La canciller de Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton, efectuó el juicio más positivo que se recuerde de Washington sobre la situación cubana, al afirmar que es «muy bienvenido» el acuerdo entre el gobierno y la Iglesia Católica de Cuba para liberar a 52 presos políticos.
El acuerdo, en el que también jugó un papel el canciller de España, Miguel Ángel Moratinos, debería servir de impulso para que el Congreso legislativo estadounidense apruebe una ley que ponga fin a las prohibiciones de viajes a Cuba, opinaron analistas independientes.
"Todos esto fortalece las posibilidades de que se apruebe el proyecto", dijo Geoff Thale, especialista en Cuba de la no gubernamental Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
"En la medida en que el debate legislativo se extienda a la situación de derechos humanos en Cuba, esto demostrará que está mejorando y que el compromiso tiene más posibilidades de generar resultados que el aislamiento", dijo Thale a IPS.
De hecho, sectores cubano-estadounidenses anticastristas están preocupados por las consecuencias políticas que podría tener la decisión del gobierno de Raúl Castro de efectuar una importante liberación de presos.
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"Quienes languidecen en las mazmorras de Castro se merecen algo mejor que ser usados por el aparato castrista para obtener concesiones y recompensas financieras que permitirán al régimen estrangular mejor al pueblo cubano", dijo la representante Ileana Ros-Lehtinen, nacida en Cuba y principal legisladora del opositor Partido Republicano en el Comité de Asuntos Exteriores de la cámara baja.
"No debemos dejarnos engañar. Mientras no sean liberados todos los presos políticos y no se legalice a todos los partidos políticos, sindicatos y medios independientes; mientras el pueblo cubano no pueda ejercer sus derechos universales, libre de coerciones e intimidación, debemos ejercer la máxima presión sobre la tiranía cubana", agregó.
Según el acuerdo, anunciado el miércoles en un comunicado del episcopado católico de Cuba y que fue la principal noticia del diario The Washington Post de este jueves, La Habana liberará a 52 presos en los próximos cuatro meses. Los primeros cinco serán puestos en libertad de inmediato y enviados a España, mientras otros seis serán trasladados a prisiones cercanas a sus hogares.
Los beneficiados forman parte del grupo de 75 disidentes que fueron condenados en 2003 a duras penas, acusados de colaborar con Estados Unidos en actividades contra Cuba. Los otros 23 ya habían sido liberados por razones de salud, el último de ellos, Ariel Sigler, el 12 de junio.
No está claro todavía si todo el grupo será deportado como condición para obtener la libertad, aunque fuentes españolas indicaron la voluntad de Madrid de alojarlos.
Según la opositora Comisión Cubana para los Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional, el número de personas encarceladas por "motivos políticos o político- sociales bajó en lo que va del año a 167, contra 201 casos registrados al finalizar 2009".
De acuerdo con Amnistía Internacional, que emplea un criterio más estricto para determinar cuándo un preso es "prisionero de conciencia", la libertad de estas 52 personas dejaría en confinamiento sólo a una, Rolando Jiménez Posada, un abogado que protestó públicamente contra las redadas de 2003, y fue arrestado en abril de ese año.
Cumple desde entonces una condena de 12 años por "no respetar a la autoridad y revelar secretos sobre la seguridad del Estado".
"Saludamos el compromiso de liberar a esos prisioneros, pero no hay razón para que los 53 presos de conciencia de Cuba no sean puestos en libertad de inmediato", dijo Susan Lee, directora del Programa de las Américas de Amnistía.
"Obligarlos a salir del país sería otro intento de suprimir la libertad de expresión y de movimiento", agregó.
Aun así, la mayoría de los analistas en Washington consideran que se trata de un gran paso dado por La Habana, si bien quizás esté más dirigido a lograr un acercamiento con la Unión Europea (UE) que con Estados Unidos.
El presidente Barack Obama, que hasta ahora ha dado pasos muy modestos para aproximarse a La Habana, suele insistir en que la liberación de presos políticos es una precondición para un mejoramiento más veloz de los vínculos bilaterales, congelados hace 50 años.
Puesto que Cuba parece moverse en esa dirección, dio lugar al comentario más positivo emitido hasta la fecha por un alto funcionario estadounidense.
"Estamos esperanzados por el aparente acuerdo entre la Iglesia Católica y las autoridades de Cuba para liberar a 52 prisioneros políticos", dijo este jueves la secretaria de Estado, Clinton.
"Hablé anoche con el ministro de Relaciones Exteriores de España, Moratinos, y le damos la bienvenida. Es una señal positiva. Es algo que debió hacerse mucho antes, pero aun así, muy bienvenido", agregó.
El anuncio de la comunicación con Moratinos es significativo, según Thale, pues Madrid lleva mucho tiempo intentando que la UE revea su posición común hacia el régimen cubano, adoptada en 1996 y que condiciona la total normalización de las relaciones bilaterales a las reformas políticas y la liberación de presos políticos por parte de La Habana.
Cuba venía soportando una creciente presión a favor de esta medida desde que el preso Orlando Zapata llevó hasta la muerte su huelga de hambre en febrero.
El presidente Castro y el cardenal Jaime Ortega vienen dialogando desde mayo sobre la situación política y humanitaria de Cuba, en un proceso que condujo al anuncio del miércoles.
Ortega pasó una semana en Washington el mes pasado, invitado por sus pares estadounidenses. El Departamento de Estado declinó comentar si durante su estadía se había reunido con funcionarios del gobierno.
Lo que Ortega consiguió "es muy importante", dijo a IPS el analista Phil Peters del Lexington Institute. "Es un diálogo entre el gobierno y la sociedad civil en la figura de la Iglesia Católica, que es la institución independiente más grande de Cuba", agregó.
Y más importante aún, La Habana "no lo hizo en secreto", indicó.
Sin embargo, no habría que exagerar lo ocurrido y afirmar que se viene un cambio político, advirtió Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano.
