Un tribunal de India sentenció este lunes a dos años de prisión a ocho ex ejecutivos de la filial local de la firma transnacional estadounidense Union Carbide Corp. por una filtración de gas ocurrida en 1984, que mató a 20.000 personas y dejó lisiadas a casi medio millón más.
En el desastre murieron más de 20.000 personas y casi medio millón quedaron lisiadas en la central localidad de Bhopal. Las víctimas sostienen que el veredicto no alcanza para hacer justicia.
Entre los condenados está Keshub Mahindra, quien era presidente de Union Carbide India Limited (UCIL, filial de Union Carbide Corp., UCC), al momento del accidente.
"Reclamamos que ahorquen a los culpables", gritó una mujer víctima de la filtración en las calles de la capital del central estado indio de Madhya Pradesh, poco después de emitido el fallo.
"Incluso ahora, miles de bebés nacen con malformaciones. ¿Se puede llamar justicia a eso?", preguntó.
[related_articles]
Los siete condenados que están vivos fueron sentenciados a dos años de cárcel y multados con 100.000 rupias (2.123 dólares) cada uno. A UCIL se le impuso una multa de 500.000 rupias (10.615 dólares).
Los funcionarios de UCIL que fueron condenados pagaron la fianza inmediatamente después del veredicto.
"El fallo es una burla al sistema judicial de India. Esto no es justicia. Es un mensaje a las multinacionales en cuanto a que pueden venir, contaminar y matar e irse sin ser castigadas", dijo Rachana Dhingra, activista del Grupo de Bhopal para la Información y la Acción, una organización social que lucha por los derechos de los sobrevivientes de la tragedia.
El veredicto no incluyó al fugitivo ex presidente de UCC, Warren Anderson, quien se cree está oculto en Estados Unidos tras su breve arresto y el posterior pago de su fianza en India.
A Anderson se le imputaron cargos por homicidio no premeditado. Luego se lo declaró fugitivo.
Ahora el primer ministro de India debería solicitar a Estados Unidos la extradición de Anderson, dijo Sadhna Pathak, abogada que apoya a las víctimas en su cruzada legal.
"Lucharemos por la justicia hasta el fin, dado que esto no es un castigo", dijo la activista Rasheeda Bi, ella misma víctima de la filtración de gas en Bhopal.
"Esto demuestra que el sistema judicial indio es defectuoso y débil. Y demuestra que nuestros gobiernos, nuestros primeros ministros, nadie hizo nada por quienes sufrían, y todo el mundo lo observó", agregó.
En la fatídica noche del 2 de diciembre de 1984, 40 toneladas de metil isocianato —un químico tóxico altamente volátil, almacenado en la planta de pesticidas de UCIL— se filtraron desde las instalaciones de la fábrica de Bhopal y cubrieron la zona circundante. Ese gas era insumo del pesticida Sevin, que se producía allí a muy bajo costo desde 1969.
Por lo menos 3.000 cadáveres quedaron esparcidos por todo Bhopal a la mañana siguiente. Se estima que la cifra de muertos llegó a entre 20.000 y 25.000, contando a quienes fallecieron en los años posteriores por los efectos dañinos de los gases tóxicos. Sin embargo, las cifras oficiales situaron la cantidad de muertos en 15.000.
Los sobrevivientes y sus hijos padecen efectos a largo plazo, que van desde tuberculosis, defectos congénitos y fiebre crónica hasta cáncer.
Los últimos análisis del indio Centro para la Ciencia y el Ambiente muestran que el agua subterránea de áreas ubicadas incluso a tres kilómetros de la fábrica contienen casi 40 veces más pesticidas que los permitidos en el país.
The Dow Chemical Company, que compró UCC en febrero de 2001, 17 años después de la tragedia de Bhopal, dijo no tener ninguna responsabilidad por la pérdida de gas en una fábrica que no operaba en ese momento. El juicio por el desastre se inició en 1987. Pasaron 23 años hasta llegar al veredicto de este lunes.
En 1996, la Corte Suprema redujo los cargos contra los funcionarios indios de UCIL, en parte alegando que la culpabilidad radicaba en la casa matriz de Estados Unidos.
Cuatro organizaciones que reúnen a los sobrevivientes del desastre dijeron que el gobierno indio fue responsable de "negligencia criminal". También criticaron a la agencia judicial por su "incompetencia y mal manejo del caso", así como al primer ministro, señalando que él está a cargo del Buró Central de Investigaciones, que también participó en el proceso.
"En Bhopal sólo se hará justicia si los individuos y las corporaciones responsables ( ) son castigadas de manera ejemplar", dijeron representantes de las cuatro organizaciones.
"El fallo es un desastre judicial y alentará a corporaciones peligrosas a matar a más personas y a salir impunes", aseguró Satinath Sarangi, activista por los derechos de los sobrevivientes.
