaluaron el caso con mayor prudencia. "Es un paso hacia la rehabilitación de la reputación de Estados Unidos y de su participación en las estructuras de derechos humanos", dijo a IPS el director ejecutivo de la Red de Derechos Humanos de Estados Unidos (USHRN, por sus siglas en inglés), Ajamu Baraka.
Estados Unidos tiene verdaderos problemas de derechos humanos y si se propone ser un miembro eficaz del Consejo, tiene que encarar con honestidad esas preocupaciones internamente, agregó.
La USHRN esta integrada por más de 300 organizaciones de derechos humanos y justicia social. Es la primera vez que una gama tan variada de entidades de la sociedad civil estadounidense se acercan a Ginebra, sede de las principales instituciones de derechos humanos de la ONU.
Hasta ahora solo llegaban a esta ciudad suiza organizaciones interesadas en género y discriminación racial, aunque en los últimos años se hicieron presentes activistas de ese país preocupados por los efectos humanitarios de las políticas de Washington contra el terrorismo.
Estas inquietudes no han desaparecido, admitió Baraka. "La gente sigue preocupada por el efecto de la llamada guerra contra el terrorismo", dijo. Esas políticas apuntan a las comunidades musulmanas y árabes, precisó.
Muchos estados expresaron preocupación por la presunción de conductas determinadas por parte de grupos raciales y por el trato a trabajadores inmigrantes en Estados Unidos. "Son cuestiones que inquietan a mucha gente", subrayó el director de la USHRN.
El examen de Estados Unidos en el Consejo "representa una oportunidad única para plantear la cuestión de los derechos económicos, sociales y culturales", dijo Sarah Paoletti, coordinadora del EPU en la USHRN y profesora de la escuela de derecho de la Universidad de Pennsylvania.
Estados Unidos no tiene exactamente grandes antecedentes en materia de ratificación de tratados internacionales, ironizó Paoletti. (Ver recuadro)
Washington firmó hace 33 años el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, pero no lo ha ratificado.
El Pacto requiere a los estados que garanticen a la población sus derechos a la educación, la vivienda, la igualdad de oportunidades y los beneficios sociales en condiciones de igualdad.
Sin embargo, en Estados Unidos los estudiantes de familias negras, de inmigrantes y de bajos ingresos asisten en mayor proporción a escuelas de bajo presupuesto. De esa manera se contribuye a ampliar las disparidades educativas y de oportunidades, observó la USHRN.
La delegación de la USHRN que visitó Ginebra sostuvo que los salarios vigentes en la actividad agrícola se encuentran estancados desde hace 30 años.
"Esas remuneraciones no alcanzan para mantener dignamente a nuestras familias", dijo Lucas Benítez, de la Coalition of Immokalee Workers (Coalición de Trabajadores de Immokalee), fundada en esa localidad del sudoeste del estado de Florida por peones agrícolas latinoamericanos, indígenas mayas y haitianos.
Además, los patrones someten a abusos físicos y verbales a los trabajadores y a acoso sexual a las mujeres, denuncio Benítez. "Aunque parezca imposible, es una esclavitud moderna", refirmó.
Baraka explicó que el Departamento de Estado asumió la conducción del proceso de consultas con la sociedad civil para la preparación del EPU, pero "tienen una tarea difícil porque hay temas graves que los defensores de derechos humanos vamos a plantear".
En materia de reformas, se pide la creación de una institución nacional de derechos humanos y "sobre este punto hemos negociado con el gobierno", dijo el director de la USHRN. "Ya se ha producido algún movimiento al respecto con el gobierno Barack Obama".
Los activistas confían que del proceso del 5 de noviembre surjan recomendaciones sólidas que permitan a la sociedad civil y al gobierno "trabajar juntos para aplicarlas".
