Grupos defensores de los derechos humanos instan a una oficina del gobierno de Estados Unidos a que investigue la posible colaboración de profesionales de la salud en experimentos con detenidos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Esas pruebas habrían sido realizadas luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, en un esfuerzo por desarrollar "técnicas de interrogatorio mejoradas" más eficientes y con una cobertura legal.
Las organizaciones celebraron una conferencia de prensa telefónica el miércoles para anunciar que, ya que la Casa Blanca no había respondido a sus reclamos, le exigirían a la Oficina para la Protección de Seres Humanos en Investigaciones (OHRP, por sus siglas en inglés), del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que lleve adelante una investigación oficial.
Los grupos denuncian que la Oficina de Servicios Médicos de la CIA realizó "experimentos con detenidos bajo custodia estadounidense y, en el proceso, probablemente violó regulaciones federales".
Las normas que rigen las investigaciones científicas con personas están incluidas en lo que se conoce como la Regla Común. Diecisiete agencias federales están obligadas a respetarla, incluyendo la CIA.
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Liderados por Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en inglés), que reveló los experimentos en un informe divulgado esta semana, acompañan la petición la oficina estadounidense de Amnistía Internacional, el Comité de Defensa de la Carta de Derechos, el Centro para los Derechos Constitucionales, el Centro para las Víctimas de Tortura, Human Rights Watch, la Campaña Nacional Religiosa contra la Tortura y Psicólogos por Responsabilidad Social.
"La OHRP tiene la responsabilidad legal de investigar esas perturbadoras nuevas denuncias sobre la CIA y los posibles experimentos humanos con detenidos, a pesar de la negación de Langley (la sede de la agencia de inteligencia) y de la Casa Blanca", señaló Nathaniel Raymond, principal autor del informe de PHR, titulado: "Experimentos en la tortura: evidencia de investigaciones en humanos y de experimentos en el Programa de Interrogatorios Mejorados".
"La OHRP tiene reputación de ordenar una estricta adhesión a las protecciones en la investigación científica con humanos", destacó.
El director de la oficina estadounidense de Amnistía para terrorismo, contraterrorismo y derechos humanos, Tom Parker, dijo a IPS que "el informe de PHR deja en claro que profesionales de salud mental en la nómina del gobierno de Estados Unidos brindaron apoyo material a la tortura".
"Llamamos a las autoridades competentes a que realicen una plena investigación sobre estas actividades como lo requiere la ley", añadió.
Con él coincidió Steve Miles, miembro de la junta del Centro para Víctimas de Tortura y profesor de la Universidad de Minnesota.
"Como organización comprometida con curar a sobrevivientes de la tortura y con poner fin a esta práctica, el Centro está consternado por las implicaciones del informe, y renueva su llamado a una investigación por parte de una comisión independiente no partidaria", señaló.
"Una comisión así debería recibir adecuado financiamiento, poder de emplazamiento y un mandato para examinar por completo los hechos y las circunstancias de tales abusos, así como para recomendar medidas de prevención", agregó. Los grupos señalan que sus denuncian se basan en evidencia detallada en documentos oficiales desclasificados, incluyendo información obtenida a detenidos por profesionales de la Oficina de Servicios Médicos de la CIA.
Estos médicos intentaban conocer los efectos de las "técnicas de interrogatorio mejoradas".
El "waterboarding" (ahogamiento simulado con agua), la privación de sueño y de los sentidos fueron algunas de las torturas que estudiaron.
También reunieron información sobre el impacto de la aplicación de estas "técnicas" en forma individual y combinada, así como del uso experimental de suero en vez de agua en el "waterboarding".
Si la OHRP concluye que los experimentos violaron la Regla Común y los estándares internacionalmente aceptados de ética médica, la CIA debería ser sancionada de inmediato por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Cualquier funcionario que haya violado la ley debe ser juzgado, y todo médico que haya quebrantado sus responsabilidades éticas debe ser sancionado por los organismos estatales encargados de otorgar licencias y por las asociaciones de profesionales, señalaron los activistas.
La CIA no puede obstruir una investigación de la OHRP arguyendo que la evidencia podría estar clasificada. La OHRP ha tomado previamente acciones para suspender actividades de investigación en importantes universidades porque violaban la Regla Común.
