Un sistema de advertencia oportuna a los pobladores de las llanuras del norteño departamento boliviano de Beni sobre el desborde de los caudalosos ríos Mamoré e Ibare salva vidas, alimentos y bienes, y quiebra la incertidumbre que en el pasado generaba enormes pérdidas.
El rápido avance de las aguas desbordadas, conocido aquí como la "gateadora", es temido porque en pocas horas transforma la llanura en un lago que devora la producción agrícola, destruye las precarias viviendas y amenaza la vida de indefensos y empobrecidos habitantes.
La región donde se concentran unas 300 familias de la étnia canichana, en el municipio de San Javier, se convierte en tiempos lluviosos, entre diciembre y marzo, en una gigantesca laguna y se suma a 70 por ciento de la superficie beniana sumergida en agua durante unos cuatro meses al año.
La geografía del departamento de Beni es una constante. Llanuras cubiertas de pasto y maleza natural, con alturas que oscilan entre cero y 154 metros sobre el nivel del mar, árboles enormes y tierras divididas por el Mamoré e Ibare, que cruzan de sur a norte para desembocar en el río Amazonas.
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En este paisaje, de interminable planicie cubierta de naturaleza y fauna diversa, es difícil advertir en qué momento se desbordarán los ríos. Inclusive cuando el día está muy soleado el peligro acecha, dijo a IPS el corregidor de la comunidad campesina "Los bambuses", Nicolás Aradilla.
Antiguamente, el mejor indicador antes de una inundación era la llegada masiva de mosquitos a las zonas pobladas, la aparición de garzas o los lagartos (cocodrilos) asomando en la plaza, recordó Cortez.
Otras señales biológicas que permitían calcular el nivel exacto de inundación esperada, como la presencia de víboras en los techos o huevos de caracol a determinada altura, ya casi no son conocidas entre los habitantes.
Por ello, y tras la muerte de 165.000 vacunos, de un total estimado de 2,9 millones en Beni, en la peor inundación registrada entre los últimos meses de 2007 y los primeros de 2008, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) corrió en auxilio de los abatidos agricultores con una propuesta de Sistema de Alerta Temprana (SAT).
El resultado fue inmediato. Entre 2008 y 2009, la muerte de ganado cayó 78 por ciento y sólo se perdieron 35.000 animales.
"La inquietud por generar una alerta temprana nace por las sucesivas inundaciones, a razón de dos cada dos años, y una inundación devastadora cada cinco años, según la probabilidad estadística", explicó a IPS el coordinador del proyecto, Óscar Mendoza.
Unas 83.035 personas, de un total departamental de 362.521, se benefician directamente del programa en los municipios de San Javier, San Andrés, San Ignacio de Moxos, Santa Ana, San Ramón, Exaltación y Puerto Siles, todos localizados en la sub-cuenca del río Mamoré.
Un radar instalado en el río Grande, en la frontera de los departamentos de Beni, Cochabamba y Santa Cruz, genera información instantánea y eleva los datos a un satélite, que a su vez deriva las alertas a una oficina central del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en la ciudad de La Paz.
Desde allí se transmite la información a un Sistema Departamental de Alerta Temprana y luego el mensaje se multiplica a los municipios conectados a una red de computadoras para anunciar la crecida de las aguas y la inevitable inundación.
Difundida a la población a través boletines de radioemisoras de frecuencia abierta, la alarma llega de forma tan oportuna que los agricultores fabrican de inmediato las llamadas "chapapas", unas rústicas plataformas con alturas hasta de dos metros para salvar alimentos, semillas, granos, animales y a su familia.
Esta experiencia se vivió en la última inundación y acabó con la desorganización y la sorpresa desagradable de sentir al despertar que los utensilios del hogar flotaban en el agua, dijo a IPS el responsable de la Unidad de Riesgo del municipio de San Javier, Ariel Candia.
Esta comuna, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Trinidad, es altamente vulnerable en el periodo de lluvias por su cercanía al Mamoré.
Cerca de 80 por ciento de sus 19 comunidades, donde habitan unas 7.000 familias de los pueblos Canichana y Sirionó, sobre una superficie de 8.000 kilómetros cuadrados, están expuestas a los bruscos cambios climáticos.
Candia, un ingeniero agrónomo, aprendió a traducir el lenguaje técnico y, para preparar a su municipio, recomienda fabricar plataformas de almacenaje y transformar la yuca, un tubérculo abundante en la zona, en "chivé", una harina molida artesanalmente, cortarla en finas láminas para secarla o simplemente tostarla a fuego lento para su conservación en los meses siguientes.
Las canoas de madera rápidamente se convierten en enormes envases donde se procesan los alimentos: la carne es salada y secada y la caña transformada en miel, tal como hacían los antiguos habitantes de estas zonas.
Estas enseñanzas también se recogieron en un manual de buenas prácticas elaborado por la FAO y difundido entre las poblaciones tropicales.
Antonio Soto, cacique y secretario de Cultura de la Subcentral Indígena Canichana, que agrupa a 300 familias, valoró la ayuda preventiva, según comentó a IPS, y anticipó que, tras las llamadas de alerta, se formará un comité que organizará las tareas de salvamento de la comida y las vidas de sus representados.
