Con fuertes críticas a los gobiernos «entregados al gran capital», grupos sociales y expertos reunidos en la capital española reclaman que las empresas trasnacionales y los bancos asuman su culpa y paguen la crisis global y sus consecuencias actuales sobre Europa.
Foros, debates y movilizaciones callejeras forman parte de la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas IV, inaugurada el sábado en una dependencia de la Universidad Complutense y que finalizará este martes, en paralelo a la Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe.
El encuentro convoca a miles de activistas de 400 organizaciones sindicales, políticas, juveniles, feministas y de otros sectores sociales de las dos regiones separadas por el océano Atlántico.
En ese marco actúa también el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que se propone enjuiciar moralmente a las firmas transnacionales originarias del Norte y también latinoamericanas que contaminan y explotan a su personal.
"La brutalidad de la crisis deben pagarla quienes la provocaron, que son las trasnacionales, los bancos y los Estados que, renunciando a su soberanía, se han entregado al gran capital", arengó en este ámbito el portavoz del Foro Social del TPP, Alfonso Moro, al término de una marcha callejera el domingo por Madrid.
Pero Stalin Pérez, coordinador de la central sindical venezolana Unión Nacional de Trabajadores, fue más preciso. Ante una consulta de IPS, indicó este lunes que para lograr que el poder económico pague los desastres deben intervenir los organismos multilaterales.
"En esa intervención tienen responsabilidad todos los gobiernos, que no deben esperar un día más para urgir y concretar soluciones", puntualizó.
La Cumbre de los Pueblos rindió homenaje en su inauguración a Betty Cariño, una defensora de los derechos humanos asesinada el 27 de abril en el sureño estado mexicano de Oaxaca por su labor crítica hacia el accionar en su país de las firmas transnacionales mineras, muchas de ellas vinculadas a empresas europeas.
Realizada bajo el lema "Contra la Europa del capital", en la Cumbre de los Pueblos hay consenso para condenar los acuerdos de libre comercio y la consolidación en el Sur en desarrollo de empresas transnacionales.
Al respecto, la activista estadounidense Susan George, integrante de la Asociación por una Tasa sobre las Transacciones especulativas para Ayuda a los Ciudadanos, recordó que "el capital de los bancos se compone de ayudas públicas y dinero de la gente", por lo cual planteó que la ciudadanía reclame que esas entidades son suyas, y no de los banqueros.
El Tribunal Permanente de los Pueblos se propone "desenmascarar" a la Unión Europea (UE), porque consideran que juega un papel negativo en las condiciones de vida de la población, los derechos sociales y ambientales, tanto del Sur como del Norte.
Al respecto, dijeron sus organizadores, tomarán muy en serio el accionar de una treintena de compañías europeas, entre ellas las españolas Repsol-YPF, Telefónica, Unión Fenosa, el Grupo Santander y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
El TPP se reunió por primera vez en 2006 en Viena y la segunda en 2008 en Lima, presentándose en esta última ocasión una veintena de acusaciones contra transnacionales europeas.
Pero también se acusa a firmas latinoamericanas, como la guatemalteca Cementos Progreso la que, según la dirigente comunitaria Ramona Chacón, "reprime brutalmente".
El jurado del TPP incluye a la abogada estadounidense Judith Chomsky, conocida por sus acciones judiciales contra transnacionales, la ecuatoriana Blanca Chancoso, defensora de los pueblos indígenas, Nora Cortiñas, de la organización argentina Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y el politólogo Carlos Taibo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.
Cortiñas recordó que hasta ahora siempre la crisis ha golpeado a los de abajo y que ante esa situación los de arriba nunca se preocuparon. "Basta que no les toque a ellos para que el mundo siga andando", apuntó.
Pero, advirtió, "no se dan cuenta, o no se quieren dar cuenta, de que cuando llegue la crisis climática nos tocará a todos, a ricos y a pobres". Y que ese problema ambiental es producido por el crecimiento desenfrenado y descontrolado de la economía mundial.
David Martínez, un ecuatoriano que participó en la marcha realizada en el centro de Madrid, preguntado acerca del sentido que tienen esas manifestaciones, dijo a IPS que "tenemos que hacer sentir aquí, en Europa, que este continente ha sido y sigue siendo un actor decisivo en América Latina".
"Lo fue históricamente, cuando destruyó pueblos y conquistó América y hoy tiene la oportunidad de ser nuestro aliado para superar el pasado y conquistar el futuro, teniendo siempre presente ante todo lo que nuestros pueblos necesitan", añadió.
A su entender, las cumbres no son negativas, "pero deben superar el capítulo de las declaraciones, los discursos y las fotos, para poner el acento en la realidad".
En sentido similar se pronunció el economista griego Marica Frangakis, quien afirmó que, en la Unión Europea, la política monetaria está literalmente congelada, en tanto que las fiscales están sujetas al Pacto de Crecimiento y Estabilidad.
Ese acuerdo, calificado de "idiota" por el ex presidente de la Comisión Europea, el italiano Romano Prodi, fue firmado a mediados de los años 90 para prevenir la aparición de un déficit presupuestario excesivo en la zona euro, garantizar una gestión sana de la hacienda pública y la convergencia de las economías de los países miembro, además de darle confiabilidad a la región.
Frangakis sostiene que lo ocurrido en los últimos tiempos señala "claramente" que se ingresó en un nuevo proceso tanto en la globalización de la economía mundial como en la integración europea.
Por eso, el experto griego cree que "van a ser primordiales la distribución del poder entre empresarios y trabajadores" así como los papeles de los movimientos sociales y en especial de los sindicatos.
"Es importante que señalemos los fallos de la estrategia dominante, presentemos propuestas alternativas y construyamos alianzas para promover una salida alternativa a la crisis, atendiendo las necesidades de los trabajadores sobre una base democrática legítima", puntualizó.
