El manto gris que cubre los ríos afectados por un derrame de relaves mineros en Huancavelica, la región más pobre de Perú, alberga al menos siete parámetros nocivos para la salud que superan hasta 50 veces el nivel permitido, según pruebas de laboratorio a las que accedió IPS. Este miércoles fue multada la firma culpable del accidente.
Arsénico, cadmio, cobre, hierro, manganeso, plomo y zinc fueron encontrados en alarmantes concentraciones, según los análisis que mandó a elaborar la Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Agricultura.
La ANA determinó este miércoles la máxima sanción estipulada contra la minera peruana Caudalosa, responsable del vertido, con una multa de 10.000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) que asciende a 12.766.000 dólares, según conoció en exclusiva IPS.
Tal medida está estipulada en el reglamento de la ley de Recursos Hídricos.
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En el reporte de laboratorio, que IPS pudo consultar, se advierte la presencia de 0,255 miligramos por litro (mg/l) de cadmio en una de las muestras, cuando el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) es de 0,005 mg/l en el caso de las aguas de categoría III, para riego y bebida de animales.
Este grado de concentración llega a sobrepasar hasta en 50 veces lo establecido por la norma. Según la ANA, se ha considerado la categoría III para el análisis porque las aguas de los ríos Escalera, Huachocolpa, Opamayo y otros que fueron afectados se usan principalmente para la agricultura y el brebaje del ganado en esta zona de Huancavelica, en el sur andino del país.
Si se hubiese tomado en cuenta la categoría I, considerada para el consumo humano, los resultados serían mucho más graves porque los parámetros permitidos son más exigentes.
El director de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos de la ANA, Amarildo Fernández, aseguró a IPS que los pobladores de la zona toman agua principalmente de los manantiales que también serán monitoreados en dos semanas.
En total, se han analizado 23 parámetros de metales pesados, entre los que figura el manganeso con una concentración de 7,867 mg/l, que supera en más de 38 veces el ECA de 0,2 mg/l. El hierro fue detectado hasta en 33,72 mg/l, es decir, 33 veces más de lo permitido si se considera que el ECA es de un mg/l.
La concentración máxima de plomo llegó a superar 18 veces lo estipulado por la norma, con 0,949 mg/l frente a un ECA de 0,05 mg/l. En zinc el resultado es similar, con 33,32 mg/l que sobrepasa en 16 veces el ECA de dos miligramos.
También se ha detectado la presencia del nocivo arsénico con 0,333 mg/l, lo que sobrepasa en seis veces el ECA de 0,05 mg/l, mientras que en cobre la historia se repite con 0,843 mg/l respecto a un ECA de 0,2 mg/l.
Las muestras examinadas fueron tomadas el 2 y 3 de este mes, casi una semana después del derrame, por lo que es probable que las muestras registradas al día siguiente del hecho arrojen resultados aún más alarmantes.
Debido al daño ocasionado por el derrame de 25.000 metros cúbicos de relaves, según los cálculos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el 6 de este mes el gobierno de Alan García declaró en emergencia ambiental al distrito de Huachocolpa, donde se concentra la población afectada.
En Huancavelica, 77,2 por ciento de sus habitantes es pobre. Según el informe del gobierno regional, se afectaron 3.362 vacunos y 40 hectáreas de cultivos.
"Estas son nuestras fuentes de agua y pedimos una comisión multisectorial del gobierno que se encargue con urgencia de la remediación de los daños y que se sancione a los responsables", señaló a IPS Edgar Quispe, representante del Frente de Defensa de la provincia ayacuchana de Angaraes, que también ha sido afectada.
El Frente de Defensa de Angaraes promovió un paro regional el 7 y 8 de este mes, exigiendo a las autoridades que se llegue a fondo en las investigaciones.
De acuerdo con el Osinergmin, el daño ambiental fue causado por el exceso de relaves en la infraestructura del depósito "A" de la unidad minera "Huachocolpa Uno" de Caudalosa, que fue ampliado sin autorización del Ministerio de Energía y Minas que verifica la viabilidad técnica de la construcción.
Según un informe del proyecto investigativo peruano IDL-Reporteros, Osinergmin tenía conocimiento desde julio de 2009 que la compañía no contaba con permiso para ampliar la instalación ni para dejar los desechos. Como resultado, el organismo fiscalizador hizo recomendaciones pero no ordenó la suspensión del depósito de relaves.
El presidente del Osinergmin, Alfredo Dammert, señaló que no lo hizo porque la cantidad de relaves no excedía "los límites permitidos".
IDL-Reporteros reveló que entre 2007 y 2010 Osinergmin notificó en 14 oportunidades a Caudalosa por la contaminación de ríos y ampliaciones ilícitas de sus depósitos de relaves y la planta de concentración de minerales.
Sin embargo, en ese período el organismo supervisor no logró concretar ninguna sanción por daño ambiental y la compañía ignoró las recomendaciones.
El Osinergmin también evalúa la medida sancionadora y ha señalado que la máxima multa que puede imponer es de 600 UIT o 766.000 dólares.
"Exigimos más celeridad y sanciones drásticas e incluso que se quite la concesión a una empresa cuando contamina de manera reiterada", señaló a IPS el legislador Miro Ruiz, del Partido Nacionalista.
En Perú no está contemplado el cierre de operaciones de una minera por daños ambientales por la vía administrativa. Lo que existe desde el 30 de junio es una suspensión temporal de las operaciones ordenada por el Osinergmin ante la emergencia producida por el derrame.
El caso también sigue su curso en los tribunales. El Primer Juzgado Penal de Huancavelica ordenó el 9 de este mes la suspensión de las actividades de Caudalosa mediante una medida cautelar presentada por el Fiscal de Prevención del Delito y Medio Ambiente de Huancavelica, Frans Ponce Rosado.
Ponce Rosado informó a IPS que su despacho espera los resultados de las pruebas de laboratorio de las diversas instituciones que han tomado muestras de las aguas para exigir la indemnización al Estado peruano por daño al medio ambiente.
El procurador Público Especializado en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, explicó a IPS que en esa demanda contra el Estado también se puede recomendar la indemnización de los pobladores afectados, quienes deben demostrar el daño ocasionado en sus vidas.
"Nosotros podemos asesorarlos y recomendar, pero ellos deben iniciar la denuncia de manera individual", señaló Guzmán.
"Es necesario implementar la vigilancia de los recursos hídricos a nivel nacional para proteger los bienes del Estado y contribuir a la prevención de los daños", señaló a IPS Javier Carrasco, jefe de la ANA, institución creada a inicios de este año.
Las diversas organizaciones involucradas en la fiscalización ambiental y de los recursos hídricos coordinan la elaboración de un plan de acción ante la emergencia ambiental decretada en la zona del derrame.
Entre las 10 actividades del plan se contempla la recuperación de las aguas y suelos, la siembra de peces y un sistema de alerta en las postas de salud para atender posibles casos de contaminación de pobladores.
