Un organismo especializado de la ONU transmitió al gobierno de Colombia juicios de desaprobación por las malas condiciones sociales de ese país sudamericano y le encargó adoptar correcciones para mejorarlas.
En sus observaciones sobre el caso colombiano, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales del foro mundial se manifestó "hondamente alarmado" por episodios de violencia, injusticia y desigualdad que afectan a poblaciones marginadas y vulnerables de Colombia.
El organismo, integrado por 18 expertos independientes, vigila el cumplimiento de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, uno de los pilares del sistema de derechos humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Su 44 período de sesiones concluyó el viernes 21, y sus conclusiones fueron divulgadas este martes.
Las críticas llegan a Colombia en momentos en que el gobierno y la ciudadanía se aprestan a renovar las autoridades del Poder Ejecutivo, en elecciones que se celebrarán el domingo 30 de mayo.
El informe del Comité tendrá eco en el país porque pondrá en evidencia la escasa capacidad de los candidatos presidenciales para responder a las cuestiones sociales urgentes del país, estimó Stefan Ofteringer, asesor de derechos humanos en Colombia de la agencia episcopal de cooperación para el desarrollo de la Iglesia Católica de Alemania (Misereor).
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Ofteringer sostuvo que observa "un vacío enorme en el tema social" en las propuestas de gobierno de los dos candidatos con más posibilidades de pasar a la segunda vuelta electoral del 20 de junio, el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus.
Ese país de unos 44 millones de habitantes, tiene 27,7 por ciento de su población con necesidades básicas insatisfechas. Más de 40 por ciento de los hogares sufren inseguridad alimentaria y más de 20 por ciento de los menores de cinco años soportan desnutrición, afirma el informe alternativo de la sociedad civil, citando datos oficiales. El desempleo es de casi 12 por ciento, bastante superior al promedio sudamericano, de ocho por ciento.
Las recomendaciones del Comité de la ONU hacen referencia a puntos muy interesantes, como las formas de tratar a las víctimas del conflicto armado que Colombia vive desde 1964 y del desplazamiento interno, pero esos temas no aparecen en el debate electoral, dijo el especialista. "Los candidatos tendrán que responder sobre esos puntos", subrayó.
El Comité abre una extensa lista de reconvenciones al gobierno colombiano con una declaración de "alarma profunda" ante las consecuencias del prolongado conflicto interno y de sus efectos en las poblaciones afectadas.
En Colombia, guerrillas izquierdistas están alzadas contra el Estado desde 1964. En los años 80 aparecieron milicias ultraderechistas organizadas en casi todo el país para combatir a la insurgencia.
Acusados de crímenes horrendos, estos grupos paramilitares se desmovilizaron parcialmente luego de pactos secretos con el actual gobierno, pero están volviendo a agruparse, según informes de organizaciones nacionales e internacionales.
Los expertos de la ONU recuerdan a Bogotá que es precisamente en situaciones de crisis cuando el Pacto demanda la protección y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales.
Se nota cierta impaciencia de los miembros del Comité ante la falta de un enfoque sistemático sobre la aplicación de los derechos humanos y ante la ausencia de estrategias gubernamentales para honrar el Pacto, consideró Ofteringer.
Desde la primera observación el Comité muestra inquietud particular por las consecuencias de las violaciones de esos derechos en las poblaciones más vulnerables: pueblos indígenas, afrocolombianos, mujeres, niños, unos cuatro millones de desplazados internos y los campesinos pobres.
En comparación con las recomendaciones que el Comité formuló en 2001, en el anterior examen del caso colombiano, se aprecia esta vez una preocupación más intensa por la suerte de las poblaciones marginadas, dijo el especialista de la organización religiosa.
Los expertos de la ONU se mostraron también preocupados por los grandes proyectos de infraestructura, desarrollo y minería que promueve el Estado colombiano sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, indígenas y afrocolombianas.
El Comité objetó igualmente las políticas estatales de fomento de producción exportable, como los agrocombustibles, pues pueden privar a los campesinos de sus tierras de cultivo.
Misael Payares, de 63 años, habitante del poblado de Las Pavas, en el municipio de El Peñón, del nororiental departamento de Bolívar, denunció ante el Comité que las tierras "que nos han quitado a nosotros los campesinos se las han dado a los grupos palmeros", que explotan grandes plantaciones de palma africana, cuyo aceite se emplea para la obtención de biodiesel, entre otros usos industriales.
"Han talado los bosques, secado los humedales, lo único con que subsistíamos los campesinos", dijo Payares, en su testimonio los días 4 y 5 de este mes a la audiencia del caso colombiano, invitado por organizaciones internacionales de derechos humanos.
Las recomendaciones del Comité observan a las autoridades colombianas que deben tener en cuenta los derechos económicos, sociales y culturales cuando negocian acuerdos bilaterales o multilaterales de comercio.
Los expertos advirtieron sobre los efectos negativos que pueden tener esos acuerdos. En particular se refirieron al Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y a las cláusulas sobre propiedad intelectual, más severas para Colombia que las impuestas por otros convenios internacionales sobre la materia.
El Comité recomendó de manera explícita a Bogotá que revise las disposiciones de propiedad intelectual del acuerdo con Estados Unidos para proteger contra el aumento de los precios de los medicamentos a la población de bajos ingresos.
La ratificación de acuerdo se encuentra detenida en el Senado de Estados Unidos porque una mayoría de legisladores lo usa como instrumento para reclamar al gobierno colombiano políticas de protección a los sindicalistas.
Sobre este punto, el Comité declaró alarma por los asesinatos de dirigentes sindicales en Colombia y por otras formas de amenazas y de violencia contra líderes obreros.
Ofteringer sostuvo que el Parlamento Europeo, también preocupado por la inseguridad de los sindicalistas colombianos, debatirá en el segundo semestre de este año si rechaza, por las mismas razones, un acuerdo comercial europeo-colombiano.
Uno de los expertos del Comité se preguntó, al escuchar las descripciones acerca de la pobreza, el desempleo y la desnutrición de los sectores marginados colombianos, si en ese país sudamericano "hay un Estado nacional que defiende a la población o hay un Estado que defiende a una clase determinada".
