Perú es el único país de América Latina que dio pasos para ingresar a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), pero le falta un trecho importante por la resistencia empresarial a rendir cuentas y las trabas estatales.
El presidente de la EITI, Peter Eigen, dijo a Tierramérica que será la última ampliación de plazo para incorporarse a la iniciativa de la que forman parte gobiernos, empresas mineras y petroleras y organizaciones multilaterales y no gubernamentales.
"Perú va por buen camino, pero tiene que cumplir con lo que le falta", dijo Eigen.
El caso peruano se consideró, añadió, por la activa participación de la sociedad civil, que contribuye a impulsar esta iniciativa a favor de mayor transparencia y rendición de cuentas de los pagos fiscales de la actividad minera y de hidrocarburos.
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Además de ser un país petrolero, Perú está entre los primeros productores mundiales de oro, plata, cobre, zinc y plomo.
Según la industria, entre 1992 y 2007, las empresas mineras y energéticas invirtieron más de 24.150 millones de dólares. Si bien la pobreza descendió, llegando a casi 39 por ciento en 2009, varios focos de indigencia coinciden con zonas de intensa explotación minera.
La implementación de la EITI, que permite informar a la ciudadanía y reducir los riesgos de corrupción, exige un estudio de conciliación entre las cifras que presentan las empresas sobre sus impuestos y otros pagos al Estado y las que éste registra.
Hay cinco pasos para que un país candidato obtenga el estatus de cumplimiento: adhesión, preparación, revelación (del estudio), difusión y validación.
Perú sólo pudo cumplir en marzo con las dos primeras fases. Al ampliarse el plazo, inició la etapa de difusión interna y el 23 de julio presentó el documento en Lima.
Sólo Azerbaiyán, Liberia y Timor Oriental son países cumplidores y otros 27 son candidatos —20 africanos— mientras uno, Guinea, está suspendido.
Perú es el único candidato latinoamericano. Bolivia, Colombia y México han mostrado interés en sumarse, pero aún no lo han formalizado, informó Eigen a Tierramérica.
Perú solicitó su ingreso en septiembre de 2004 y pidió apoyo al Banco Mundial y al Departamento para el Desarrollo Internacional del gobierno británico, dos auspiciantes de la EITI.
El proceso está a cargo de una comisión encabezada por el Ministerio de Energía y Minas e integrada por otras instancias de gobierno, representantes de las empresas, las organizaciones no gubernamentales y las universidades.
Para el estudio de conciliación, participaron 33 empresas de un universo de 60 grandes compañías, según el viceministro de Energía, Daniel Cámac. De ese grupo, 24 mineras y nueve petroleras accedieron a dar información sobre impuesto a la renta, regalías y derechos de vigencia.
"Se trata de una alianza voluntaria, pública y privada. El reto es cómo hacer para que participen más actores y se hagan mejores estudios", dijo el director general de Gestión Social del ministerio, José Luis Carbajal.
El período cubierto por el informe de conciliación es 2004-2007. En esos años, las mineras pagaron impuestos al Estado por 3.752 millones de dólares y entre 871.000 y 873.000 dólares en regalías, mientras las petroleras aportaron 237.000 dólares en impuestos y 1.594 millones de dólares en regalías, señala el documento.
Los representantes de la EITI señalaron que lo "deseable" hubiera sido incluir cifras hasta 2008.
Representantes de la sociedad civil dijeron a Tierramérica que uno de los principales obstáculos lo puso un grupo de empresas renuentes a revelar sus pagos fiscales individuales y que propusieron en cambio entregar información en bloque.
De las 24 compañías mineras que reportaron, seis mantuvieron la decisión de no exponer sus cifras en forma detallada. El gerente de Servicios Técnicos de Southern Perú, Carlos Aranda, alegó, en su nombre, razones de "seguridad".
Para Carlos Wendorff, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, no se trata más que de una "tontería". "¿Qué les va a pasar a las empresas si sinceran sus cifras? Lo que debe haber es una total transparencia", sostuvo.
Otro obstáculo emergió de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que se resistió a entregar cifras de recaudación por estar sujeta a las limitaciones del secreto tributario.
Hubo otras trabas estatales que el Ministerio de Energía no consiguió superar a tiempo, según Wendorff.
Si hay dificultades, una salida es que el gobierno apele a una ley, como lo han hecho otros países, dijo Eigen a Tierramérica.
Un estudio de conciliación piloto se llevó a cabo en la norteña región de Cajamarca sobre los impuestos pagados por las compañías que extraen sus recursos naturales, en especial Yanacocha, que explota el yacimiento aurífero más grande de América del Sur. Allí, 56 por ciento de los habitantes son pobres.
Perú entregó su estudio de conciliación a la firma francesa CAC 75, acreditada por la EITI para la validación y contratada por el Estado por medio millón de dólares.
La auditora debería emitir su informe a mediados de agosto. Luego el gobierno puede efectuar observaciones finales. "Confiamos en cumplir con todo en septiembre", dijo a Tierramérica el viceministro Cámac.
* Este artículo fue publicado originalmente el 31 de julio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
