Los esfuerzos de Estados Unidos para promover la defensa de los derechos de propiedad intelectual en Uganda es una forma indirecta de crear un debate en África oriental sobre el Acuerdo Comercial Anti-falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).
Así opinó Nathan Irumba, ex embajador de Uganda ante la Organización Mundial del Comercio, en diálogo con IPS.
Sus comentarios fueron hechos en el marco de una campaña contra la piratería en África oriental, que ha motivado la redacción de varios proyectos de ley que, según críticos, amenazan la importación y fabricación de medicinas genéricas legítimas.
El ACTA aspira a hacer frente al comercio de productos falsificados fortaleciendo las potestades de los funcionarios aduaneros en los países signatarios para confiscar mercaderías pirateadas.
El comercio internacional de productos que violan los derechos de la propiedad intelectual factura unos 150.000 millones de euros (casi 183.737 millones de dólares) al año, según estimaciones de al Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que representa a países ricos.
[related_articles]
Los negociadores del ACTA, cuya creación fue promovida en 2006 por Estados Unidos y Japón, incluyen ahora a la Unión Europea (UE) y a Australia, Canadá, Corea del Sur, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Singapur y Suiza.
Pero críticos advierten que, al no distinguir claramente entre las medicinas falsas y las genéricas, que son legales y cuyas patentes a menudo son objeto de disputa, el acuerdo puede llevar a que se confisquen erróneamente las segundas, cuando van camino a los países pobres.
Irumba señaló que la aplicación de las leyes de protección de patentes "podría afectar el flujo de medicinas genéricas, al concederle a cualquier nueva marca flexibilidad para denunciar que sus derechos de propiedad intelectual han sido violados por la importación de esos fármacos".
"Se creará una situación en la que un medicamento será incautado en la frontera por funcionarios de aduana sólo porque se quejó el propietario del nombre de la marca", alertó Irumba, consejero del no gubernamental Instituto de Información y Negociaciones sobre Comercio en África Oriental y Austral.
Su análisis en parte tiene fundamento en los varios casos en que funcionarios aduaneros de la UE se incautaron de legítimos medicamentos genéricos que iban a ser enviados a países del Sur en desarrollo.
El abogado ugandés Edgar Tabaro coincidió con Irumba, y dijo a IPS que las disposiciones sobre control aduanero propuestas en las leyes anti-falsificación de la Comunidad de África Oriental (EAC, por sus siglas en inglés) son problemáticas, ya que permitirán a las autoridades en las fronteras "tomar iniciativa a la hora de incautar bienes que sospeche violen la propiedad intelectual".
Expertos coinciden que deben ser organismos especializados los que hagan esa tarea.
Tabaro hizo estos comentarios en parte en respuesta a un taller regional titulado "Protección regional a la propiedad intelectual: coordinación en África oriental", auspiciado, entre otros, por la Oficina de Patentes y Marcas Registradas del Departamento de Comercio de Estados Unidos, con financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Unos 100 funcionarios encargados de hacer respetar los derechos de propiedad intelectual asistieron al taller, celebrado entre el 9 y el 11 de junio en Kampala, la capital de Uganda. Entre los países representados estaban Burundi, Kenia, Malawi, la República Democrática del Congo, Ruanda, Tanzania, Uganda y Zambia.
El taller propuso reglas estándar en materia de patentes y realizó propuestas para las leyes y políticas contra la piratería.
El embajador de Estados Unidos en Uganda, Jerry Lanier, dijo a los asistentes que "sería un gran logro si la EAC asumía el liderazgo en el desarrollo de estándares regionales y procedimientos de aplicación de la ley que sirvan como modelo para otros países".
El diplomático añadió que en todo el mundo existe un creciente reconocimiento de que una efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual es vital para la seguridad pública.
"Los productos falsificados, incluyendo los farmacéuticos, son por lo general de calidad inferior, y han causado muertes. Es manifiesta la necesidad de que los regímenes nacionales y regionales de propiedad intelectual combatan esos artículos", concluyó Lanier.
En 2009, USAID creó un fondo con 35 millones de dólares para combatir la proliferación de medicamentos pirateados en centros públicos del Sur.
Nnamdi Kalu Ezera, abogado del Departamento de Comercio estadounidense, confirmó en entrevista con IPS que esa oficina "tenía un acuerdo con USAID para asistir a los gobiernos en África oriental y otros países africanos seleccionados para fortalecer sus regímenes de patentes".
"En África oriental, (el Departamento) trabaja a través de Kenia y Uganda para incrementar la consistencia, eficiencia y efectividad de la protección de los derechos de propiedad intelectual en la región, y permitir una eliminación progresiva y sostenida de productos pirateados del mercado regional", señaló.
"No es la intención del gobierno de Estados Unidos imponer ningún criterio particular a África oriental. La idea que tenemos es de mutuo beneficio. No es cuestión de proteger los intereses de las farmacéuticas, sino de las industrias africanas lucrativas", señaló.
Pero la gerente de marketing de la fabricante de medicamentos genéricos ugandesa Quality Chemical Industries Ltd., Geoffrey Nalima, cuestionó los motivos del gobierno estadounidense.
En su opinión, Washington explota los temores sobre productos pirateados para beneficiar a sus farmacéuticas. "Nuestra preocupación es que esto afecte la producción e importación de genéricos y, por tanto, la accesibilidad a los medicamentos", dijo a IPS.
Nalima añadió que los derechos de propiedad intelectual deberían ser equilibrados con los intereses de salud pública. "De otra manera, será difícil para las personas acceder a medicamentos esenciales en una región como la nuestra", señaló.
